Cuestionan proyecto de Renovación Popular sobre violencia familiar
La Comisión de Mujer y Familia, presidida por la parlamentaria Milagros Jáuregui, suspendió la sesión en la que se evaluaría el proyecto de ley que busca sancionar con hasta cinco años de cárcel a quienes presenten 'denuncias falsas' en casos de violencia familiar. La propuesta, impulsada por Renovación Popular, ha generado preocupación al percibirse como una herramienta que podría ser utilizada por los agresores para amedrentar y silenciar a sus víctimas, de acuerdo con especialistas.
Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en diálogo con La República, señaló que este proyecto de ley 'está generando un retroceso normativo' y criticó la labor congresal de Alejandro Muñante, principal impulsor de la iniciativa, así como la de Milagros Jáuregui, acusada de inducir a menores violadas a ser madres. Ambos son congresistas de Renovación Popular.
“Le quedan pocos meses como congresistas a Alejandro Muñante y Milagros Jáuregui, los dos han levantado propuestas que nos retornarían tres décadas atrás. Con esta iniciativa se va a generar mayor impunidad y miedo en la población que es víctima de violencia, sobre todo de las mujeres”, señaló.
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La justificación del proyecto de ley se basa en la cantidad de denuncias de violencia familiar que son archivadas. Sin embargo, la representante de la CNDDHH manifestó que se debería hacer una distinción entre las denuncias que prescriben y las que sí son falsas, ya que no todas las que se archivan son necesariamente falsas.
“No toda denuncia no privada es falsa, [el proyecto de ley] confunde la falta de pruebas con falsedad. Los hechos suelen ocurrir en varios ámbitos. Es necesario realizar las distinciones”, mencionó.
Además, la experta sostuvo que se debe priorizar la investigación y la protección de las víctimas, ya que hace falta un mayor apoyo del Estado hacia las poblaciones vulnerables y los temas que involucren un enfoque de género.
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“[El proyecto de ley] representa una persecución penal contra las propias víctimas. El problema principal no son las denuncias falsas, sino la falta de investigación oportuna y de protección efectiva. Al centrarse en el castigo a la denunciante, el proyecto cambia su foco y debilita la respuesta del Estado frente a la violencia”.
En el marco internacional, Tania Pariona sostuvo que la propuesta contravendría los compromisos asumidos por el Perú en la Convención de Belém do Pará, la cual obliga al Estado a ser garante de los derechos de las mujeres y a no implementar medidas que obstaculicen su acceso a la justicia.
Además, Pariona manifestó que esta medida promueve un 'efecto inhibidor en las víctimas' y calificó de innecesaria y desproporcionada la implementación del proyecto de ley, al existir una norma que penaliza las denuncias falsas. En esa misma línea, Anahí Durand, exministra de la Mujer, coincidió en que especificar que la pena de cárcel sea exclusivamente para casos de violencia contra la mujer es perjudicial para las víctimas de agresión.
“[Esta iniciativa] se da para desincentivar las denuncias, para seguir eludiendo que la violencia contra la mujer sigue siendo un problema público. Esperemos que ya este congreso que está de salida no lo llegue a aprobar, pero debe ser una alerta. (…) Si llegan a aprobarlo, debería ser derogado y revisado en la próxima legislatura”, sostuvo para este diario.
La exministra de la Mujer, Anahí Durand, mencionó que esta medida dificulta que las víctimas se pronuncien en casos de agresión. “Es un paso más en esta arremetida contra los derechos de las mujeres que hemos vivido los últimos cuatro años por la acción deliberada de bancadas con nombre propio. Está Renovación Popular, está el mismo Fujimorismo”, señaló.
Durand también coincidió en la dificultad del proceso de investigación cuando se trata de denuncias de violencia y fue crítica al señalar las carencias del sistema de justicia. “En promedio probar un caso de violencia contra la mujer es complicado, tiene ya las mismas deficiencias del Poder Judicial, las mismas lentitudes del Poder Judicial, se suma lo complicado, lo doloroso que puede ser muchas veces abordar estos temas de violencia familiar. Entonces, no es que se demoran o se archivan porque las denuncias eran falsas, sino por deficiencias del mismo sistema que se deberían corregir, y eso no lo están pretendiendo”, mencionó.
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La candidata al Senado por Juntos por el Perú cuestionó que agrupaciones como Fuerza Popular no se pronuncien sobre el tema. “Se tendría que pronunciar las bancadas que supuestamente están ahora en competencia en el caso de Fuerza Popular. Tienen una lideresa que es mujer, que supuestamente dice que está a favor de los derechos de las mujeres y está bien callada”, agregó.
De qué trata el proyecto de ley
El proyecto de ley presentado por el grupo parlamentario Renovación Popular, a iniciativa del congresista y candidato al Senado Alejandro Muñante Barrios, establece penas de entre 2 y 4 años de prisión para quien denuncie hechos inexistentes en el marco de procesos de violencia familiar.
Además, la iniciativa extiende la responsabilidad penal a jueces, fiscales, policías, médicos y psicólogos que participen en la adulteración de pruebas. Si se utiliza a menores de edad para cometer este delito, la pena privativa de libertad asciende de 3 a 5 años.
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Los impulsores del proyecto indican que muchas denuncias carecen de sustento y afectan la presunción de inocencia de los denunciados. Sin embargo, la propuesta enfrenta la oposición de instituciones del Estado y organismos de derechos humanos.
El Ministerio de la Mujer (MIMP), el Ministerio Público y el Poder Judicial han emitido opiniones negativas y calificaron la iniciativa de 'inviable'. Argumentan que tipificar este delito podría tener un 'efecto disuasorio' que impida a las víctimas denunciar por temor a ser procesadas, además de señalar que el bajo número de sentencias no se debe a la falsedad de las denuncias, sino a problemas dentro del sistema de justicia.
De igual forma, se iba a evaluar el proyecto de ley que busca incorporar el registro público de agresores sexuales sentenciados en el RUVA. Esta iniciativa fue presentada por la congresista Katy Ugarte, quien postuló al Senado por Progresemos. La finalidad de la propuesta es brindar información sobre agresores sexuales con sentencia firme, prófugos con orden de captura vigente y sentenciados, para prevenir nuevos delitos y salvaguardar el bienestar de la ciudadanía.