El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea impuso en 2024 dos multas de 15 y 8 millones al Ministerio de Interior ; en 2025 el de Trabajo pagó 7 millones por no transponer la directiva de condiciones laborales y 6,8 millones más por llegar tarde con la de conciliación. Y la no adaptación de la directiva de administradores de crédito supuso una sanción de 15 millones. Son sólo algunos ejemplos de los castigos a los que han hecho frente los españoles por la inacción del Ejecutivo en la aplicación de la normativa europea. La negativa a cumplir puede, además, costarle a España fondos comunitarios. Todas estas penalizaciones derivan de que nuestro país, como Estado miembro de la Unión...
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