Hazte Oír solicita al juez Peinado que retire el pasaporte a Begoña Gómez para que no pueda salir del país
La acusación popular unificada en el "caso Begoña Gómez", que lidera Hazte Oír, ha solicitado al instructor que imponga medidas cautelares de carácter personal a la mujer del presidente del Gobierno y los otros dos acusados, su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, según trasladan fuentes conocedoras de la causa a LA RAZÓN.
La acción popular agrupada reclama también al juez Juan Carlos Peinado que obligue a la esposa de Pedro Sánchez y al resto de encausados a que comparezca en su juzgado de Plaza de Castilla (Madrid) cada 15 días.
Está pendiente que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid resuelva si acuerda alguna de estas cautelares a la cónyuge del jefe del Ejecutivo, su asistente en Presidencia del Gobierno o el mencionado empresario. Así mismo le trasladará a los tres la decisión de procesarles y dejarles a un paso de sentarse en el banquillo para ser juzgados por un tribunal popular.
Las mencionadas fuentes dan por hecho que la Fiscalía no apoyará que se les prohíba salir del país o que se les imponga la obligación de acudir a firmar al tribunal de manera periódica.
Hay que recordar que también se espera a que la Audiencia Provincial de Madrid, como órgano superior al instructor, resuelva los recursos de apelación que las defensas interpusieron contra la propuesta de llevarlos a un tribunal de jurado y la decisión de procesarlos.
Gómez se enfrenta a una petición de condena a 24 años de cárcel, que fue pedida por la acusación popular unificada, por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de fondos públicos y apropiación indebida del software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Por otro lado, para Álvarez, que formalmente ejerce como directora de Programas de Presidencia, se requirió una sentencia a 22 años de prisión por malversación continuada de patrimonio público y, en concepto de cooperadora necesaria, por ilícitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida del software de la cátedra extraordinaria que su jefa codirigía en la UCM.
En el caso de Barrabés, la petición de pena se limita a seis años de encarcelamiento por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Según estipula la Ley del Tribunal de Jurado, el juez Peinado puede dictar en la vista de este mismo lunes la apertura de juicio oral contra Gómez o en los tres días siguientes (tendrá, por tanto, como máximo hasta el próximo jueves). Las cautelares, en cambio, tienen que decidirse en la jornada de este lunes.