La Junta abre expediente disciplinario al funcionario que prendió el “caso Infoca”
No ha habido deserción por su parte en el empeño de llevar a los tribunales lo que considera irregular, pero la situación de Jaime G. D., el funcionario que prendió con una denuncia el caso judicial en el que se investiga la asignación millonaria de medios aéreos para el plan Infoca, sí ha cambiado en las últimas horas. La Junta ha incoado un expediente disciplinario contra él, vía acuerdo firmado por José Luis Hernández, quien es el viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el departamento en el que trabaja el funcionario y al que pertenecen seis de los investigados en el mencionado proceso judicial.
De acuerdo al escrito que rubrica Hernández, al que tuvo acceso LA RAZÓN, la decisión arrancó con uno previo de otra funcionaria de la consejería en la que exponía un encontronazo que tuvo con Jaime G. D. el pasado 29 de septiembre y en el que, según ella, la habría empujado «con fuerza» para pasar a un despacho y tuvieron un intercambio de frases con algún insulto, tras lo que pidió que se modificara su día de tarde de servicio para no encontrarse con él. A ello, el Gobierno andaluz suma otro escrito registrado telemáticamente por el propio Jaime G. D. en el que éste expone su versión de lo sucedido en aquel momento y en otros del día 28 de septiembre y el 2 de octubre porque, dice, «sabe de lo que es capaz» la funcionaria y no quiere que «se invente» que le ha hecho nada. Adelanta luego que «ya pronto dirá» que la ha intentado «violar» y que «la perseguía por los pasillos, como más o menos decía la otra jefa de departamento», de acuerdo a lo que se recoge en el documento interno por el que se le ha expedientado y en el que se refleja otra frase gruesa como es: «Hombre, si me dan 20.000 euros, ahí sí que la violo, pero una vez y con sufrimiento».
Entiende el viceconsejero que los hechos «pudieran ser constitutivos de una o varias faltas disciplinarias graves y muy graves, tales como acoso laboral y moral, sexual y por razón de sexo, grave desconsideración con las compañeras y atentado grave a la dignidad de las funcionarias».
«Sin prejuzgar el fondo de la resolución definitiva del procedimiento –se señala en el escrito–, en el presente caso concurren suficientes indicios racionales sobre la existencia de faltas cuya gravedad justifica y avala la adopción, con urgencia, de la medida cautelar de suspensión provisional» en su puesto de trabajo. De hecho, según pudo constatar este periódico, ya ayer el funcionario de Medio Ambiente no pudo acceder al mismo, tras habérsele advertido el jueves anterior que no lo hiciera. Jaime G. D. trasladó ayer a este diario en relación a la argumentación del acuerdo de apertura de expediente que «se han sacado frases fuera de contexto». Defendió que se trata de una «cacería» contra su persona por haber llevado a los tribunales la «corrupción» y sacado a la luz «irregularidades» que supuestamente se estarían produciendo en el seno de la Administración autonómica. Entiende que el expediente es una «represalia» por su denuncia activa.
No es el primero que sufre. En octubre de 2015 le abrieron otro por el que se le impuso la sanción de suspensión de funciones durante 60 días por la comisión de dos faltas graves y que acabó en los juzgados, que le dieron la razón y se reincorporó a su empleo. Se da la circunstancia además de que la jueza que arma el «caso Infoca» y titular del juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, María de los Reyes de Flores, mandató el pasado julio que se dedujera testimonio «por acoso laboral» a Jaime G. D., con «copia» de las «dos denuncias» que éste le recordó que había presentado por esa presunta situación, como ya informó este diario. En ellas el trabajador de la Junta mantenía que era objeto de supuestas «amenazas» y que incluso llegó a ser avisado por un compañero de que «iban a por él» y de que «le iban a dar bien». El funcionario no sólo se ha convertido en el estandarte del «caso Infoca» en el que se intenta discernir si hubo delitos de prevaricación. Alertó al juzgado sevillano de que debería comprobar también si no sucedía algo similar en «los contratos de transporte sanitario» licitados por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) de la Consejería de Salud, sin que la Junta hiciera «nada por evitarlo». La magistrada abrió nuevas diligencias.