Keiko Fujimori gobernó junto a Vizcarra, hasta que llegaron los CNM audios

Víctor Caballero, “Curwen”

PARTE I 'Señora K'

(abril-septiembre del 2018)

«Keiko quiere verte», fue el mensaje que el premier César Villanueva le dio al presidente Martín Vizcarra1. Era abril de 2018. El Gobierno no llevaba ni un mes y, a través de terceros, como siempre, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, solicitó una reunión con Vizcarra. Pese a que fue ella quien pidió el encuentro, puso varias condiciones: que la reunión fuera en su casa, ubicada en San Isidro; que él fuera solo —su escolta tenía que esperar afuera—; y que todo se mantuviera en estricta reserva. Nadie podía enterarse de que ambos se habían reunido. Vizcarra accedió, pensando que la reunión sería a solas; pero, al llegar, se encontró no solo con ella, sino también con sus dos manos derechas: Ana Vega y Pier Figari.

«La bancada de Fuerza Popular está dispuesta a trabajar con

usted», dijo Keiko. Vega y Figari asintieron en silencio. Si bien el encuentro fue de lo más protocolar y ambos dejaron en claro que querían llevar la fiesta en paz, el mensaje implícito era que ella mandaba y no al revés. La escena —Keiko sentada en la silla más lujosa e imponente del despacho y Vizcarra en un asiento pequeño, como quien es recibido por el gerente general de una empresa— lo dejó muy en claro. Al final de la reunión ocurrió un incidente anecdótico. Keiko le dijo a Vizcarra que estarían en contacto; sin embargo, cuando él le pidió su número telefónico, ella, con una sonrisa de oreja a oreja, respondió que se enteraría cuando ella quisiera verlo.

Mientras el fujimorismo, recompuesto tras la caída de Pedro Pablo Kuczynski, celebraba el inicio de lo que consideraba un Gobierno aliado, el periodista Gustavo Gorriti escuchaba minuciosamente una interminable serie de audios que develaban la podredumbre en la que subsistía el sistema de justicia del Perú. El escándalo sería conocido como el caso Lava Juez, Los CNM Audios o Los Cuellos Blancos del Puerto. Se trataba de una serie de conversaciones telefónicas, de todo calibre, entre jueces, fiscales, congresistas, empresarios, abogados y miembros del hoy extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que evidenciaban prácticas de tráfico de influencias, que incluyeron la manipulación de sentencias judiciales en casos de organización criminal, lavado de activos y delitos comunes. Entre los principales involucrados figuraban los exconsejeros Guido Águila, Iván Noguera y Julio Gutiérrez, así como el entonces presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, y el juez supremo César Hinostroza Pariachi.

La primera tanda de audios, la que encendió la pradera, fue difundida la noche del 7 de julio del 2018 por IDL-Reporteros, portal dirigido por Gorriti. En ellos se escuchaban intercambios de favores, así como coordinaciones para ascensos de funcionarios. En una de las grabaciones se oye a Hinostroza, quien saludaba a todos sus interlocutores con un fraterno «hermanito», evaluar alternativas para reducir una condena e, incluso, para la posible liberación de un investigado por la violación sexual de una niña de 11 años:

—¿Cuántos años tiene? ¿Diez años?… once añitos. ¿Pero está desflorada? Ya. ¿Pero quién le ha hecho eso? Voy a pedir el expediente para verlo. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué le baje la pena o que lo declaren inocente?

Horas después de la primera publicación, el entonces presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, anunció la apertura de investigaciones internas, mientras que el Ministerio Público hizo lo propio a través de la Fiscalía de la Nación, lo que evidenció la magnitud del escándalo desde el primer momento.

Las escuchas telefónicas fueron autorizadas en el marco de otro caso, Las Castañuelas de Rich Port, una investigación vinculada al crimen organizado y el narcotráfico, y ejecutadas por el Grupo Constelación de la Dirección Antidrogas de la Policía. Lo que empezó como un seguimiento a mafias criminales y capos de la droga derivó en una trama mucho más compleja que puso contra las cuerdas a todo el sistema de justicia peruano, pero también al fujimorismo.

Tan solo tres días después de la publicación de la primera tanda de audios, el dominical 'Panorama' difundió una conversación telefónica entre César Hinostroza y Antonio Camayo, empresario y dueño de Iza Motors. En ella se hacía referencia a una tal «señora K […] de la Fuerza Número 1».

—Qué tal, hermanito. ¿Cómo va la cosa? —preguntó el juez.

—Me llamó la señora —le dijo Camayo— y quiere mañana a la una juntarse unos minutitos con usted en mi casa.

