El Gobierno deja a la Selección Española a merced de la ofensiva de embargos renovables en EE UU a horas de que arranque el Mundial
El Gobierno ha rechazado una propuesta que buscaba abrir una vía de negociación y rebajar la presión judicial que se está desplegando en distintos países por los pleitos internacionales derivados de los recortes de primas a las renovables, especialmente en Estados Unidos, donde el Mundial de Fútbol de 2026 se ha convertido en uno de los principales escenarios del conflicto.
Según indican fuentes próximas a los fondos litigantes, la oferta planteada por los inversores contemplaba la suspensión inmediata de todas las actuaciones de ejecución relacionadas con el Mundial a cambio de que España constituyera una garantía ante los tribunales estadounidenses.
Ese depósito quedaría bloqueado hasta que concluyeran los recursos judiciales todavía pendientes en Estados Unidos y sería liberado en función del resultado final de los procedimientos.
La iniciativa estaba inspirada en el acuerdo alcanzado recientemente en Bélgica. Allí, tras varias medidas cautelares que llegaron a afectar a cerca de 800 millones de euros en activos públicos españoles, el Estado logró reducir el alcance de esas actuaciones mediante el depósito de aproximadamente 250 millones de euros en una cuenta bloqueada. Ese mecanismo permitió aliviar temporalmente la presión judicial y evitar una ampliación de las medidas de ejecución mientras continuaban los litigios.
Según fuentes próximas a los acreedores, el objetivo era trasladar ese mismo modelo a Estados Unidos para evitar una escalada del conflicto y favorecer una solución compatible con las obligaciones internacionales asumidas por España. Sin embargo, el Ejecutivo optó por no aceptar la propuesta ni abrir negociaciones sobre las condiciones planteadas.
La oferta fue presentada por el despacho King & Spalding, a través del abogado Matthew McGill, en representación de los acreedores.
Las mismas fuentes recuerdan que España ha sostenido en otras ocasiones que la Comisión Europea le impedía constituir una garantía de este tipo. No obstante, subrayan que el precedente belga demuestra que el Estado ya ha recurrido a una fórmula similar.
En este contexto también aparecen las dudas sobre el papel de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea. Los acreedores señalan que no está claro si las supuestas limitaciones proceden de ese departamento, actualmente vinculado a Teresa Ribera, considerada una de las principales impulsoras de la estrategia de no abonar los laudos arbitrales. Oficialmente, Ribera está apartada de estos expedientes, por lo que cualquier eventual intervención tendría especial relevancia.
Tras el rechazo del Gobierno, los acreedores consideran que no existe otra alternativa que continuar utilizando los mecanismos legales a su alcance para reclamar el cumplimiento de las resoluciones arbitrales y judiciales obtenidas en distintas jurisdicciones internacionales.
Los inversores recuerdan que han mostrado en numerosas ocasiones disposición a alcanzar acuerdos negociados. A su juicio, el caso belga demuestra que existen fórmulas para reducir la confrontación sin renunciar a las garantías jurídicas. Sin embargo, sostienen que no pueden aceptar indefinidamente una situación en la que resoluciones firmes continúan sin ser abonadas.
España acumula actualmente 27 laudos arbitrales internacionales pendientes de pago relacionados con las modificaciones introducidas en el régimen de apoyo a las energías renovables. La factura total asciende a 2.316 millones de euros, una cantidad que incluye 552 millones correspondientes a intereses, costes financieros y gastos legales acumulados durante años de litigios.
Solo en Estados Unidos, los acreedores ya han obtenido siete sentencias federales firmes favorables por un valor conjunto cercano a los 700 millones de euros. Paralelamente, mantienen actuaciones o han logrado resoluciones favorables en países como Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, Australia y Singapur.
En las últimas semanas, además, los fondos han ampliado de forma significativa el registro de una de esas sentencias federales estadounidenses en numerosos distritos judiciales repartidos por el país. El objetivo es facilitar futuras investigaciones patrimoniales, solicitudes de información, localización de activos y posibles medidas de ejecución.
La expansión de estos registros coincide con la proximidad del Mundial de 2026 y afecta a gran parte de las ciudades que albergarán partidos del torneo. La documentación judicial muestra que la deuda ha quedado registrada ante tribunales federales de Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Pensilvania, Georgia, Florida, Illinois, Tennessee, Texas y California, entre otros territorios.
La medida fue autorizada el pasado 10 de abril por el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, que permitió extender el registro de la sentencia a cualquier distrito judicial estadounidense. De esta forma, los acreedores disponen de más herramientas para rastrear activos y promover futuras actuaciones dentro de cada jurisdicción.
La Selección, en el punto de mira
El Mundial se ha convertido así en uno de los frentes más visibles de esta disputa internacional. Hasta hace poco, la atención estaba centrada en Atlanta, donde España disputará dos partidos de la fase de grupos, y en Chattanooga, ciudad elegida como cuartel general de la selección durante esa primera etapa del torneo. Sin embargo, la ampliación de los registros extiende el alcance potencial de las actuaciones a sedes como Los Ángeles, Miami, Dallas, Kansas City o Nueva York-Nueva Jersey, escenarios por los que podría pasar el combinado nacional si avanza en la competición.
La creciente presión ha llevado a la Real Federación Española de Fútbol a intervenir directamente. En una carta remitida a los representantes de los acreedores, la RFEF ha solicitado formalmente que la Selección Española quede excluida de cualquier actuación relacionada con esta ofensiva judicial.
La Federación argumenta que sus bienes y activos no forman parte del Estado y que, por tanto, no deberían verse afectados por una controversia vinculada a los laudos de las renovables. También expresa su preocupación por el impacto que la sucesión de resoluciones judiciales y noticias relacionadas con este conflicto puede tener sobre la preparación del equipo de cara al Mundial.
La RFEF recuerda que es una entidad asociativa privada, aunque reconocida como entidad de utilidad pública y sometida a la legislación deportiva española. Desde su punto de vista, la Selección debe permanecer al margen de una disputa que considera ajena a su actividad.
Mientras tanto, los acreedores mantienen que continuarán utilizando todas las herramientas legales disponibles para hacer cumplir resoluciones que consideran firmes y plenamente ejecutables. En las últimas semanas ya han conseguido el bloqueo de 250 millones de euros por decisión de la justicia belga y el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Países Bajos.
Fuentes cercanas a los procedimientos aseguran que, tras la negativa del Gobierno a negociar, se está acelerando el calendario de notificaciones judiciales, solicitudes de información y rastreo de activos en distintas jurisdicciones. Los acreedores insisten en que la puerta sigue abierta a una solución pactada, pero advierten de que, mientras España mantenga su rechazo a las vías de acuerdo planteadas, las acciones de ejecución continuarán avanzando en todos aquellos países donde los tribunales hayan reconocido sus derechos.