El precio oculto de los accidentes de motocicleta en Costa Rica
¿Cuánto le cuesta a un país un accidente de tránsito? Más que un vehículo destruido o una factura hospitalaria, también puede significar ingresos perdidos, meses de rehabilitación, cuidados familiares y décadas de vida truncadas. Es una factura social y económica que pocas veces calculamos completa.
El Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) mide parte de ese costo mediante los años de vida saludable perdidos por lesiones relacionadas con el transporte: suma los años perdidos por muerte prematura y los vividos con discapacidad. En Costa Rica, el indicador pasó de 766 por cada 100.000 habitantes en 2022 a 946 en 2025: un aumento del 23,5%. No son miles de colones, sino salud y oportunidades que desaparecen. ¿Pero qué hay detrás de ese deterioro?
Una parte de la respuesta viaja en dos ruedas. Según el Anuario 2025 del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), hubo 12.073 accidentes con víctimas que involucraron motocicletas, 33 diarios y casi dos de cada tres del país, considerando el total de accidentes. Sus ocupantes representaron el 52% de los fallecidos en el sitio y el 63% de los heridos graves del total. Así, por cada 100 ocupantes de moto involucrados en accidentes, 13 murieron o quedaron gravemente heridos; entre los de automóvil, menos de tres.
Y este es un problema que crece; entre 2018 y 2025, las colisiones con motocicleta aumentaron un 44%, frente al 25% del total de accidentes con víctimas. Sin embargo, no hay evidencia de que cada colisión sea cada vez más grave; su proporción de gravedad se mantiene relativamente estable, pero hay más víctimas porque hay más accidentes.
Aquí comienza el relato: ocho de cada diez ocupantes de moto involucrados son hombres y dos de cada tres tienen entre 15 y 34 años, jóvenes. Por ejemplo, pensemos en alguien de 25 años que muere camino al trabajo o sobrevive con una discapacidad. Se pierden años de vida, de formación, de productividad y de autonomía. El costo alcanza a la familia que cuida, al empleador, a los servicios de salud y a toda la sociedad. La tragedia individual tiene una dimensión colectiva.
Los datos también revelan cuándo ocurre el peligro. El mes más peligroso es noviembre, que promedió 37 accidentes por día, seguido de diciembre, con 35 accidentes diarios. Respecto al momento del día, a las 7 de la mañana hay más accidentes, lo que coincide con los traslados cotidianos. Pero a las 4 de la madrugada, casi cuatro de cada diez tienen consecuencias graves.
El domingo, aunque registra menos accidentes por día, es el más peligroso: el 21% son graves, frente al 12% de los miércoles. Entre 2018 y 2024, los domingos, de 4 a 5 de la mañana, esa proporción alcanzó el 41,5%.
La geografía nos da más detalles de la problemática. En la provincia de San José, el 8% de los accidentes de motocicleta son graves; en Guanacaste, el 35%, y en Limón, el 39%. A nivel cantonal, Nicoya registró 92 accidentes graves entre 224 accidentes totales con moto; el cantón de San José, 90 entre 1.277. Es decir, Nicoya tuvo más casos graves con menos de una quinta parte del total de accidentes. Estas brechas obligan a mirar la infraestructura, la velocidad y la respuesta de emergencias.
Pero, ¿y entonces, qué hacer? Viendo hacia el mundo, hay soluciones que han funcionado, como sustituir campañas genéricas por intervenciones focalizadas (España), usando los datos que se tienen, por ejemplo, controles de alcohol y velocidad en las madrugadas de fin de semana (México); mejoras en los tramos o rutas con mayor número de accidentes (Colombia); formación para motociclistas principiantes (Nueva Zelanda), y atención prehospitalaria más rápida fuera del Valle Central.
Por supuesto, para diseñar soluciones, hay que entender el contexto y entender que la motocicleta no aparece en el vacío. Para miles de personas, es una solución individual frente al costo, las distancias y las deficiencias de la movilidad colectiva.
Pedir prudencia sin ofrecer condiciones más seguras es trasladar casi toda la responsabilidad a quienes están más expuestos. Finalmente, la seguridad vial es salud pública, economía y progreso social. El dato nos muestra cuántos años de vida saludable perdemos; el relato, quiénes los pierden y qué podemos hacer para que vuelvan a casa.
Jaime García es director para América Latina del Índice de Progreso Social.