Cuatro millones para liberados y casi seis para ayudas a empleados públicos
La letra pequeña del proyecto de Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2018 que se vota mañana en el Parlamento recoge numerosas partidas presupuestarias que se pierden en un mar de cifras. Entre otros programas que se contemplan, hay dos que muestran la importancia que el Gobierno andaluz ha dado en los últimos meses para congraciarse de nuevo con los empleados públicos después de varios años de recortes con motivo de la crisis económica. Es el caso del programa relativo a la «modernización y gestión de la función pública» y el de «acción social del personal».
El primero de ellos, pese a que su nombre puede llevar a equívoco, se dedica «a financiar las sustituciones por dispensa sindical». No se trata de una cifra modesta ya que asciende a cuatro millones de euros. En la memoria se justifica la cantidad porque hay que abonar la sustitución de liberaciones sindicales «no solo en el ámbito de la Administración General, sino también en los otros tres sectores, Enseñanza, Sanidad y Administración de Justicia, en relación con las liberaciones de la Mesa General y de Prevención de Riesgos Laborales».
La cifra de liberados sindicales totales no se conoce. Este periódico publicó recientemente que el número de personas con dispensa sindical total en el sector de la Administración General ascendía a 487. De ellos, 155 corresponderían a la red integrada por los funcionarios y los restantes 332 formarían parte del colectivo que conforma el personal laboral. La Consejería de Hacienda y Administración Pública sí apunta que su volumen total es importante porque en la memoria señala que «dada la repercusión que alcanza esta figura en el ámbito de la Junta de Andalucía se entiende necesario adoptar las medidas presupuestarias necesarias para el ejercicio 2018 con el objetivo de que dichas liberaciones no repercutan en la prestación del servicio en las distintas consejerías, conjugando así la satisfacción del derecho a la función representativa con una adecuada prestación del servicio público».
Otro programa presupuestario que supone un nuevo guiño a los empleados públicos es la recuperación de la acción social del personal al servicio de la Administración de la Junta. Se trata del desarrollo del acuerdo que se firmó en junio de 2016 con los sindicatos integrantes de la Mesa General de Negociación Común de la Administración autonómica –CC OO, UGT y CSIF– y que presidió la presidenta de la Junta, Susana Díaz. Es el mismo pacto por el que se acordó la implantación de las 35 horas semanales y el abono del 75 por ciento pendiente de la paga extra de 2012 en tres plazos. En concreto, la recuperación de las ayudas de acción social –suspendidas en 2012 para reducir el déficit y lograr los objetivos estabilidad presupuestaria a excepción de las destinadas a la atención a personas con discapacidad y las indemnizaciones que se otorgan a cargo del seguro colectivo de accidentes– deberá entrar en vigor en 2019.
La Junta define la acción social como «el conjunto de medidas, actividades o programas, reguladas en este Reglamento o en las disposiciones concordantes, encaminadas a promover el bienestar social del personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus familiares, siempre que queden acreditadas las condiciones que se establezcan en cada caso». Igualmente apunta que «los fondos destinados a la Acción Social tendrán, como norma general, un carácter compensatorio y tenderán a beneficiar al mayor número de trabajadores».
Para 2018 se contemplan 5,7 millones de euros, un 3,5 por ciento más que el año anterior. Esta cantidad deberá ser mayor para el ejercicio 2019. Entre los objetivos de este programa para la próxima anualidad se incluye la elaboración de «estudios e informes para evaluar la situación actual de las ayudas y las nuevas necesidades a cubrir»; las «reuniones con la Mesa General de negociación común del personal funcionario, estatutario y laboral, para conocer las demandas del sector público andaluz en esta materia»; y las citas «con la Dirección General de Política Digital para adaptar el tramitador de convocatorias en SIRhUS a las ayudas que puedan recuperarse o, en su caso, al diseño de nuevas modalidades».
El próximo año deben estar cerradas las posibles modificaciones contempladas en el reglamento de ayudas a los empleados públicos. La memoria especifica que hay que «adaptarlo a la normativa aprobada durante estos años para que pueda dar respuesta a las nuevas necesidades y demandas del personal empleado público».
La batería de beneficios sociales que reciben los trabajadores de la Administración regional están regulados mediante la Orden de 18 de abril de 2001. Su naturaleza es diversa. El artículo 2 de la citada orden desglosa que podrán recibir compensaciones para «ayuda médica, protésica –dentarias, oculares, auditivas y de fonación– y odontológica»; «para atención a disminuidos»; «ayudas por defunción y sepelio»; «préstamos sin intereses para necesidades urgentes» como un divorcio, la realización de obras necesarias e imprescindibles para la conservación de la vivienda habitual o la adquisición de un vehículo; «indemnización por accidentes»; «ayuda de carácter excepcional»; «de estudios»; «de guardería y cuidado de hijos»; «para alquileres»; y «préstamos sin intereses por adquisición de primera vivienda».
La Junta pactó también con los sindicatos CSIF, CC OO y UGT A la recuperación del 10% de las retribuciones variables, restitución que se realizará en dos tramos, a razón de un 5% en 2018 y el otro 5% en 2019.