571.000 euros de indemnización para un grupo de bomberos que fueron despedidos de manera improcedente

Los despidos colectivos han ganado peso en el mercado laboral español durante los primeros meses del año. Según los datos del Ministerio de Trabajo, 16.931 trabajadores se vieron afectados por procedimientos de despido colectivo entre enero y mayo, un 15,6% más que en el mismo periodo de 2025. El aumento refleja una evolución desigual a lo largo del año, pero confirma que miles de empleados han quedado afectados por procesos de salida de empresas en un contexto en el que las reestructuraciones laborales siguen marcando parte de la actualidad económica.

Uno de los momentos más llamativos se produjo en marzo. Ese mes, los despidos colectivos alcanzaron a 5.303 trabajadores, 2.007 más que en marzo de 2025. El incremento interanual fue del 60,9%, una subida especialmente pronunciada dentro del balance de los cinco primeros meses. Detrás de estas cifras hay situaciones laborales muy diferentes, desde ajustes empresariales hasta cambios en la gestión de determinados servicios. Uno de estos casos ha terminado en Salamanca con una indemnización conjunta que supera el medio millón de euros y afecta a un grupo de trabajadores que quería continuar en sus puestos.

El caso afecta a 25 bomberos que prestaban servicio en el parque de bomberos de Villares de la Reina y cuyo futuro laboral quedó en el aire tras el cambio en la gestión del servicio. La empresa Oficina Técnica Demontes, S.L.U., que tenía adjudicada la prestación, dejó de gestionar el servicio a finales de diciembre de 2025 y la Diputación Provincial de Salamanca asumió directamente su gestión desde el 1 de enero de 2026. Los trabajadores defendían la continuidad de sus empleos, pero el conflicto terminó en los tribunales al no resolverse la situación mediante un acuerdo. El resultado fue una sentencia que declaró improcedentes los despidos y abrió la puerta a una indemnización conjunta superior a los 571.000 euros.

Los 25 bomberos finalizaron su contrato con la empresa

La disputa comenzó con el final del contrato de Demontes. La empresa comunicó a los bomberos que pasarían a depender de la Diputación de Salamanca, al considerar que se produciría una subrogación de sus contratos. Sin embargo, el Juzgado de lo Social número 3 de Salamanca concluyó que no existía un supuesto de sucesión de empresa que obligara a la institución provincial a asumir a los trabajadores. La cuestión resultaba decisiva porque el cambio de gestión no implicaba, según el fallo, que la Diputación tuviera que convertirse en la nueva empleadora. Al mismo tiempo, la empresa no podía poner fin a las relaciones laborales como si los contratos hubieran quedado automáticamente trasladados a la Administración.

Más de medio millón de euros de indemnización total

El conflicto llegó finalmente a los tribunales después de que un intento de conciliación entre las partes terminara sin acuerdo. El Juzgado de lo Social número 3 de Salamanca dictó sentencia el 11 de junio de 2026 y declaró improcedentes los despidos de los 25 bomberos. La resolución establecía las consecuencias previstas para este tipo de despido, con la posibilidad de readmitir a los trabajadores y abonar los salarios de tramitación o indemnizarlos. Demontes optó por la segunda alternativa, de modo que los bomberos no serán readmitidos por la empresa y recibirán las indemnizaciones correspondientes. La cuantía conjunta supera los 571.000 euros, aunque la cantidad exacta varía entre trabajadores y no se ha publicado un desglose individual en la información disponible.

Todavía se puede recurrir al Tribunal Superior de Justicia

El fallo deja así un escenario muy distinto al que planteaba inicialmente el cambio de gestión. La Diputación Provincial de Salamanca asumió el servicio desde el 1 de enero de 2026, pero no ha sido condenada a hacerse cargo de los contratos de los bomberos. La responsabilidad económica recae sobre la compañía contratante, que deberá afrontar las indemnizaciones derivadas de unos despidos considerados improcedentes. La sentencia, dictada el 11 de junio, podía ser recurrida mediante recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.