Más de 25.000 plazas para hacer fijos a interinos en tres años
El último Consejo de Gobierno del año sirvió para evidenciar uno de los signos de la salida de la crisis tan en boca de la presidenta de la Junta, Susana Díaz. Con la oferta extraordinaria de empleo público que ayer fue avalada por el Ejecutivo andaluz se pretende reducir la tasa de temporalidad en la Administración al 8 por ciento, frente al 23 actual, una cifra que «se considera óptima teniendo en cuenta que el 92 por ciento de los profesionales han adquirido la condición de fijeza», tal y como aseguró la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero. La primera fase de este proceso incluye un rosario de convocatorias de oposiciones, que se celebrarán durante los próximos tres años y que contemplan un total de 25.520 plazas, al objeto de estabilizar el empleo público.
Un total de 18.618 corresponden al ámbito sanitario, repartidas entre más de un centenar de especialidades de personal sanitario, administrativo, técnico y auxiliar. Destacan las 4.851 plazas de médicos, 4.023 de enfermería, 2.833 de auxiliares y 2.000 para celadores. Ya hay fecha para los primeros exámenes de esta rama, entre febrero y mayo de 2019.
En el ámbito docente se convocan 6.000 plazas, correspondientes a los cuerpos de Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas e Idiomas. De ellas, 3.000 se convocarán en 2018 y otras 3.000 en 2020. El proceso de estabilización en su conjunto prevé un total de 12.603 plazas. Las restantes 6.603 se incluirán en dos ofertas posteriores: una que se aprobará en 2018 con 4.500 para el cuerpo de maestros –la convocatoria será en 2019 y 2021_ y una última en 2019 para 2.103 –convocatoria en 2022–.
Las 902 plazas de la Administración general se reparten entre 720 de funcionarios y 182 de personal laboral. En ambos grupos destacan las destinadas a técnicos de grado medio, como diplomados en Trabajo Social, educadores de centros sociales, arquitectos e ingenieros técnicos.
Las entidades instrumentales también tendrán sus oposiciones, con un total de 3.991 plazas. 869 de ellas corresponden a agencias públicas empresariales sanitarias. En este caso, los consejos rectores de cada entidad serán los encargados de convocarlas.
En relación al personal de la Administración de Justicia, es el Estado el que aprueba la oferta extraordinaria, aunque la Junta propone la inclusión de 388 plazas, que cumplen los requisitos legales.
El siguiente paso es la aprobación de las convocatorias, por lo que ahora se abre un periodo de negociación con los sindicatos en cada ámbito sectorial. Estas convocatorias recogerán el cupo de discapacidad del diez por ciento del total de las plazas, con porcentajes específicos del dos por ciento para discapacidad intelectual y del uno por ciento para enfermedad mental. En todos los casos, se debe acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, siempre que se superen los procesos selectivos. No obstante, las convocatorias serán coordinadas con el resto de comunidades para evitar el «efecto llamada».
Pese a todo, Montero subrayó que la Junta «ha apurado el máximo de las plazas que permitía la ley estatal», ya que «una pata fundamental de la sostenibilidad de los servicios públicos pasa por la condición de fijación del personal». En febrero se pondrá en marcha una ventanilla única para informar con más detalle de las convocatorias.