Los asalariados de la Junta crecieron en 219.300 desde 1988 hasta 2016
La Administración andaluza se ha demostrado un vivero incontenible de puestos de trabajo. Esa efervescencia contratante ha quedado reflejada en la actividad estadística del propio Gobierno autonómico con la que se pretende establecer un sistema de información para disponer de una base de datos vinculada al mercado de trabajo en la comunidad. Dentro de ella, LA RAZÓN ha localizado a través de la página web que soporta la Junta una tabla centrada en los asalariados del sector público en la región en el periodo comprendido entre 1987, ejercicio del que parte el recuento, y 2016. Se trata pues de una etapa de 29 años con sucesivos gobiernos de un monocolor: socialista.
El cuadro ha sido elaborado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), dependiente de la Consejería de Economía y Conocimiento, a partir de la explotación de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE). Se aportan medidas anuales y, de acuerdo a la memoria técnica hilvanada a dicha actividad censual, se entiende por asalariado a «toda persona que, mediante un acuerdo, trabaja para otra unidad institucional residente y recibe una remuneración». En este caso el empleador es el Ejecutivo regional y el IECA precisa que los datos relativos a 1987 son media aritmética de los tres últimos trimestres y que hasta 1998 el total de contratos laborales que aquél formalizó y que se proporciona no coincide con exactitud con la suma de los incluidos en las categorías de «indefinidos» y «temporales», dado que existían contratos que han denominado «no clasificables».
A partir de ahí, y dejando al margen 1987 al ser el único cuyos parámetros se computan de forma distinta, los contratos indefinidos en la órbita del Gobierno andaluz en 1988 alcanzaron los 275.000, de los que 185.700 fueron a parar a trabajadores masculinos, lo que supone el 67,5 por ciento del total, y 89.400 a mujeres. En 1992 ya se superaron las 300.000 personas fijas en nómina, en concreto se registraron 303.200; en 2009 las 400.000, con 408.000; y en 2016 pasaron a ser 430.700, de las que 222.800 fueron hombres, el 51,7 por ciento del global, y 207.900 mujeres. En definitiva, desde 1988 hasta 2016 aumentaron en 155.700 los asalariados indefinidos del sector público regional.
Por lo que respecta a los trabajadores temporales, en 1988 se registraron 46.700, 28.200 hombres, lo que significó el 61,9 por ciento, a los que se añadieron 18.500 mujeres. En 1991 y 1992 ese número creció hasta los 76.300, en 1999 rebasaron los cien mil con 101.600; en 2009, 152.600 y en 2016 se contabilizaron 110.400, de los que 40.800 fueron hombres, el 36,9 por ciento, y 69.600 mujeres. La diferencia entre 1988 y 2016 en este caso es de 63.700.
Si se agrega a la gente en nómina de forma indefinida los temporales, en 1988 se anotaron 321.900 empleados, de los que 214.000 fueron hombres, esto es el 66 por ciento del total; y 107.900 mujeres. En 1996 ya eran 409.300, que se incrementaron hasta los 525.800 en 2003 y llegaron hasta los 582.700 en 2010, ejercicio en el que se sitúa el pico máximo de la serie. En 2016 se contaron 541.200, de los que 263.600 pertenecían al sector masculino, el 48,7 por ciento, y 272.600 al femenino. La diferencia entre 1988 y 2016 es de 219.300 personas. Si se tiene en cuenta sólo la última década, la resta es de 15.400, correspondiente a los 525.800 de 2006 y los 541.200 de 2016.