—¿Cuál señora? Así, en forma genérica, ¿señora qué…?

—insistió Hinostroza.

Camayo, casi seguro de que estaba siendo grabado, intentó no dejar rastro, pero hizo lo contrario.

—K. La que usted fue a su casa, pues, y le dio… caramba… la del, la del, caramba… este… la Fuerza Número 1.

El reportaje de 'Panorama' marcó un punto de inflexión: fue la primera vez que el caso dejó de ser percibido únicamente como un escándalo judicial y pasó a involucrar directamente al partido más poderoso del país. La presidenta de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, salió de inmediato a hacer un deslinde en sus redes sociales:

«Sobre el audio de Panorama en el que se habla de “La Señora”, de “K” o de “La Fuerza Número 1”, dejo claro que desconozco tal coordinación y que #NoExistióReunión».

En una entrevista con la periodista Milagros Leiva, Keiko aseguró no conocer a César Hinostroza ni tener motivos para hacerlo; sin embargo, ese mismo día el portal OjoPúblico reveló que en la sala presidida por Hinostroza figuraba en trámite un recurso de casación presentado por Fujimori y Mark Vito Villanella, vinculado a la investigación iniciada por la Fiscalía en 2017 sobre presuntos aportes irregulares a las campañas presidenciales del 2011 y 2016 de Keiko Fujimori; aportes que, siempre según la Fiscalía, fueron encubiertos mediante falsos aportantes y actividades proselitistas como rifas y cócteles. En síntesis, la casación buscaba frenar el llamado caso Cócteles.

Los fujimoristas, tanto albertistas como keikistas, buscaron desviar la atención hacia su lideresa, pero hubo descoordinación en la narrativa. La entonces asesora de la bancada de Fuerza Popular, Martha Chávez, sugirió que la «Señora K» no era Keiko sino Pedro Pablo Kuczynski: «Contribución para los creativos y suspicaces que especulan sobre la mención de una “Sra. K”: hasta hace poco hemos tenido un Pdte. de la República con inicial de apellido “K” al que le gustaba recibir en su casa.

¿Habrá quienes en su entorno real o asumido operaban como Sr. o Sra. K?». Del otro lado, en una entrevista en RPP, la entonces congresista fujimorista Alejandra Aramayo dijo que la «Señora K» ciertamente era Keiko Fujimori y la «Fuerza

Número 1» era Fuerza Popular; sin embargo, según ella, esto no demostraba que la reunión entre Keiko e Hinostroza se haya llevado a cabo. La desesperación llegó a tal punto que algunos parlamentarios y simpatizantes fujimoristas sugirieron que la «Señora K» sería el apelativo del entonces congresista de Fuerza Popular Miguel Torres, conocido como «Miki» Torres. La falta de una versión unificada evidenció una crisis de manejo político dentro de Fuerza Popular, algo poco habitual en una bancada que hasta entonces se había caracterizado por su disciplina interna.

En septiembre del 2018, Hinostroza —quien para entonces ya había sido suspendido de sus funciones como juez— dijo que la hipótesis correcta era que «Miki» Torres era la «Señora K», que la reunión entre ambos se llegó a dar y que el tema que trataron fue la elaboración de un proyecto de ley de financiamiento de partidos políticos. Para defender aún más a Keiko, Hinostroza aseguró que no conocía ni se había reunido con ella, que no conocía con certeza a quién aludía Camayo y que solo le había seguido la corriente4.

En declaraciones a los medios, «Miki» Torres admitió la reunión con Hinostroza, pero negó ser la «Señora K»:

—Evidentemente no me identifico con la denominación «Señora K». Nunca he escuchado que me lo digan ni he participado en una reunión en la que se me señale así. En todo caso, eso tendrían que preguntárselo a ellos, que son quienes han participado en esa conversación telefónica.

La gran mayoría no creyó en ninguna de las versiones a favor de Keiko. Según una encuesta de GFK, el 89% que había escuchado los audios consideraba que Keiko Fujimori era la

«Señora K». En esa misma línea, un 32% de los encuestados indicó que Fuerza Popular era el partido más sospechoso de haberse beneficiado de la red de corrupción5.

La difusión de los audios de Los Cuellos Blancos del Puerto hizo que la relación entre el Gobierno de Martín Vizcarra y el fujimorismo se rompiera por completo. Hasta ese momento, había sido funcional para ambas partes: el Ejecutivo necesitaba estabilidad y el fujimorismo, conservar influencia en la toma de decisiones. Los audios rompieron ese equilibrio. Al inicio, Fuerza Popular no escatimó en elogios.

