La sombra de Lesbos: "La mayoría seguirá en Ceuta, no lo decimos por miedo al estallido social"
La crisis migratoria de Ceuta ha entrado en una segunda fase, menos espectacular que la entrada masiva de finales de julio, pero mucho más difícil de resolver. El Gobierno trabaja ya internamente con una hipótesis que todavía evita asumir públicamente: la mayoría de los migrantes, todavía no contabilizados, que permanecen en la ciudad no podrán ser expulsados y tendrán que quedarse en la ciudad autónoma.
Fuentes gubernamentales consultadas por LA RAZÓN señalan que éste es el principal escenario de trabajo que manejan los departamentos implicados en la gestión de la crisis. "No significa que se hayan paralizado las devoluciones ni que el Ejecutivo renuncie a ejecutar las que legalmente sean posibles", precisan. Si bien, la conclusión interna es otra: la salida de todos los migrantes que continúan en Ceuta resulta a estas alturas improbable y el Gobierno tiene que organizar su respuesta partiendo de que miles de ellos permanecerán en España. "Sabemos que no vamos a poder expulsar a la mayoría, pero no se puede decir en público para no echar leña al estallido social", explican las citadas fuentes. Aquí entran las contradicciones del discurso del Gobierno sobre el futuro de la ciudad autónoma y sobre su compromiso de conseguir que todos los que entraron de manera irregular retornen por la frontera que quebrantaron.
Es la sombra de Lesbos que comienza a proyectarse sobre Ceuta. No son crisis equiparables en dimensión, características o condiciones, pero sí coinciden en el riesgo de que una emergencia concebida inicialmente como transitoria se transforme en una situación de permanencia, con miles de personas pendientes de identificación, protección internacional, reagrupación, acogida o devolución y una ciudad obligada a convivir durante tiempo indefinido con una excepcionalidad que todavía no ha conseguido superar.
Los propios movimientos del Ejecutivo apuntan ya en esa dirección. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un plan de choque para Ceuta y el Gobierno está ampliando progresivamente su capacidad de acogida. Hay ya más de 3.400 plazas habilitadas y el objetivo es llegar a las 6.000. Se buscan espacios, se acondicionan instalaciones y se reorganizan los alojamientos para sacar a los migrantes de calles y asentamientos improvisados. Pero no hay plan ni calendario más allá.
Los últimos datos oficiales ofrecidos este martes ayudan a dimensionar el problema. El ministro Ángel Víctor Torres aseguró tras el Consejo de Ministros que 3.519 migrantes han regresado voluntariamente a Marruecos entre el 10 y el 31 de agosto. Pero el número de expulsiones ejecutadas durante ese periodo se reduce a 214.
El Gobierno insiste en que los procedimientos continuarán y en que la entrada irregular en España no garantiza el derecho a permanecer en el país. Sin embargo, las cifras muestran la enorme distancia entre un retorno voluntario -el grueso de quienes han regresado a Marruecos- y la capacidad efectiva del Estado para expulsar a quienes no quieran marcharse. Éste es precisamente uno de los elementos que alimentan las dudas internas sobre el futuro de quienes permanecen en Ceuta.
A mediados de agosto el propio Ejecutivo llegó a calcular que hasta 5.000 migrantes podían ser susceptibles de acogida: aproximadamente la mitad por tratarse de menores y el resto porque podían solicitar protección internacional. La fotografía ha cambiado a medida que avanzan las identificaciones, pero el problema jurídico permanece. No todos pueden ser expulsados y tampoco todos pueden ser devueltos inmediatamente a Marruecos. Y sobre cuántos son exactamente tampoco existe todavía una respuesta definitiva.