Los PGE de 2017 se prorrogan, a la espera de que el Gobierno apruebe los de 2018 con la rebaja del IRPF
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2017 se prorrogarán automáticamente este lunes y permanecerán en vigor hasta la aprobación de las cuentas públicas de 2018, que el Gobierno espera conseguir en los próximos meses y que incluirá una rebaja del IRPF para las rentas más baja, la bajada del IVA del cine del 21% al 10% y que espera poder sacar adelante con el apoyo de sus socios de investidura y Nueva Canarias y de nuevo el de PNV.
Al igual que sucedió con las cuentas públicas de 2016, el Gobierno se ha visto obligado de nuevo a prorrogar los Presupuestos de 2017, que recogen un recorte de 276 millones de euros por partidas que han finalizado este año, ante la falta de apoyos para aprobar el proyecto de ley de las cuentas públicas de 2018 en el Congreso dada la minoría de 137 diputados del PP en la Cámara Baja, y en un contexto de un parón en las negociaciones por el desafío independentista en Cataluña.
El Ejecutivo confía en contar con el apoyo de sus socios de investidura y de los partidos que ya respaldaron los PGE de 2017 y el techo de gasto para 2018, paso previo necesario para la aprobación de los Presupuestos. Así, da por seguro el apoyo del PP y Ciudadanos y confía en recabar el del PNV, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y Nueva Canarias, con los que acordó ya algunos aspectos para asegurarse aprobar los PGE de 2018, tras haber contado con su respaldo ya para el límite de gasto no financiero.
Una vez que el Consejo de Ministros apruebe la remisión a las Cortes del proyecto de ley, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentará el libro amarillo en el Congreso, a lo que seguirán las comparecencias de los altos cargos en el Congreso y el debate de totalidad, previa presentación de las enmiendas a la totalidad y al articulado, para su aprobación final en el Congreso. Posteriormente la tramitación proseguirá en el Senado y finalmente regresará de nuevo a la Cámara Baja para su aprobación definitiva. Entonces, entrarán en vigor con carácter retroactivo desde el 1 de enero.
Con el PNV el Gobierno suscribió un pacto para los PGE de 2017 que incluía una revisión del cupo, que suponía la devolución de 1.400 millones del Estado a las haciendas forales por lo cobrado de más por este concepto desde 2007, y el compromiso de concluir la 'Y Vasca' en 2023, si bien la negociación con los nacionalistas vascos quedó aparcada por los distintos acontecimientos del desafío independentista en Cataluña.
Como consecuencia del impacto derivado de la incertidumbre por el desafío independentista en Cataluña, el Gobierno rebajó en el plan presupuestario remitido en octubre a Bruselas sus previsiones de crecimiento para 2018, del 2,6% al 2,3%, al estimar un impacto de 5.000 millones de euros por la crisis catalana, al tiempo que elevó en una décima, hasta el 2,3%, su estimación de déficit.
No obstante, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya adelantó que si volvía la normalidad a Cataluña tras las elecciones, el Ejecutivo podría elevar las previsiones de alza del PIB español para el próximo año al 2,8% o al 3%, por lo que está pendiente una nueva actualización del cuadro macroeconómico.
En el plan presupuestario, el Gobierno proyectaba una disminución del gasto total seis décimas, hasta el 40,6% del PIB. En concreto, el gasto en Sanidad se reducirá del 6% del PIB de este año al 5,8% en 2018, el de Educación del 3,9% al 3,8% y el de protección social del 16,5% al 16,2%, aunque en términos absolutos en Sanidad y protección social se registrarán incrementos.
A su vez, el gasto en servicios públicos generales bajará del 5,9% al 5,7% del PIB, en orden público y seguridad del 1,9% al 1,8%, y el de actividades recreativas, cultura y religión del 1,1% al 1%, mientras que subirá en Defensa, al pasar del 0,9% al 1%, y en asuntos económicos, del 3,7% al 3,8%, en tanto que se mantendrá en protección del medio ambiente (0,8%) y en vivienda y servicios comunitarios (0,4%).
