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El TEC paga el costo de un recorte que aún discutía la Asamblea

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El gobierno propuso reducir los recursos destinados al Tecnológico de Costa Rica (TEC) para sus sedes regionales. Mientras la Asamblea discutía la rebaja, el MEP comunicó que suspendería los tres últimos desembolsos del año. La justificación fue el recorte incluido en el proyecto. Una propuesta pendiente comenzó a afectar una transferencia del presupuesto vigente.

Esta vez, los recursos ya estaban incorporados en la Ley de Presupuesto de 2026 y el TEC había recibido los primeros nueve pagos mensuales. Los tres restantes suman cerca de ¢493 millones, exactamente la cantidad que Hacienda pretende rebajar.

Al 20 de noviembre, el presupuesto extraordinario seguía en trámite, sin haber sido aprobado en el primer debate. Sin embargo, desde octubre, el TEC dejó de recibir los giros y comenzó a cubrir con recursos propios los salarios, las becas y el funcionamiento. La discusión legislativa continuaba mientras la universidad absorbía el déficit.

El impacto se concentra en Limón, donde se destinaba más del 90% de esa transferencia. Allí estudian más de 400 personas. La incertidumbre presupuestaria afecta los recursos previstos para sostener su formación y obliga a reasignar fondos de otras actividades y campus.

Conare aprobó un aporte solidario que cubre cerca del 58% del faltante, aunque todavía requiere trámites para poder utilizarse. Ese auxilio se obtuvo mediante ahorros, recursos universitarios y la postergación de proyectos. Permite amortiguar la suspensión, pero distribuye su costo dentro del mismo sistema: otras necesidades ceden espacio para sostener la operación del TEC.

La caída de los ingresos públicos exige ajustar el gasto. También corresponde examinar la ejecución y la disponibilidad de las universidades. Pero la existencia de un superávit no demuestra, por sí sola, que haya dinero disponible para sustituir cualquier transferencia. Importan los compromisos adquiridos y los usos permitidos de esos recursos.

Hacienda administra la caja y una asignación presupuestaria no implica un desembolso inmediato. En este caso, sin embargo, la razón comunicada para detener los pagos fue una rebaja que aún se estaba discutiendo. La Sala Constitucional deberá resolver el reclamo presentado por la universidad.

La consecuencia institucional ya es visible. Cuando se suspenden los giros mientras se tramita su eliminación, la Asamblea delibera sobre una decisión que ya ha comenzado a afectar los servicios. La institución receptora debe financiar la espera. En Limón, el costo de anticipar el resultado legislativo recae en los recursos que sostienen becas, salarios y la continuidad académica.

affa17@gmail.com

Andrés Fernández Arauz es economista.


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