La anulación por sentencia del Tribunal Supremo del Registro Único estatal de alquileres de corta duración, promovido por el Ministerio de Vivienda, ha abierto las compuertas a una avalancha de reclamaciones de los propietarios afectados, que según una estimación circulada este viernes por la patronal estatal del sector del alquiler de corta estancia, Fevitur, puede exponer al Gobierno al pago de compensaciones económicas por alrededor de 160 millones de euros. El cálculo de la patronal estima el daño económico causado por las revocaciones, bloqueos y problemas derivados de la instauración obligatoria del número de registro estatal, que habrían supuesto una factura media de 33.000 euros por propietario afectado entre pérdida de reservas, gastos adicionales que han tenido que asumir, inseguridad...
Ver Más
