El Tribunal Constitucional ha declarado nula la reducción de jornada a 35 horas de trabajo para los funcionarios de la Junta de Andalucía y ha estimado el recurso presentado por el Gobierno contra la norma autonómica que la regulaba. Además, el TC ha anulado también la parte de esta norma autonómica que reducía a 18 las horas lectivas semanales para el personal docente de esa Comunidad Autónoma. Así, el Decreto-ley 5/2016, de 11 de octubre, por el que se regulaba estas reducciones de jornada, que ya habían sido suspendidas temporalmente por el alto tribunal, resulta ahora anulado por el pleno del TC, que establece que invade competencias estatales. El Constitucional considera que, al reducir a 35 horas semanales la jornada laboral para los funcionarios públicos autonómicos, el Decreto-ley recurrido vulnera las normas dictadas por el Estado en el ejercicio de su competencia para regular el régimen jurídico de las Administraciones públicas. En concreto, la sentencia declara que ley recurrida invade la competencia del Estado para establecer las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y para regular las condiciones de obtención de títulos académicos.
El decreto ley de la Junta recurrido por el Ejecutivo entró en vigor el pasado mes de enero de 2017 y afectaba a más de 270.000 trabajadores públicos de la administración autonómica.
Según explica la sentencia, la Ley de Presupuestos Generales del Estado fue aprobada por el Gobierno “en ejercicio de su competencia exclusiva para dictar la legislación laboral y para establecer las bases tanto del régimen jurídico de las Administraciones públicas como del régimen estatutario de sus funcionarios”. Esta norma determina que la jornada de trabajo de los funcionarios públicos, incluidos los autonómicos, «no podrá ser inferior a 37 horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en el cómputo anual».
La Junta mantiene el pulso
Tras conocer la sentencia del Constitucional, la Junta de Andalucía indicó que mantendrá para sus 270.000 empleados la jornada «presencial» de 35 horas semanales a la que se sumarán otras 2,5 horas de trabajos preparatorios que los empleados autonómicos realizarán en su tiempo particular. También se mantendrán los 7.000 contratos que la Junta ha suscrito desde que en 2013 implantó este horario laboral, según manifestó ayer la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, quien ha enviado un mensaje de tranquilidad a estos trabajadores.
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