Nadie en el instituto Ítaca, en Zaragoza, ha sido capaz de olvidar el viaje que en 2022 realizaron los estudiantes de Bachillerato a Bélgica. La noche del 13 de marzo, Mario Conesa, de 17 años, se quedó solo en el hotel por estar enfermo mientras sus profesores y el resto de la clase cenaban fuera. A Mario se lo encontraron muerto sus compañeros al volver al hotel , pero no estaba en su cuarto, lo hallaron al fondo del hueco de las escaleras de emergencia del hostal donde se alojaban tras haber caído de una altura de tres plantas. Según se supo después, el joven ya había presentado antes algunos síntomas como fiebre, náuseas y malestar general. En las cámaras de seguridad del hotel quedó registrado cómo Mario se despertó sobresaltado. Salió de la habitación sin gafas, sin calzado y sin móvil. Se desplazó hasta el pasillo, tocó en alguna habitación de compañeros, gritaba. Las imágenes muestran que estaba en estado de pánico, desesperado al no encontrar a nadie. Deambuló y después se produjo el accidente. Cayó por el hueco de las escaleras de emergencia. Más de cuatro años después, en enero de 2027, la Audiencia Nacional juzgará a los dos profesores responsables de aquel viaje de estudios por homicidio imprudente y piden hasta cuatro años de cárcel. La ley deja claro que la responsabilidad civil de lo que ocurra en actividades fuera del centro es de los docentes. Sin embargo, el problema aparece cuando se produce un accidente grave por la dificultad de valorar una imprudencia penal. Por eso, la sentencia que dicte la Audiencia Nacional marcará un antes y un después. Pero más allá de las consecuencias penales que aquella trágica historia pueda tener para los dos docentes, su impacto se está notando este curso en aulas de toda España. En comunidades como Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana o Cantabria los profesores de cientos de colegios e institutos se están negando a salir con sus alumnos en excursiones o en viajes de estudios por miedo a que ocurra algo como lo que le pasó a Mario Conesa. El boicot a las salidas empezó primero en los centros de Aragón y, de hecho, allí hay varios grupos de docentes que se están movilizando para apoyar a sus colegas ante el juicio que se celebrará en enero. «Aquí, en Aragón, me consta que hay un porcentaje muy elevado de centros que han vetado este curso las excursiones o los viajes de estudios. Sé, además, que hay varias consejerías de Educación de distintas partes de España que quieren que este tipo de salidas se regulen», asegura a este diario Teresa Hernández, del sindicato docente ANPE en Aragón. En agosto, esta región fue la primera en aprobar una regulación específica para las actividades extraescolares, complementarias y los viajes de estudios, una medida que buscaba ofrecer mayor seguridad jurídica a los centros educativos y aportar criterios homogéneos para la organización de estas iniciativas. En concreto, se fija un mínimo de dos docentes responsables por actividad (ampliable según las necesidades del grupo) y se marcan ratios orientativas de acompañamiento de un profesor por cada 15 alumnos en Infantil, 23 en Primaria, 30 en Secundaria, Bachillerato y FP, y 3 en Educación Especial. Asimismo, se garantiza un descanso mínimo de 12 horas para el profesorado tras el regreso antes de su reincorporación laboral, al tiempo que se reafirma el carácter voluntario de las actividades extraescolares (para alumnado y docentes) y el obligatorio de las complementarias por estar vinculadas al currículo. Sin embargo, los sindicatos creen que esta medida no es suficiente. «Todavía no nos sentimos protegidos porque las salidas siguen sin estar reguladas, aunque esta normativa ordena un poco. Muchas personas no son conscientes de que los profesores pueden enfrentarse a responsabilidades penales», añade Hernández. «Esta reivindicación no es nueva. Hay veces que uno no quiere arriesgarse. Imagina que los alumnos no se pueden permitir pagar el autobús y tienen que coger el metro. Supone un mayor riesgo y, por eso, yo entiendo que haya docentes que prefieran no jugársela », ejemplifica Sonia García, que es vicepresidenta de ANPE España. En este inicio de curso, que ha estado marcado por las reivindicaciones docentes, la regulación de las excursiones y salidas está sonando mucho a nivel nacional. Por ejemplo, en Cantabria, los profesores han recordado que desde 2025 piden una regulación garantista ante «los riesgos y la responsabilidad» que implican los viajes de fin de curso y las salidas con pernocta. En Cataluña, en torno a 1.300 escuelas e institutos públicos se sumaron a una iniciativa para no programar colonias ni tampoco excursiones. En la Comunidad Valenciana, también en un ambiente de huelga, los sindicatos docentes han amenazado, como una medida de presión, con no participar en actividades extraescolares que impliquen voluntariedad y que se salgan del horario laboral.
