Yolanda Díaz aboga por facilitar las demandas judiciales contra empresas que vulneren los derechos en el exterior

Una fecha: el 24 de abril de 2013. “Debería haberlo cambiado todo”, ha sostenido este miércoles Yolanda Díaz. Fue el día del derrumbe del edificio Rana Plaza, el peor accidente del que se tiene constancia en la industria textil, que causó 1.134 muertos en Dhaka, capital de Bangladesh. “No era una tragedia aislada, sino que creo que es un modelo que está hoy insertado en el mundo, es un modelo activo”, ha afirmado la vicepresidenta segunda, que ha presentado un informe encargado por el Ministerio de Trabajo a una comisión de expertos sobre Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Entre las propuestas, ha destacado facilitar el acceso a la justicia de las víctimas a través de demandas colectivas en España.

El estudio de la comisión de personas expertas, liderado por el catedrático de Derecho del Trabajo Jesús Cruz Villalón, ha presentado esta mañana su informe, que recoge 100 propuestas en materia de RSC para que las empresas asuman “una efectiva responsabilidad sobre el impacto que su actividad provoca sobre muy diversos ámbitos”, como el respeto a los derechos humanos, la igualdad de trato y prohibición de discriminación, el trabajo decente y la sostenibilidad ambiental, entre ellos.

El Ministerio de Trabajo pidió hace más de un año este estudio con el objetivo de conseguir un apoyo académico y experto sobre responsabilidad social corporativa de cara a la transposición en España de la Directiva Europea sobre diligencia debida de las empresas. Díaz ha recordado que esta Directiva ha sido rebajada en sus pretensiones por la Comisión Europea, en lo que se conoce como su Plan de “simplificación”.

“Lo han llamado simplificación y es impunidad”, ha denunciado la responsable de Trabajo, que ha denunciado el modelo de la UE que asimila la “competitividad” a “desregulación” en cuestiones básicas como el respeto a los derechos humanos y la sostenibilidad medioambiental. Por ello, Yolanda Díaz ha asegurado que defenderá dentro del Gobierno llevar a caso una transposición “ambiciosa” de la directiva, que vaya más allá de los mínimos dictados por Europa.

Acceso a la justicia en España

La vicepresidenta segunda ha destacado varias propuestas del estudio, como la que busca facilitar el “acceso a la justicia” de las víctimas de abusos como los del Rana Plaza en los tribunales españoles, gracias a la ampliación de las competencias para presentar conflictos colectivos por parte de los sindicatos, entre otras organizaciones. “Una ley de diligencia debida sin mecanismos efectivos de reparación para las víctimas es papel mojado”, ha considerado Díaz.

En concreto, el estudio propone la “ampliación de la legitimación procesal para el acceso a la justicia de las víctimas a través de acciones colectivas, atribuyendo a los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil especializadas en la defensa de los DDHH y la protección del medio ambiente la capacidad de interponer acciones colectivas, tanto de naturaleza administrativa como judicial, en representación de las víctimas, con el fin de favorecer un acceso efectivo de estas ante los órganos administrativos y tribunales españoles encargados de la aplicación de la legislación en materia de diligencia debida”.

“Es clave”, ha considerado Díaz, junto a otra medida que también plantean los especialistas: “La carga de la prueba”. Que a través de indicios de los abusos e ilegalidades se puedan abrir estos procedimientos judiciales y que sean las empresas las que tengan que demostrar que no los han cometido.

“No puede ser que quien sufre el daño tenga que demostrar una especie de probatio diabólica, todo mientras las empresas que los causaron están quietas, guardan silencio y, además, no solamente no hacen nada, sino que no se responsabilizan de nada”, ha condenado la ministra de Trabajo.

Fuentes del Ministerio de Trabajo explican que esta propuesta se plantea para “empresas que tengan su domicilio social en España o, en caso de que no sea así, empresas que generen la mayor parte de su volumen de negocios en España”.

Autoridad independiente de control y mayores sanciones

Entre el resto de propuestas del informe, Yolanda Díaz también ha abogado por crear una autoridad independiente de control del cumplimiento de la responsabilidad social corporativa por parte de las empresas. “España puede y debe dotarse de una autoridad independiente como propone el informe”, ha sostenido la vicepresidenta. “No podemos seguir dependiendo de la buena voluntad para saber si se está cumpliendo con los derechos humanos”.

Díaz ha añadido que “ese control necesita también consecuencias”, porque “sin sanciones creíbles la responsabilidad social corporativa va a seguir siendo voluntaria”.

Aunque la Comisión Europea ha rebajado las sanciones máximas a un 3% de las empresas afectadas, la vicepresidenta ha defendido la propuesta del informe de “restaurar un régimen sancionador proporcional al daño causado y a la capacidad económica” de las empresas. “Porque si no, sale barato y los derechos humanos no pueden salir barato”, ha sostenido.