Gobierno de Trump habría cancelado subvenciones a estados que no votaron por él, dice ‘The New York Times’
El gobierno del presidente Donald Trump admitió en documentos presentados ante un tribunal federal que canceló centenares de subvenciones para proyectos de energía limpia con base en criterios políticos, según reveló este viernes The New York Times.
De acuerdo con el diario, los documentos corresponden a una demanda presentada por investigadores de California contra varias agencias federales por la cancelación de fondos aprobados durante la administración de Joe Biden.
En una presentación judicial citada por el periódico, un abogado del Departamento de Energía reconoció que, “con una excepción”, las 284 subvenciones anuladas correspondían a proyectos ubicados en estados que otorgaron sus votos electorales, según el sistema federal estadounidense, a la candidata demócrata Kamala Harris en las presidenciales de 2024.
El abogado también admitió, según los documentos judiciales, que esas subvenciones no fueron canceladas por criterios relacionados con el programa, disposiciones legales, reducción de costos o desempeño.
The New York Times señaló que, meses antes, la Casa Blanca había justificado la eliminación de más de $7.500 millones en fondos para proyectos de energía limpia como una medida para evitar el desperdicio de recursos públicos. Sin embargo, sostuvo que la explicación presentada posteriormente ante la justicia contradice ese argumento.
El periódico añadió que el Departamento de Energía había recomendado cancelar más de 600 subvenciones otorgadas durante el gobierno de Biden, tanto en estados republicanos como demócratas. No obstante, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), dirigida por Russell Vought, terminó anulando únicamente una parte de ellas.
Consultado por el diario, el portavoz del Departamento de Energía, Ben Dietderich, afirmó que la revisión inicial de las subvenciones se realizó “sin considerar factores políticos” y sostuvo que no existe contradicción entre ese proceso y las explicaciones entregadas posteriormente ante la justicia.
Las revelaciones provocaron críticas entre legisladores demócratas. La senadora Patty Murray y la representante Marcy Kaptur afirmaron, en una declaración conjunta citada por The New York Times, que la administración “ha admitido ahora ante un tribunal lo que desde hace tiempo era evidente”.
Las legisladoras acusaron al Gobierno de haber utilizado su poder para cancelar proyectos “por ninguna otra razón que el hecho de que los estados donde se ubicaban no votaron por el presidente en las elecciones de 2024”.
Más control sobre fondos federales de EE. UU.
El caso surge mientras la administración Trump prepara nuevas normas que ampliarían el control de la Casa Blanca sobre millones en subvenciones federales cada año. Las reglas propuestas incluyen no otorgar fondos a beneficiarios con ciertas membresías o actividades que el gobierno considere “antiestadounidenses”.
Según The New York Times, el gobierno sostiene que esos cambios buscan garantizar que el gasto público responda a las prioridades del presidente, mientras sus críticos advierten que podrían aumentar la politización en la asignación de fondos.
En las últimas semanas, además, la administración condicionó parte de los fondos federales para seguridad y gestión de emergencias a que los estados adoptaran cambios en sus sistemas electorales, una medida que derivó en demandas de más de veinte estados y en resoluciones judiciales que frenaron parte de la iniciativa.
Según Associated Press, los tribunales cuestionaron los intentos del Gobierno de utilizar recursos federales para presionar a los estados a modificar políticas que, constitucionalmente, corresponden a las autoridades estatales.
En febrero, NPR informó que la administración revisaba miles de millones de dólares en fondos federales destinados a 14 estados que no respaldaron a Trump en las elecciones de 2024, entre ellos Colorado, California y Washington.
El reportaje señaló que el presidente había convertido a varios de esos estados en blancos frecuentes de sus críticas y que la revisión de recursos abarcaba programas ambientales, científicos y de servicios públicos.
