Defensora avisó a Laura Fernández, desde el 12 de octubre, que haría una inspección al Cacco: lea aquí la carta
La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, comunicó a la presidenta de la República, Laura Fernández, desde el 12 de octubre, que realizaría una visita técnica de inspección al Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (Cacco), luego de declinar la invitación para asistir a su inauguración.
Así consta en el oficio DH-1318-2026, firmado digitalmente por Cruickshank el 12 de octubre y dirigido a Fernández, en respuesta a la invitación para asistir al acto oficial de inauguración del Cacco, un anexo del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero, conocido como La Reforma, que se realizó el pasado 14 de octubre.
En el documento, la defensora explicó que no podría participar en la actividad debido a compromisos institucionales previamente adquiridos con grupos comunitarios, relacionados con labores de monitoreo y protección de los derechos humanos.
Sin embargo, en la misma comunicación manifestó su interés en realizar, “a la mayor brevedad posible”, una visita técnica de inspección al nuevo centro penitenciario, acompañada por un equipo especializado.
La funcionaria detalló que el propósito sería “conocer y valorar directamente las condiciones de infraestructura, seguridad, funcionamiento, gobernanza y garantía de los derechos fundamentales de las personas que, eventualmente, serán privadas de libertad en dichas instalaciones”
Además, solicitó a la mandataria girar las instrucciones de coordinación al Ministerio de Justicia y Paz, a la Dirección General de Adaptación Social y a las autoridades del centro, para facilitar la inspección en el plazo más próximo posible y garantizar las condiciones de acceso y acompañamiento técnico necesarias.
Inspección como parte de sus competencias
En el oficio, Cruickshank justificó la solicitud de inspección en el mandato legal de la Defensoría de proteger los derechos e intereses de los habitantes y en la importancia del monitoreo independiente de los centros de privación de libertad.
También indicó que la institución ya había dado seguimiento a las condiciones de reclusión en el sistema penitenciario nacional y trasladado al Ministerio de Justicia y Paz observaciones y preocupaciones relacionadas con los regímenes de alta contención.
La defensora señaló que, aunque el fortalecimiento de la seguridad penitenciaria y el combate al crimen organizado son responsabilidades fundamentales del Estado, su implementación debe respetar el ordenamiento jurídico y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
“La seguridad y el respeto de la dignidad humana no constituyen objetivos contrapuestos, por el contrario, son las bases de una agenda común de trabajo”, manifestó en la carta.
La visita finalmente se realizó el 13 de noviembre, con la participación del fiscal general de la República, Carlo Díaz, y funcionarios de la Defensoría de los Habitantes y la Defensa Pública.
La inspección generó reclamos del ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, quien cuestionó que las autoridades del centro no fueran informadas previamente de la inspección.
El malestar también llegó a la Asamblea Legislativa. La bancada oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) impulsó y aprobó dos mociones para solicitar la renuncia o destitución de Díaz y Cruickshank.
Pese a la exigencia oficialista, la defensora anunció este jueves que no renunciará a su cargo.
