Líbano: una amnistía general con fines prácticos que sigue cerrando en falso la guerra

Dos medidas para pasar página definitiva que, como casi todo en un país atravesado por profundas divisiones sectarias y políticas, no convence a todos. Con una mayoría exigua, el pasado miércoles, el Parlamento libanés aprobaba el pasado jueves la amnistía general destinada a beneficiar a miles de presos y prófugos de la justicia, la segunda desde 1991.

Las razones inmediatas son prácticas -la tasa de sobrepoblación carcelaria alcanzaba el 300% en 2025- pero la decisión no es inocua políticamente para un país que ha tratado, una y otra vez, de pasar página definitiva de la guerra civil (1975-1990) sin una verdadera rendición de cuentas, y cuyo gobierno se encuentra enfrascado en el proceloso proceso de desarme de Hizbulá y de las no menos complejas negociaciones con Israel.

Una motivación pragmática

Aunque se han mantenido los más que necesarios equilibrios sectarios, una gran parte de sus milicianos islamistas suníes, muchos de la ciudad de Trípoli, encarcelados por su relación con la guerra civil siria. Su liberación era exigida por figuras políticas suníes libanesas y las nuevas autoridades islamistas sirias tras la caída de Asad. Al considerarla el resultado de un mero reparto de intereses sectario motivado por disputas de poder, los 13 legisladores de Hizbulá, al igual que los 12 del cristiano Movimiento Patriótico Libre, abandonaron la sesión parlamentaria en el momento de la votación en señal de protesta.

"La motivación de la amnistía es pragmática, puesto que las cárceles están llenas y la justicia es incapaz de asumir todos los casos, aunque debió haberse aprobado hace mucho tiempo", recuerda a LA RAZÓN el economista y analista político libanés Nadim Shehadi. Con todo, a juicio del exdirector del Centro de Estudios Libaneses de la Universidad de Oxford, en el país levantino opera una lógica del "olvido y perdón" -con profundas razones históricas- que explica una amnistía como la aprobada esta semana treinta y cinco años después del fin de la contienda fratricida.

"Hay un ejemplo histórico que habla de este elemento cultural. Tras la masacre de los cristianos de 1860 en Monte Líbano a manos de los drusos, las autoridades otomanas establecieron un tribunal que debía juzgar a entre 6.000 y 8.000 personas. Y ocurrió que el propio patriarca maronita intervino para pedirle a los obispos y a todo el mundo que no colaboraran con el tribunal. En resumen: es la única manera en que funcionan las cosas en este país, donde no es posible la rendición de cuentas", admite a LA RAZÓN.

El primer país del mundo árabe en eliminarla de su legislación

Menos discrepancias provocó la votación -también Hizbulá abandonó el pleno del Parlamento-, un día antes de la de la amnistía, de la abolición formal de la pena de muerte, lo que convierte al país de los cedros en el primero del mundo árabe en eliminarla de su legislación. Se trata, en cualquier caso, de una decisión más simbólica que otra cosa, puesto que, en la práctica, el país levantino había dejado de aplicar la pena capital hace más de dos décadas. Concretamente, desde el 17 de enero de 2004, cuando eran ejecutados Ahmad Mansour, Badih Hamdehy Remi Zaatar.

Con todo, la justicia libanesa seguía dictando penas de muerte en casos de asesinato, espionaje o terrorismo, y había al menos 85 personas en el corredor de la muerte a comienzos de este año. Con la reforma legal, estas condenas se conmutan por cadena perpetua, algo que no habría ocurrido automáticamente a partir de la sola moratoria.