La Audiencia Nacional rechaza acordar el despliegue militar en la frontera de Ceuta que pidió Vox

La Audiencia Nacional no ordenará el despliegue cautelar del Ejército en la frontera de Ceuta, como pedía Vox. La magistrada María Tardón ha rechazado la medida al considerarla "ajena a la competencia" del tribunal.

En una providencia, Tardón descarta las medidas "perentorias" y "urgentes" cuya aplicación instó el partido de Santiago Abascal, que reclamaba el "despliegue militar en la frontera española", en aplicación del artículo 15.3 de la Ley de Defensa Nacional, y el "despliegue naval de la Armada para salvamento y control marítimo".

Asimismo, Vox quería que la magistrada diese el visto bueno a la "identificación de personas" conforme al artículo 16 de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Pero Tardón deja claro que todas esas medidas son "ajenas al objeto y contenido del procedimiento penal y a la competencia de ningún órgano judicial de instrucción, incluido este del Tribunal Central de Instancia" de la Audiencia Nacional.

Pendiente de resolver sobre la competencia

La instructora sí accede a incorporar a las diligencias abiertas a raíz de la denuncia inicial de Iustitia Europa la querella formalizada por Hazte Oír y la propia denuncia de Vox.

Eso sí, precisa que está a la espera de recibir los informes solicitados a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF Central) de la Policía Nacional -que debe esclarecer si la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma se debió a una actuación coordinada- y a la Jefatura de Información de la Guardia Civil, a la que acaba de solicitar que informe si el Instituto Armado recibió alguna alerta previa a la avalancha de migrantes en Ceuta de la pasada semana, "a efectos de resolver sobre la competencia de esta Audiencia Nacional para el conocimiento de los hechos, en los términos que resulte procedente".

Fuentes de Iustitia Europa apuntan que la resolución de Tardón "confirma que el procedimiento iniciado tras la actuación de Iustitia Europa se ha convertido en la causa de referencia sobre lo ocurrido en Ceuta".

Denuncia inicial

La denuncia inicial de la formación que lidera Luis María Pardo instó a la Audiencia Nacional a investigar unos hechos que calificaba de "extraordinaria gravedad" por afectar a "la integridad de las fronteras españolas y al interés general".

Tras advertir de la existencia de indicios de delitos contra la seguridad del Estado, organización criminal, favorecimiento de la inmigración ilegal y omisión del deber de perseguir delitos en la "entrada masiva y coordinada" de migrantes irregulares en Ceuta procedentes de Marruecos, solicitó al tribunal que identificara a "las personas físicas, integrantes de organizaciones criminales, funcionarios, autoridades, agentes, estructuras estatales o paraestatales extranjeras y autoridades de Marruecos o españolas" vinculados con esa avalancha migratoria.

Tras esa iniciativa, Tardón abrió diligencias previas y ordenó a la Policía la elaboración de un informe sobre la posible existencia de una actuación coordinada tras esa oleada migratoria que colapsó la ciudad autónoma, a lo que se ha unido después la petición de otro dictamen a la Guardia Civil sobre posibles alertas recibidas con anterioridad, reclamando asimismo al Instituto Armado que detalle el operativo desplegado en la frontera.

Querella contra el delegado del Gobierno

Por su parte, la querella de Hazte Oír ahora incorporada a las diligencias señala a Fouad Ali El Himma, consejero del rey Mohamed VI, y al delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano. La denuncia aprecia indicios de la posible comisión de delitos contra la paz o la independencia del Estado, favorecimiento agravado de la inmigración ilegal, organización criminal, prevaricación, denegación de auxilio y homicidio y lesiones por imprudencia grave.

Además, instaba al tribunal a salvaguardar con urgencia las imágenes grabadas por cámaras de videovigilancia, para evitar así su destrucción, y a reclamar las comunicaciones policiales y militares, las órdenes operativas y los contactos con Marruecos entre el 27 de julio y el 2 de agosto.

Por su parte, Vox también dirigió su denuncia contra Pérez Triano como máxima autoridad en Ceuta en materia de seguridad ciudadana, sin descartar la participación «de otras autoridades o funcionarios».