Al menos 25 muertos en Honduras tras ataques armados en plena ofensiva contra las pandillas y cárteles
Honduras vivió una de las jornadas más violentas del año después de que dos ataques armados dejaran al menos 25 muertos entre civiles y agentes policiales en los departamentos de Colón y Cortés. Los hechos ocurrieron mientras el país aprobaba nuevas medidas para ampliar el combate contra pandillas, narcotráfico y estructuras criminales.
La matanza más grave ocurrió en la aldea Rigores, municipio de Trujillo, donde hombres irrumpieron en una finca de palma africana y ejecutaron a trabajadores agrícolas. El portavoz de la fiscalía, Yuri Mora, confirmó inicialmente 19 víctimas, aunque otros reportes elevaron la cifra. “Hay dos equipos trabajando (…) el primero lleva 13 fallecidos y el segundo un conteo de seis personas”, declaró a medios locales.
Gobierno activa ofensiva militar tras jornada con 25 muertos
El Ejecutivo ordenó la intervención inmediata de fuerzas de seguridad en Colón y en la frontera entre Honduras y Guatemala. Equipos integrados por fiscales, inteligencia y medicina forense quedaron a cargo de las investigaciones. El objetivo oficial es “identificar y capturar” a los responsables de los ataques.
“Van a encontrar a quienes hicieron esto y lograr sus condenas (…) Esta es una herida más que Honduras no merece”, aseguró el presidente hondureño, Nasry Asfura, en un mensaje nacional. Además, el gobierno suspendió a mandos del orden vinculados al operativo ocurrido en Omoa, donde cinco agentes y un civil murieron tras una emboscada atribuida a presuntos narcotraficantes.
Las reformas aprobadas esta semana permiten ampliar la participación militar en seguridad pública y clasificar pandillas y cárteles como grupos terroristas.
Conflictos agrarios y crimen organizado agravan la violencia
Las autoridades sostienen que el conflicto en Colón combina disputas históricas por tierras, ocupación ilegal de fincas y presencia de redes dedicadas al narcotráfico. El jefe policial de Trujillo, Carlos Rojas, afirmó que grupos armados controlan propiedades agrícolas y utilizan esos recursos para financiar armamento.
Familiares de víctimas rechazan que los fallecidos participaran en actividades criminales. “Mis hijos trabajaban allí por un salario; no eran socios, solo trabajadores”, relató a la agencia EFE Armando Suchite, padre de Elmer y Wilmer Suchite, de 25 y 22 años, jóvenes asesinados que dejaron tres hijas menores.
En tanto, la región del Bajo Aguán acumula décadas de tensión por conflictos agrarios que, según dirigentes comunitarios, han dejado cerca de 200 muertos. Instituciones locales sostienen que la expansión del crimen organizado agravó la disputa territorial y elevó la violencia.