Pensiones y sueldo funcionarios
El Gobierno aprobó a principios de julio el límite de gasto no financiero para 2018, conocido como techo de gasto, que sube un 1,3%, hasta los 119.834 millones de euros, y consiguió el respaldo en el Parlamento de Ciudadanos, PNV y los partidos canarios. Poco después el Senado dio luz verde a los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el trienio 2018-2020 que acompañan.
El año 2018 vendrá acompañado de una revalorización de las pensiones del 0,25%, mientras que, sobre el sueldo de los funcionarios, Hacienda trasladó a los sindicatos a mediados de noviembre la voluntad del Gobierno de evitar la congelación salarial a los empleados públicos en 2018 e incluso de subir los sueldos públicos al menos un 1,5%, así como de llevar a cabo un acuerdo de estabilización de empleo pública.
De hecho, el departamento de Cristóbal Montoro mejoró en tres ocasiones su oferta salarial para 2018 en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas. La última horquilla contemplaba una subida de entre el 5,34% y el 8% en el próximo trienio, un incremento "insuficiente" para los sindicatos.
Respecto a la oferta de empleo público, sobre la que en septiembre las partes están "muy cerca" de alcanzar un acuerdo, pasaría por extender el acuerdo de estabilidad de interinos suscrito el pasado mes de marzo (estabilización de 250.000 interinos en tres aos) al conjunto de las administraciones, que hasta ahora solo afectaba a Sanidad, Educación y Justicia, con una tasa de reposición del 100% a todos los servicios esenciales y del 115% a la Policía Local.
Rebaja del IRPF y ayudas a guarderías
Asimismo, con una reducción del déficit prevista del 3,1% marcado para este año al 2,3% el próximo ejercicio (ajuste de unos 8.000 millones de euros), el Gobierno llevará a cabo una rebaja del IRPF de unos 2.000 millones de euros, pactada con Ciudadanos, de forma que los trabajadores que ganen menos de 14.000 euros al año dejarán de pagar por este tributo. La bajada del IRPF irá destinada a las rentas más bajas, a las familias numerosas y a quienes tienen a su cargo ancianos o personas con discapacidad, así como a personas de "cierta edad" a modo de "prima fiscal", según precisó el ministro Montoro.
Igualmente, están previstas ayudas para que las familias con hijos de 0 a 3 años puedan pagar la guardería, que se articularán a través de un impuesto negativo, un aumento de los permisos de paternidad a cinco semanas a partir de 2018 y la equiparación salarial entre agentes de Guardia Civil y Policía Nacional.
Por su parte, Ciudadanos también demandará que los PGE del próximo año den continuidad a las medidas que ya consiguió incorporar en las cuentas públicas de 2017, entre las que figuran la tarifa reducida para los nuevos autónomos, el complemento salarial para jóvenes y las partidas para dependencia y pobreza infantil. También incluirán partidas para el Corredor Mediterráneo y otras infraestructuras.
De igual forma, contemplarán un incremento de los anticipos a cuenta de las comunidades autónomas "muy por encima" de los 4.500 o 4.700 millones de euros sobre la financiación de este año.
En 2018 se continuará trabajando es en la financiación autonómica, después de que los expertos en la materia presentasen sus propuestas y las CCAA sus alegaciones a las mismas y sus planteamientos propios.
Los 'sabios' sobre financiación regional propusieron, entre otras medidas, un 'IVA colegiado' para que las comunidades autónomas puedan subir o bajar dicho impuesto conjuntamente, mayor capacidad para fijar los copagos, y la armonización del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Las cuentas públicas de 2018 también contendrán una subida de los valores catastrales para buena parte de los 1.831 municipios en los que se actualizarán las referencias de 2018.
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