La jueza Núñez solicita la extradición del «fugitivo de los ERE», Eduardo Pascual
La jueza del Juzgado de Instrucción Número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha solicitado la extradición de Eduardo Pascual Arxé, fugitivo de la justicia desde el pasado 26 de octubre de 2015 por su papel como principal comisionista en la «trama de los ERE», después de que fuera localizado por la Interpol en el país africano de Burkina Faso.
En un auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la magistrada propone al Gobierno de España que solicite a su homólogo en Burkina Faso la extradición del investigado, que permanecía en busca y captura desde hacía 25 meses. Pascual Arxé incumplió su obligación de comparecencia judicial «adquirida con carácter mensual» en julio de 2015, encontrándose en paradero desconocido desde entonces. La orden de detención librada posteriormente al imputado es ahora ampliada al ámbito internacional por la jueza para su puesta a disposición judicial. Fue descubierto el pasado mes de mayo en Uagadugú, la capital del país africano, donde habría contraido matrimonio con una mujer nacional.
Pascual Arxé, junto con María Vaqué Molas, era el administrador único de Vitalia «en sus distintas denominaciones», recuerda la jueza en su auto, «la cual forma parte del holding europeo Tindex» que a su vez forma parte de un entramado personal y financiero, bajo cuyo control estarían las aseguradoras Fortia Vida y Apra Leven. «El fin del entramado serían las elevadas comisiones de las pólizas, muy por encima del precio del mercado, habitualmente superiores al 15%, cuyo cobro se llevaba a cabo principalmente a través de las sociedades del holding Irson Empresarial y Holding Europeo Tindex.
Núñez destaca el «enorme perjuicio causado» por estas sobrecomisiones a la Hacienda Pública andaluza, que «se acordaban presuntamente por el director general de Vitalia, Antonio Albarracín, con la Administración andaluza, representada entre otros por su director general de Trabajo y Seguridad Social, pero con el conocimiento y autorización de los superiores jerárquicos de ambos (Eduardo Pascual y María Vaqué, de un lado; y el consejero de Empleo, de otro), y con la colaboración de las aseguradoras que eran conscientes de estar incluyendo unas comisiones muy superiores a las del resto del mercado».
La actuación de María Vaqué y el hoy inculpado, Eduardo Pascual –prosigue el auto– fue puesta de manifiesto «por personal vinculado a Vitalia, como Francisco González García o María Brígida Hidalgo». El propio Albarracín manifestó en sede judicial que cuando se encontró a Juan Lanzas, ambos «le comunicaron que tenían que fijar las sobrecomisiones más altas posibles, para luego no tener problemas con los pagos». La jueza argumenta que «estas sobrecomisiones perseguirían el enriquecimiento personal de los máximos responsables» de las mismas: «Pascual Arxé, María Vaqué, Jesús Bordallo y Antonio Albarracín, por lo que respecta a Vitalia», y por parte de la Junta de Andalucía, «entre otros, el director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero».
Por todo ello, la jueza le imputa al fugitivo delitos continuados de cohecho, malversación, prevaricación, contra la hacienda pública, falsedad en documento mercantil y asociación ilícita.
Antes de que se decretara su busca y captura hace dos años, Pascual Arxé estaba en libertad provisional bajo fianza, después de haber pasado casi 15 meses en prisión por orden de la anterior titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya. Ingresó en el centro penitenciario el 24 de marzo de 2013 y salió el 18 de junio de 2014 tras pagar los 6.000 euros a los que se le redujo su fianza. En los meses previos, el hoy prófugo había intentado sin éxito que la Justicia le devolviera el pasaporte esgrimiendo que debía viajar a República Dominicana para conseguir documentos que demostrarían dónde estaba parte del dinero de los ERE presuntamente malversado por los intermediarios.
Vitalia recibió sobrecomisiones por un montante de al menos 36,2 millones de euros –según puso de manifiesto la instrucción– y Pascual Arxé es uno de los 19 investigados en esta pieza separada del caso.
La Dirección General de Seguros detectó en los ERE financiados por la Junta de Andalucía el pago de un exceso de 66.155.573 euros en comisiones por encima de la media de mercado en la pólizas pagadas entre 2000 y 2011, con un sobrecoste medio del 10%.