El 23 de marzo del 2018, cuando Vizcarra dio su primer mensaje como presidente de la república, el secretario general del fujimorismo, José Chlimper, publicó el siguiente mensaje en sus redes:

«¡Muy buen discurso del presidente Vizcarra! Inspirador, esperanzador y conciliador con todos los peruanos. La frase de Grau denota la verdadera grandeza que nace de la humildad y el amor a la patria. ¡Qué bueno tener un presidente verdadera- mente peruano y con emoción social!».

Algunos días después, el 28 de marzo, el presidente del Congreso, el fujimorista Luis Galarreta, participó en la promulgación de la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República, ley que había sido observada por el Gobierno de PPK. Para dejar muy en claro que estaban en luna de miel, la promulgación, que suele darse en el Congreso, se llevó a cabo en Palacio de Gobierno y Galarreta llenó de elogios a Vizcarra:

—Ahora tenemos un presidente que no observa una ley, sino que sí quiere luchar contra la corrupción. Y tenemos un Parlamento que quiere luchar contra la corrupción. Entonces, estamos aquí justamente porque hay esa similitud de ideas.

En esa misma línea, en sus redes sociales, «Miki» Torres publicó el siguiente mensaje:

«Gol peruano. Ley que fortalece a la Contraloría fue pro- mulgada. Bien, Luis Galarreta, Rolando Reátegui, Daniel Salaverry y por supuesto bien presidente Martín Vizcarra. Mejor señal imposible… Norma rechazada por PPK hoy es una realidad».

En una entrevista en Perú21, el vocero más agresivo de la bancada fujimorista, Héctor Becerril, dijo que Fuerza Popular iba a sostener a Vizcarra hasta el 20216.

Los elogios fujimoristas no fueron gratuitos. Vizcarra se los ganó a pulso. Promulgó leyes del plan de gobierno de Fuerza Popular de la campaña del 2016. También fue crítico con Pedro Pablo Kuczynski: en Piura, mientras supervisaba las obras de reconstrucción por el fenómeno del Niño Costero, dijo que su gestión «no había hecho prácticamente nada». Invitó a voceros de Keiko Fujimori a Palacio de Gobierno y eligió a César Villanueva como premier. Villanueva, que había sido ministro de Ollanta Humala por unos meses, supo resarcirse: redactó la moción de vacancia contra PPK, juntó personalmente las firmas y fue de madrugada al local de Fuerza Popular de Paseo Colón para recoger las que faltaban. El 3 de mayo, con 94 votos a favor, el Congreso le dio la confianza a su gabinete. Las imágenes eran elocuentes: el premier abrazando a miembros de la bancada fujimorista, la misma que votó en bloque —Moisés Mamani, Rosa Bartra, Nelly Cuadros, Héctor Becerril—. La sintonía llegó a tal punto que, a fines de junio, la Comisión de Constitución, presidida por la entonces congresista fujimorista Úrsula Letona, mutiló a su antojo un paquete de facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, sin mayor resistencia.

Para un amplio sector de los analistas y observadores de la política peruana, decir por entonces que Keiko gobernaba no era exagerado.

A fines de junio, un emisario volvió a decirle a Martín Vizcarra que Keiko Fujimori quería reunirse con él. Las condiciones fueron las mismas, pero esta vez el encuentro se llevó a cabo en la casa de José Chlimper, en Miraflores. Fuentes que estuvieron en la reunión cuentan que, una vez allí, una empoderada Keiko exigió la salida de tres ministros: Silvia Pessah (Salud), Carlos Bruce (Vivienda) y Salvador Heresi (Justicia). La cabeza de Pessah se pidió por la Ley Saludable, una norma que hasta hoy obliga a las empresas a advertir, mediante octógonos, si sus productos exceden los límites recomendados de azúcar, sodio, grasas saturadas y grasas trans. El trasfondo era claro. Cuando estalló el escándalo de la leche que no era leche y el chocolate que no era chocolate durante el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, la bancada de Fuerza Popular se alineó con el empresariado. Con el argumento de ofrecer más información al consumidor, propusieron reemplazar los octógonos por «semáforos nutricionales», un sistema que, en la práctica, generaba más confusión que claridad. En total, se presentaron seis proyectos de ley en esa línea. Ninguno prosperó. Fue en ese contexto que Keiko pidió la salida de los ministros. Y su pedido, todo indicaba, iba a ser aceptado. Pero no ocurrió. La difusión de los audios de Los Cuellos Blancos del Puerto cambió el escenario. A través de Daniel Salaverry, Vizcarra fue citado a una tercera reunión. Esta vez, no hubo respuesta.