Aspirante a magistrada suplente alerta sobre riesgo de parálisis en la Sala Constitucional por falta de acuerdos en el Congreso
Nota del editor: Esta publicación fue actualizada de manera sustancial luego de que Rosibel Jara Velásquez informara a La Nación que retiró la renuncia que había presentado a su candidatura como magistrada suplente de la Sala Constitucional. El contenido fue modificado para reflejar esa información.
Rosibel Jara Velásquez, jueza contencioso-administrativa y aspirante a magistrada suplente, advirtió que el prolongado estancamiento del proceso para nombrar a los suplentes de la Sala Constitucional podría afectar el funcionamiento del tribunal.
“Según mi análisis personal de la situación, dada la polarización y composición de la Asamblea Legislativa actual no veo viabilidad política de un acuerdo para efectuar algún nombramiento en estos cuatro años”, manifestó.
En ese escenario, la jurista confirmó a La Nación que llegó a presentar su renuncia a la candidatura. Sin embargo, posteriormente la retiró luego de que la Corte Suprema de Justicia remitiera nuevamente a la Asamblea Legislativa la misma lista de aspirantes, en la que se mantenía su nombre.
Según explicó, decidió retirar la gestión para evitar que la nómina quedara incompleta, ya que la Constitución exige dos aspirantes por cada plaza de magistrado suplente.
Jara forma parte de los 18 nombres que la Corte Suprema de Justicia remitió a la Asamblea Legislativa para la designación de nueve magistrados suplentes. Sin embargo, la elección permanece pendiente luego de 11 rondas de votación fallidas y de que el Partido Pueblo Soberano (PPSO) impulsara la devolución de la lista de aspirantes.
La Nación consultó a la Sala Constitucional si recibió la renuncia que inicialmente presentó Jara. Al cierre de esta publicación, la respuesta se encontraba en trámite.
Candidata expresa su preocupación
La candidata, con 23 años de experiencia como jueza contencioso-administrativa, expresó su preocupación por las consecuencias que tendría reiniciar el proceso de selección.
“La Sala Constitucional y la Corte se encuentran en una situación de emergencia inédita. A lo interno del Poder Judicial hay temor de parálisis e interrupción del servicio”, afirmó.
Jara integró durante cuatro años la Sala Constitucional como magistrada suplente. También ocupó la vicepresidencia del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y es egresada del Doctorado en Derecho Público, con énfasis en Derecho Constitucional y Administrativo.
La candidata explicó que el concurso para seleccionar magistrados suplentes comenzó cuando la Sala todavía contaba con suplentes en funciones. En ese momento, tres magistrados propietarios se dedicaron a revisar atestados y realizar entrevistas, mientras los tres suplentes atendían la carga ordinaria de trabajo.
Sin embargo, comentó que actualmente ya no existen suplentes para asumir esas funciones, por lo que un eventual nuevo concurso obligaría a los magistrados propietarios a dividir su tiempo entre la atención de expedientes y el proceso de selección.
Según Jara, la Sala Constitucional resuelve, en promedio, unos 600 asuntos por semana y un concurso para elegir magistrados suplentes tarda varios meses, por lo que una eventual suspensión del servicio afectaría directamente a las personas que acuden al tribunal.
Bloqueo del oficialismo
La Asamblea Legislativa ha fracasado en 11 rondas de votación para completar la designación de los nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional. En todas ellas, la bancada oficialista se ha negado a respaldar a los candidatos, lo que ha impedido alcanzar los 38 votos requeridos para efectuar los nombramientos.
De hecho, en junio, el Plenario aprobó una moción impulsada por el PPSO para devolver a la Corte Suprema de Justicia la nómina de 18 aspirantes y solicitar un nuevo proceso. Sin embargo, el Poder Judicial remitió nuevamente la misma lista al considerar que el procedimiento realizado cumplía con los requisitos establecidos.
Posteriormente, el 15 de julio, la presidenta legislativa, Yara Jiménez, volvió a ordenar la devolución de la nómina mediante una resolución de la presidencia del Congreso, decisión que respondió a la falta de respaldo del oficialismo a los candidatos propuestos.
La resolución fue apelada por las fracciones de Liberación Nacional (PLN), del Frente Amplio (FA), del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y de la Coalición Acción Ciudadana (CAC). No obstante, la mayoría, conformada por 30 diputados del PPSO, rechazó las apelaciones y mantuvo firme la decisión de devolver la nómina.
El caso del candidato Christian Campos
A diferencia de Jara, quien retiró la renuncia que había presentado y confirmó que asumirá el cargo si resulta electa, el abogado Christian Campos Monge aseguró a La Nación que, si la Asamblea Legislativa lo designa como magistrado suplente, rechazará el nombramiento tras asumir como integrante de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR).
El abogado también sostuvo que el proceso de elección de magistrados suplentes permanece estancado en la Asamblea Legislativa.
No obstante, la Sala Constitucional indicó a este medio que no ha recibido una comunicación formal mediante la cual Campos retire su candidatura o solicite ser excluido de la nómina de aspirantes.