Las alertas de seguridad marcan la campaña electoral en Colombia
Al menos dos candidatos presidenciales en Colombia para las elecciones que tendrán una primera vuelta el 31 de mayo, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, han protagonizado eventos de campaña usando protección antibalas (chalecos, atriles blindados o escudos).
El Gobierno asegura haber reforzado la seguridad. Según el ministro del Interior, Armando Benedetti, en siete meses se asignaron a candidatos y fórmulas vicepresidenciales unos 268 escoltas, 425 policías, 96 vehículos blindados y 57 convencionales, además del acompañamiento de 11.449 policías en 453 actos de campaña. Pero la seguridad va más allá de los abanderados y va al proceso mismo, en un país donde hay territorios todavía controlados por grupos armados irregulares.
Aun así, el pasado viernes fue asesinado Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde de Cubarral y coordinador de campaña de Abelardo De La Espriella en la región del Meta, en el centro del país. Este domingo, un Consejo Extraordinario de Seguridad celebrado fijó en 100 (unos 225 mil euros) la recompensa por los sicarios, y se anunció el reforzamiento de operaciones conjuntas entre el Ejército y la Policía en zonas priorizadas.
Las alertas se hacen normas
Las autoridades buscan enviar señales de que la seguridad está garantizada para la elección, aunque es cuesta arriba pues las alertas se van convirtiendo en norma en la competencia por ganar el voto para suceder a Gustavo Petro al frente del gobierno, para el periodo que comienza en agosto de 2026 y se extenderá por cuatro años. Si ningún candidato logra imponerse, la segunda vuelta está prevista para el 21 de junio.
Por su parte, los grupos irregulares dicen que pararán sus acciones. Las disidencias de las FARC conocidas como "Estado Mayor Central" anunciaron un cese al fuego a partir del 20 de mayo y hasta el 10 de junio para brindar "condiciones de tranquilidad suficientes" para las elecciones del 31 de mayo. Este grupo armado ha sido señalado recientemente de estar cooptando a poblaciones rurales para influir en el voto.
En febrero, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) también anunció un cese al fuego para las elecciones, aunque la Defensoría del Pueblo registra que ese grupo es una "fuente de amenaza" contra los comicios. La Registraduría (encargada de organizar la logística electoral) alertó que en 104 municipios del país todavía no hay garantías para el traslado del material electoral para el 31 de mayo, justamente por la presencia de grupos armados ilegales. Pero el ministro de Interior, Armando Benedetti, insiste que las hay "como nunca antes".
La Colombia que recibirá el ganador debate la efectividad del "petrismo" en el poder, el deterioro de la seguridad en varios territorios, la crisis fiscal, problemas en el sistema de salud, la pobreza y la relación entre el Estado y las regiones más afectadas por la violencia. Todo ello, en una nación donde la democracia electoral convive con las amenazas armadas de grupos subversivos y con control territorial.
Trece aspirantes
Son 13 los aspirantes al Palacio de Nariño, pero las fichas se reparten en las principales corrientes: el progresismo con Iván Cepeda, el uribismo con Paloma Valencia, la derecha más dura con Abelardo de la Espriella, y el centro que se reparte entre Sergio Fajardo y Claudia López. Cepeda se presenta como el continuador de Petro, prometiendo revoluciones, ataque a la corrupción y austeridad fiscal. En el otro extremo está Abelardo de la Espriella, un abogado que ha asumido el "modelo Bukele" y promete seguridad sin concesiones, reducción del Estado y desregularización de la economía.
La tercera con más oportunidades es la senadora Paloma Valencia, respaldada por el uribismo, el sector político guiado por el expresidente Álvaro Uribe de gran influencia en Colombia. Ella habla de "vivir sin miedo" con 30.000 nuevos policías y un número equivalente de militares, en el marco de un "Plan Colombia 2.0".
En el centro político hay dos figuras que también se miden. La exalcaldesa de Bogotá Claudia López ha elevado su voz sobre falta de garantías electorales, "proselitismo armado", e intervención gubernamental en la campaña. Sergio Fajardo, por su parte, se presenta como una vía para romper la polarización entre el peronismo y el uribismo, aunque el exalcalde de Medellín y exgobernador llega en esta oportunidad con menos respaldo partidista que en sus dos veces anteriores.
Esta recta final de la campaña incluye mítines, pero también alarmas, con informaciones de intentos de atentado a las principales tres candidaturas, cuando todavía se recuerda en el país el asesinato de Miguel Uribe Turbay en 2025, que se perfilaba como ficha del uribismo para estos comicios.