Mujer en Surco genera indignación por impedir paso de bomberos tras discutir con su pareja: "Que me lleve la ambulancia"
El rápido desplazamiento de una unidad de bomberos se vio retrasado por una inesperada situación ocurrida en la avenida Primavera, en el distrito de Santiago de Surco. Una pareja que mantenía una discusión en plena vía pública terminó obstaculizando el avance del vehículo de rescate, pese a que este circulaba con sirenas y señales luminosas activadas para atender una emergencia.
En las imágenes difundidas en redes sociales se aprecia que el incidente se registró cuando una mujer intentaba impedir que su acompañante abandonara el lugar. En medio del altercado, ambos permanecieron sobre la pista, bloqueando el tránsito y obligando a la unidad de emergencia a detenerse mientras buscaba continuar su recorrido.
Ante la demora, varios integrantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú descendieron de la unidad para pedir que despejaran la vía. Sin embargo, la mujer se sentó frente al vehículo de emergencia e impidió su avance por algunos minutos. Durante ese tiempo, lanzó expresiones incoherentes, solicitó la presencia de una ambulancia y exigió que le devolvieran su teléfono celular, mientras los rescatistas esperaban que la ruta quedara libre para continuar con la atención de la emergencia.
“Retírate de ahí, estás impidiendo el atender una emergencia”, cuestionó uno de los bomberos. “Que me lleve la ambulancia. Dame mi celular”, respondió la mujer. Su comportamiento generó indignación entre los transeúntes y usuarios en redes sociales.
¿Se puede ir preso por bloquear el paso de una unidad de emergencia?
El Reglamento Nacional de Tránsito establece que los peatones deben despejar la vía cuando una ambulancia, vehículo policial o unidad de bomberos circula con sirenas y luces activadas. Permanecer deliberadamente frente a estos vehículos constituye un incumplimiento de las obligaciones previstas en la normativa.
Además, el Código Penal contempla sanciones para quienes impidan o entorpezcan el funcionamiento de determinados servicios públicos. El artículo 283 establece penas que van de cuatro a seis años de prisión, aunque la eventual responsabilidad penal dependerá de la evaluación de las autoridades y de las circunstancias específicas de cada caso.