Marlaska aupó al jefe de la Policía Local de León en una oposición irregular

La selección de la plaza para intendente jefe de la Policía Local de León –es decir, para comisario principal– lleva cuatro años en entredicho tras un largo y complejo proceso judicial y una oposición «irregular».

Según fuentes consultadas por este periódico, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska habría «maniobrado» para colocar, presuntamente, en el puesto al agente M. A. L. P., que ostenta actualmente la jefatura y que había aprobado el examen de la oposición con hasta una veintena de faltas de ortografía.

LA RAZÓN ha tenido acceso completo al sumario del caso y también a los exámenes que supusieron el ascenso de este agente. Según se aprecia, la prueba de este agente presenta una caligrafía que dificulta e imposibilita su lectura y compresión, concurriendo así en una infracción de las reglas establecidas en las bases de la oposición.

Además, comete hasta una veintena de faltas de ortografía. Por ejemplo, en lugar de poner el pronombre relativo «que», lo acortó para poner tan solo una «q» (sic) hasta en nueve ocasiones. Incluso, llegó a escribir «tb» (sic) en lugar del adverbio «también». Las fuentes consultadas por este periódico explican además que este policía había trabajado con anterioridad en el diseño de los dispositivos de cápsula del ministro y que le habrían, presuntamente, filtrado los exámenes de la oposición para ascender así al cargo por «orden del Ministerio».

La supuesta relación profesional de este agente con Marlaska ha alimentado las acusaciones de que su nombramiento pudo no ser únicamente el resultado de un proceso competitivo, sino también de apoyos en altas instancias. Sus ascensos previos –incluido el de inspector durante su etapa en Bruselas– también fueron objeto de críticas en este contexto.

Otras fuentes consultadas apuntan también a presiones en el proceso selectivo y a decisiones adoptadas «desde arriba», aunque estos extremos no han sido acreditados judicialmente.

Este periódico se ha puesto también en contacto con el agente en cuestión, que ha negado de forma tajante todas estas afirmaciones.

La controversia comenzó en 2021 cuando se convocaron las plazas para la oposición libre de intendente de la Policía Local de León, que se compone de dos exámenes: uno teórico y un caso práctico, donde todos los aspirantes suspenden salvo este agente. Sin embargo, otro de los aspirantes decidió recurrir el proceso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León, que apreció «irregularidades manifiestas» en el proceso de selección.

Aunque su fallo inicial no anuló completamente el procedimiento, sí abrió la puerta a una revisión más profunda y a que el asunto escalase hasta el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

Este órgano anuló en una sentencia el procedimiento selectivo por el que el agente resultó designado Intendente Jefe de la Policía Local de León tras más de tres años en el cargo. De hecho, ordenó nombrar a un nuevo tribunal de corrección que evaluara «motivadamente» los ejercicios teóricos y prácticos y cuestionó también elementos esenciales del procedimiento.

Según expuso en la sentencia, durante el proceso, hubo cambios en las actas de los exámenes, donde se modificó la nota inicial de este agente. De hecho, el agente en cuestión logró en un primer momento una nota de un 4,86, que le excluía del proceso, y posteriormente obtuvo un 5,22 de manera irregular, a juicio del órgano judicial.

El Ayuntamiento de León –de quien depende esta oposición– liderado por el alcalde socialista José Antonio Diez Díaz, intentó entonces sostener la validez del proceso y recurrió la sentencia del TSJCyL al Tribunal Supremo (TS).

Sin embargo, el alto tribunal inadmitió el recurso y respaldó, de facto, la necesidad de revisar los exámenes. imponiendo además costas procesales de 2.000 euros al consistorio de la comunidad.

Lejos de cerrar el caso, la nueva corrección de exámenes realizada en diciembre de 2024 volvió a alimentar la polémica.

Los resultados situaron nuevamente a M.A.L.P. en primer lugar, aunque por un margen muy estrecho respecto al aspirante recurrente .Este último volvió a impugnar la ejecución de la sentencia, argumentando que no se han corregido adecuadamente todas las pruebas.

Así las cosas, el TSJCyL volvió a intervenir y a emitir el pasado mes de marzo una nueva sentencia en la que volvió a enmendar por segunda vez la actuación del tribunal calificador al entender que no se ejecutó correctamente la sentencia. Según expone con claridad en la resolución judicial, el órgano de deliberación –nombrado además por el propio Ayuntamiento– solo puntuó y valoró el examen del actual máximo responsable del cuerpo, pero no del aspirante que recurrió el proceso, tal y como encomendó el órgano judicial.

El proceso, por tanto, sigue abierto, pendiente de nuevos pronunciamientos judiciales y con este agente todavía en la jefatura del cuerpo. El tribunal calificador tendrá que reunirse de nuevo para calificar las notas del aspirante recurrente, a quien en primera instancia le bajaron la nota de un 6,53 a un 6,24.

Pero más allá de las resoluciones judiciales, el caso adquiere relevancia por las conexiones de este agente con la cúpula del Gobierno. Según fuentes consultadas por este periódico, ante el «temor» de que el TSJCyL decidiera su inhabilitación en el cargo por las irregularidades en el proceso de la oposición, el Ayuntamiento de León decidió crear una nueva plaza de súper coordinador de seguridad de libre designación que, al parecer, iba a recaer en este agente. Sin embargo, los sindicatos y el resto de partidos políticos lograron frenar la creación de esta plaza en el pleno de la Cámara.