Consensos en lo técnico, choques en lo político: así fue el arranque de la nueva Asamblea Legislativa
La nueva Asamblea Legislativa inició su periodo con una inusual demostración de consenso: proyectos prioritarios del Ejecutivo aprobados por unanimidad y avances en iniciativas que llevaban meses estancadas.
Ese entendimiento, sin embargo, se concentró en asuntos de carácter técnico, donde los intereses partidarios suelen pesar menos.
El clima cambió al trasladarse la discusión al terreno político. Decisiones sensibles, como el archivo de una denuncia por presunto abuso sexual contra el exdiputado Fabricio Alvarado y las fricciones en la elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional, evidenciaron que las diferencias de fondo siguen intactas.
El reto para las fracciones será sostener la capacidad de diálogo y negociación mostrada en los primeros días y trasladarla a los temas más sensibles, donde, por ahora, predominan los choques.
Una agenda que tensiona
Una de las primeras pruebas está relacionada con el compromiso asumido por la presidenta legislativa, la oficialista Yara Jiménez, de “a sacar adelante” tanto los nombramientos de la Sala Constitucional como los de la Sala Tercera.
A esto se suma la discusión del proyecto para regular la minería en Crucitas de San Carlos (expediente 24.717), convocado por la presidenta Laura Fernández. Las bancadas de oposición solicitaron una semana adicional para familiarizarse con el texto, pese a que el Poder Ejecutivo presiona por su avance.
“Crucitas no puede seguir esperando”, afirmó el viceministro de Asuntos Parlamentarios, Alejandro Barrantes.
“No podemos seguir esperando a que los diputados revisen el texto y hagan las propuestas que quieran hacer, han tenido muchísimos años para hacerlo y nosotros estamos diciéndole a la Asamblea Legislativa que pongamos el texto en discusión, que presenten las mociones que consideren oportunas, que se discutan en la comisión y luego en plenario”, agregó.
El tema está incluido en la agenda de las reuniones que la presidenta Fernández sostendrá con las fracciones en Casa Presidencial, junto con otros proyectos polémicos, como la propuesta del gobierno de Rodrigo Chaves para modificar el cálculo del impuesto anual de radiodifusión.
Pulso por las comisiones
Otro frente de posible conflicto es la integración de las comisiones legislativas. La decisión de la oficialista Yara Jiménez sobre la asignación de diputados podría indisponer a las bancadas de oposición, que ya cuestionaron el borrador de distribución conocido previo al anuncio oficial.
El politólogo y analista legislativo, Daniel Calvo, señaló que el oficialismo ha echado mano de que hoy los números le benefician y que la oposición no tiene los 29 votos necesarios para apelar decisiones de la presidencia (resolución de Fabricio, distribución de curules, conformación y creación de comisiones).
“Habrá que ver si optan por simplemente imponer la mayoría, deteriorando su relación con la oposición para negociar cosas de interés a futuro o bien si deciden mostrar un ‘guante de seda’, cediendo en algunas cosas -como que todos queden contentos en las comisiones que pidieron- para así poder tener una mejor relación cuando vengan temas más complejos”, indicó.
Acuerdos poco habituales
Estos retos contrastan con la imagen que dejó la sesión del plenario del lunes, cuando se observó un esfuerzo claro de los diputados por cambiar la dinámica del Congreso anterior, caracterizada por los puentes dinamitados, intercambio de insultos y “sacadas de clavo”.
Al contrario, la jornada finalizó con votaciones unánimes, respaldadas por 56 de los 57 diputados.
Así se aprobó en segundo debate el empréstito por $800 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), destinado a financiar el tren rápido de pasajeros.
El ambiente de cooperación se consolidó el martes, cuando jefaturas de fracción de Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC) negociaron directamente la redacción de un texto sustitutivo para reformar la ley orgánica de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
El acuerdo no era menor. Se trataba del expediente 24.259, impulsado desde el periodo anterior como alternativa a la llamada “ley jaguar”, la cual el gobierno considera clave para sus planes de desarrollar una terminal cruceros y la marina en Limón.
La negociación permitió conciliar posiciones entre el gobierno y la oposición.
“El gobierno considera que para hacer la alianza estratégica que quiere hacer (para construir la terminal de cruceros y la marina) no tenía las condiciones suficientes en la ley vigente, nosotros creemos que sí, sin embargo, hemos buscado una redacción de consenso”, explicó el jefe de fracción del FA, José María Villalta.
Sobre ese mismo punto, agregó: “La preocupación principal que teníamos era que no se respetaran los principios de contratación administrativa para seleccionar ese socio estratégico, que no se hiciera de una forma transparente, que se hiciera a dedo. Y bueno, al gobierno le preocupaba la posibilidad de mucha rigidez en la forma de contratación”.
Según el diputado, con la versión acordada, ambos objetivos se podrían cumplir.
El punto de quiebre
Pero el clima de entendimiento empezó a resquebrajarse el jueves, durante la reunión semanal entre jefaturas de fracción y la presidenta legislativa.
Las bancadas de oposición pidieron fijar una fecha para votar la nómina de candidatos a nueve de las 12 vacantes de magistrados suplentes de la Sala Constitucional, un proceso que consideran urgente. Sin embargo, el jefe oficialista, Nogui Acosta, se opuso al alegar que el tribunal mantiene abierto otro concurso.
Ante esto, Jiménez optó por postergar la decisión hasta realizar consultas, pese a que horas después la propia Sala aclaró que el proceso en curso busca completar las tres plazas restantes y no sustituye la nómina ya enviada al Congreso.
El episodio reavivó un pulso que se arrastra desde el periodo anterior, cuando el oficialismo se negó a votar por los candidatos enviados por el Poder Judicial.
La tensión escaló ese mismo día en el plenario. Yara Jiménez ordenó el archivo de los informes de la comisión que investigó la denuncia por presunto abuso sexual que interpuso la exdiputada y exasesora legislativa, Marulin Azofeifa, contra el exdiputado Fabricio Alvarado, lo que impidió votar la eventual imposición de una sanción ética pública.
Jiménez justificó su decisión en que Alvarado ya no ostenta el cargo de diputado. La oposición, sin embargo, reaccionó con dureza y acusó al oficialismo de propiciar la “impunidad” y de haber bloqueado la votación desde el periodo anterior mediante la ruptura del cuórum para proteger a un aliado del gobierno de Rodrigo Chaves.
El episodio marcó un punto de inflexión en una semana que, hasta entonces, había estado dominada por señales de cooperación.