La Audiencia Nacional ordena trasladar a España a un afgano perseguido por los talibanes
La Audiencia Nacional ha impuesto al Estado español el facilitar el traslado a España de un ciudadano afgano y su familia inmediata para formalizar su solicitud de asilo tras acreditar el "riesgo real, concreto y elevado" que sufren de ser asesinados por el régimen talibán.
La sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, a la que ha tenido acceso Efe, estima el recurso interpuesto por la letrada Paula Bretones, de la sede en Almería del despacho Cruz Guillén Abogados Extranjería.
El fallo judicial anula una resolución previa de la Embajada de España en Islamabad (Pakistán), que había denegado la petición original de protección.
El afectado, que actualmente permanece escondido en el país vecino junto a su esposa y sus cuatro hijos, trabajó inicialmente para la Armada Nacional afgana entre los años 2001 y 2006, cuando fue víctima de un atentado terrorista en el que recibió múltiples disparos y puñaladas por parte de grupos insurgentes, unas graves lesiones corporales por las que requirió diversas intervenciones quirúrgicas y una rehabilitación de seis meses.
Posteriormente, entre 2008 y 2021, el hombre ejerció como auxiliar judicial en el Justice Centre In Parwan (JCIP), un organismo que operaba en colaboración con el Gobierno afgano y la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF), una misión multinacional que contaba con participación militar y logística española.
En este tribunal se llegó a procesar a más de un millar de combatientes talibanes y miembros de Al Qaeda y del Estado Islámico.
Aunque su labor procesal consistía fundamentalmente en tareas de asistencia, su presencia constante y visible en la sala de vistas generó entre los acusados la percepción errónea de que ostentaba un papel decisorio sobre las sentencias.
Con la toma de Kabul y el retorno al poder de los talibanes en el verano de 2021, acompañada de la consiguiente apertura de las cárceles, los terroristas recién liberados lo situaron como un objetivo prioritario.
La resolución judicial detalla episodios críticos como el asalto armado a su vivienda familiar, cuando los insurgentes, al no lograr localizarlo, intentaron secuestrar a su hijo menor, lo que la esposa logró evitar entregándoles todo el oro que poseía.
Asimismo, varios de sus familiares directos han sido citados e interrogados bajo coacción para averiguar su paradero.
Durante el proceso judicial en España, la Abogacía del Estado defendió la denegación del traslado argumentando, con base en una entrevista consular, que el solicitante no corría un peligro inminente, si bien los magistrados han desestimado esta postura oficial apoyándose en la prueba documental aportada por la defensa almeriense.
Entre los documentos presentados por su abogada figuran certificados médicos de las cicatrices y dos testimonios institucionales clave: una carta del presidente de la Unión Internacional de Magistrados y otra de un coronel de la ISAF, que confirman de manera expresa que el solicitante y su entorno se enfrentan a una persecución letal.
La Audiencia Nacional invoca el artículo 38 de la Ley de Asilo y se fundamenta también en los recientes informes de ACNUR, que alertan sobre las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Afganistán, la crisis regional en Pakistán y la imposibilidad material de una reubicación segura para quienes colaboraron con las fuerzas occidentales.
El dictamen, que impone las costas procesales a la Administración demandada, es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo en treinta días y, de no formalizarse, la sentencia adquirirá firmeza y obligará a la expedición de los visados para ejecutar el traslado internacional.