Durante dos décadas, las empresas españolas han invertido fortunas en 'compliance'. Códigos éticos, canales de denuncia, mapas de riesgos, formación obligatoria, certificaciones, auditorías y despachos especializados forman hoy parte del paisaje de cualquier gran compañía cotizada. El cumplimiento normativo ha dejado de ser un requisito para convertirse en una industria. Nadie sabe con precisión cuánto cuesta en conjunto, porque no existe una estadística agregada oficial. Pero esa ausencia de cifra también es reveladora: España ha construido un enorme negocio alrededor del control corporativo sin medir de verdad su eficacia. Los últimos episodios protagonizados por empresas vinculadas a la SEPI invitan a pensar que el problema no es solo el coste, sino el incentivo. El caso de Tubos Reunidos resulta especialmente...
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