Países Bajos embarga al Gobierno el Instituto Cervantes en Utrecht por los impagos del Gobierno por las renovables
El Gobierno español debe afrontar una nueva sentencia condenatoria por los impagos de las indemnizaciones reconocidas a las empresas afectadas por el recorte de las primas renovables. En este caso ha sido la Justicia de los Países Bajos la que ha autorizado el embargo de un inmueble vinculado al Instituto Cervantes en Utrecht. Esta decisión está supeditada al impago de la deuda que arrastra España por el "caso Eurus", filial de energía de renovables de Toyota.
El embargo ha sido autorizado por el Tribunal de Distrito de La Haya, que el pasado 19 de marzo concedió la ejecución en Países Bajos de los laudos arbitrales dictados a favor de Toyota. Sobre esta base, y tras haber sido España formalmente notificada el 20 de abril sin que se produjera el pago de la indemnización pertinente, el pasado viernes se autorizó la inmovilización ejecutiva del inmueble.
Esta medida, que ha sido adoptada por la Justicia neerlandesa a instancias de los acreedores, ha quedado ya inscrita en el registro de la propiedad neerlandés y afecta a la titularidad de un activo situado en el número 3 de Domplein, en pleno centro histórico de la ciudad y se une a una cascada de derrotas judiciales que ponen de manifiesto la "muy precaria situación en que se encuentra España como consecuencias de los impagos reiterados de los laudos de las renovables", señalaron fuentes judiciales.
El inmueble en cuestión está ubicado en una zona muy cotizada, de modo que tiene un valor económico relevante. Se trata de un edificio histórico de cuatro alturas ubicado en Domplein, una de las áreas más emblemática de la localidad de Utrecht. A partir de estimaciones de mercado, cabe imputar a la propiedad un valor de mercado cercano a los 10 millones de euros. Los acreedores estudian ahora avanzar hacia una eventual subasta pública del inmueble.
El tribunal ha determinado que el centro del Instituto Cervantes en Utrecht "no constituye un órgano indispensable para la acción diplomática española", al tratarse de un ente cultural que también alberga eventos y conferencias, de modo que un eventual recurso que alegue inmunidad soberana "tendrá escaso recorrido, habida cuenta del tipo de propiedad y del uso que se da a la misma".
Esta sentencia se suma a una larga lista de reveses judiciales por el todo el planeta. En Estados Unidos siete de las empresas acreedoras han derrotado a España, de tal manera que los tribunales norteamericanos han reconocido una deuda de 688 millones de euros y han autorizado procedimientos de descubrimiento de activos del Estado español que afectan, por ejemplo, a la operativa de la selección española en el Mundial de Fútbol de 2026.
La justicia belga bloqueó recientemente 482 millones de euros que debía percibir España en concepto de gestión de tráfico aéreo, pero que han sido consignados
para resarcir a las empresas afectadas. En paralelo, la justicia británica ha zanjado ya su revisión de esta controversia y, a través de una histórica sentencia del Tribunal Supremo, ha ratificado que España se ha convertido en un país deudor y que debe pagar sus deudas si quiere evitar nuevos embargos de bienes y activos.
El Tribunal Supremo de Australia se ha pronunciado en la misma línea, reconociendo cuatro denuncias valoradas en 469 millones de euros. Asimismo, el Tribunal Supremo de Singapur viene de fallar en la misma línea, reconociendo un primer laudo contra España, valorado en más de 100 millones de euros.
En total, España debe 2.309 millones de euros a las empresas que sufrieron la retirada retroactiva de las primas renovables y han venido sufriendo los continuos impagos de estas sentencias. El monto principal asciende a 1.754,7 millones, pero se incrementa en otros 545,6 millones como resultado de la acumulación de intereses de demora, honorarios de consultores y bufetes, condenas en costas y otros costes. Los acreedores reclaman al Gobierno de Pedro Sánchez que "ponga fin de una vez por todas a esta controversia", recordando que ya se llegó a un acuerdo satisfactorio para zanjar el caso que afectaba a la empresa JGC. "Insistir en los impagos solamente traerá más embargos y descrédito internacional", concluyen las mismas fuentes judiciales.