Marlaska no da la batalla
Marlaska es la vergüenza de los ministros que le antecedieron y tuvieron que enterrar con dolor y dignidad a los suyos durante décadas; los ministros que tenían colgada la corbata negra en el despacho para cuando fuera menester. Y esto no es lo peor. Que prefiriera exhibirse en una emergencia sanitaria que ya tenía bastantes novios disputando la primera línea - Sanidad, Defensa, Canarias- en lugar de acudir a compartir a pie firme el dolor de sus huestes lo dice casi todo, pero aún hay más.
Habla su actitud del fracaso de su gestión y de cómo perdemos cada día un palmo de terreno más en la batalla entre el Estado de Derecho y el «crime that undermines society», el crimen que socava la sociedad o el crimen subversivo, como le llaman en los País Bajos, país en que los jueces ya hablan del peligro de devenir un narcoestado.
Probablemente se trate de uno de los problemas ocultos más graves que nos aqueja. Nadie habla globalmente de ello. Si acaso la crónica de sucesos nos suelta un asesinato aquí, un ataque de narcolancha allá, cuatro guardias civiles caídos en acto de servicio, secuestros y torturas, una banda mafiosa que queda en libertad, sicarios detenidos, mafiosos extraditados. Unir la línea de puntos nos pondría frente a una realidad que los guardias de Huelva conocen bien y ante la que el Gobierno prefiere encogerse de hombros, a saber por qué.
Ya no se trata de traficantes de hachís de poca monta o de grupos de marroquíes y españoles dispuestos a sacarse una pasta con un contrabando histórico. Hablamos de criminalidad con capacidad logística, financiera, intimidatoria y con hechos de violencia directa. Nos las vemos con las peores mafias de toda nacionalidad mientras nuestra costa y nuestros pueblos se transforman en un campo de batalla entre la ley del Estado y la ley del crimen. En esa lucha han caído dos guardias civiles más y seguirán cayendo en tanto el problema de política criminal más importante que nos acecha se siga soslayando.
Las actividades ilícitas de las mafias tienen un efecto aún más grave que la corrupción porque ellas mismas corrompen. Son como las raíces de un árbol del mal que van ramificándose bajo las aceras y el asfalto, aparentemente ocultas, hasta que su fuerza erosiona el hormigón y el cemento y lo levanta y desgarra. Ese mismo efecto produce el crimen organizado en una sociedad desintegrándola.
En la costa sur de nuestro país los guardias, la policía, la fiscalía y los jueces se enfrentan a un tablero endiablado en el que hasta parte de sus miembros va sucumbiendo al avance tentador del delito. Véanse los procedimientos abiertos a funcionarios por colaboración con los narcos que conocemos y piénsese en todos los que aún siguen pasando bajo el radar.
El gran problema de Marlaska es que no ha sabido o no ha querido gestionar tamaño reto y aquel que le suceda se encontrará con una gusanera de cuya dimensión no somos conscientes sino por el chorreo de asesinatos, ajustes de cuentas, extradición de mafiosos, llegada de sicarios, que constituyen el día a día de la tarea policial y judicial en el país. Mientras el Estado se difumina o desaparece -y la no asistencia del ministro a ese funeral es un indicativo más de ello- los narcos se crecen, se vanaglorian, se exhiben y se enfrentan a los guardianes del orden y la ley cada vez con mayor osadía. Tanta que provoca bajas a las que el ministro no presta atención, no sólo por no ir a los funerales, sino por intentar ocultar a los miembros del Parlamento Europeo lo que pasó en Barbate y por hacer caso omiso de los consejos que desde allí se le dan.
El pequeño Marlaska se parapeta tras unas cifras que no son mentira, pero que ocultan la realidad. Es cierto que desde su ministerio se ha incrementado el número de operaciones contra el narco, el número de incautaciones y hasta la inversión; lo que le falta a ese sujeto es la no menos cierta constatación de que el esfuerzo no es suficiente, de que los grupos criminales organizados corren más que las autoridades, tienen más medios, crecen mejor.
Tampoco se reconoce que en las poblaciones españolas implicadas hay cada vez más ciudadanos que encuentran en el crimen organizado el consuelo económico y de empleo que el Gobierno no ha sido capaz de suministrarles y que estos vecinos, en la ya desigual balanza, acaban apostando por los malos que, al menos, les dan de comer.
Marlaska sabe, como los demás, que la Costa del Sol es el gran escaparate criminal de las mafias más sofisticadas y que asiste a tiroteos, crímenes por encargo, secuestros y ajustes de cuentas de redes balcánicas, albanesas, suecas, británicas, holandesas, marroquíes y rusas. ¿Quién da más? El Campo de Gibraltar, como hemos visto, es un choque permanente entre las mafias y el Estado y ha visto el trueque de las rutas del hachís en rutas de cocaína y armas de guerra. En Almería, Granada y la costa oriental se localizan los puntos de custodia de las organizaciones.
La Costa Blanca, Alicante y Orihuela tienen asentamientos históricos de mafias albanesas, turcas y rusas que friccionan entre ellas. Valencia es el gran puerto para la entrada de la coca, siendo el tercero en importancia en este tráfico de toda Europa. Y Cataluña ha devenido en escenario de las refriegas y matariles de la mafia marsellesa y de los grupos balcánicos.
Esa es la situación de la que no se habla. Esa es la situación que la Fiscalía Antidroga dice que no tiene medios para controlar. Ese es el panorama en el que jueces de pueblo ven cómo les entran asuntos de un calibre y un riesgo para el que no están preparados sin que el CGPJ halle una solución. Así ponemos en jaque nuestro Estado de Derecho sin que los planes gubernamentales logren poner soluciones o medios al menos equiparables a los de los criminales.
El ministro que no llora a sus guardias tampoco llora el imperio de la ley. Nos tocará a todos hacerlo más pronto que tarde. Llorar no arregla nada, tampoco que dejen de morir los servidores públicos.