Proceso constituyente, internacionalización de la República, reducción de tasas universitarias, retirada de los conciertos a los colegios educativos a las escuelas que segregan por cuestión de sexo... Estos son algunos de los puntos del pacto que, según la CUP, habrían abordado junto a Junts Per Catalunya y ERC a cambio de pactar una investidura. Un acuerdo que mientras que los antisistema y el partido de Puigdemont daban por hecho, fuentes de los republicanos sostienen que no era más que un punto de partida para seguir negociando.
Con la investidura en suspenso tras el aplazamiento del pasado martes, ha sido la CUP la que ha dado a conocer un documento en el que se aborda la creación de una Asamblea Constituyente Provisional formada por todos los diputados del Parlament y una representación municipal.
El objetivo final de este proceso debería ser redactar y aprobar una constitución republicana, la cual en el última instancia debería ser o no avalada por la ciudadanía por referéndum. Desde la CUP señalan que el documento no no se llegó a firmar nunca, por desavenencias entre JxCat y ERC que han dejado en el aire la investidura de Puigdemont.
Entre los acuerdos que se plantearon firmar los tres grupos, también está «la internacionalización de la República y la construcción nacional de los Països Catalans», así como el control público y la soberanía de las infraestructuras estratégicas. Destaca la recuperación de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) para gestionarla de «forma pública, transparente, participativa y democrática», y también la no renovación de los conciertos de las escuelas e institutos que segregan por sexo.
El documento también aborda otros ámbitos, como el fortalecimiento de la Sindicatura de Cuentas y la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC), reduciendo los plazos en los que deben presentar sus informes y fomentando la presencia de sus responsables ante el Parlament.
Además, se plantea reducir las tasas universitarias un 30 por ciento, y también modificar el Reglamento del Parlament y la ley del Govern con el objetivo de «establecer cuotas de paridad en todos los ámbitos y cargos de decisión política».
Un punto del documento distingue a lo que los grupos aspiran para la actual legislatura: la CUP avisa de que el documento no es un pacto de gobierno global sino solo para investir al presidente, ya que no coinciden con ERC y JxCat sobre «gran parte de las políticas a desarrollar en la presente legislatura».
JxCat considera en este documento que los principios de la nueva legislatura deben ser restaurar, restituir y rectificar, en alusión a la intervención de la autonomía catalana que se aplicó con el artículo 155 de la Constitución.
Pero, a diferencia de la CUP y JxCat, no hay ningún posicionamiento individual de ERC, ya que en el apartado en el que tocaría que los republicanos ofrecieran su punto de vista se refleja: «A la espera de la última aportación».
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Proceso constituyente, internacionalización de la República, reducción de tasas universitarias, retirada de los conciertos a los colegios educativos a las escuelas que segregan por cuestión de sexo... Estos son algunos de los puntos del pacto que, según la CUP, habrían abordado junto a Junts Per Catalunya y ERC a cambio de pactar una investidura. Un acuerdo que mientras que los antisistema y el partido de Puigdemont daban por hecho, fuentes de los republicanos sostienen que no era más que un punto de partida para seguir negociando.
Con la investidura en suspenso tras el aplazamiento del pasado martes, ha sido la CUP la que ha dado a conocer un documento en el que se aborda la creación de una Asamblea Constituyente Provisional formada por todos los diputados del Parlament y una representación municipal.
El objetivo final de este proceso debería ser redactar y aprobar una constitución republicana, la cual en el última instancia debería ser o no avalada por la ciudadanía por referéndum. Desde la CUP señalan que el documento no no se llegó a firmar nunca, por desavenencias entre JxCat y ERC que han dejado en el aire la investidura de Puigdemont.
Entre los acuerdos que se plantearon firmar los tres grupos, también está «la internacionalización de la República y la construcción nacional de los Països Catalans», así como el control público y la soberanía de las infraestructuras estratégicas. Destaca la recuperación de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) para gestionarla de «forma pública, transparente, participativa y democrática», y también la no renovación de los conciertos de las escuelas e institutos que segregan por sexo.
El documento también aborda otros ámbitos, como el fortalecimiento de la Sindicatura de Cuentas y la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC), reduciendo los plazos en los que deben presentar sus informes y fomentando la presencia de sus responsables ante el Parlament.
Además, se plantea reducir las tasas universitarias un 30 por ciento, y también modificar el Reglamento del Parlament y la ley del Govern con el objetivo de «establecer cuotas de paridad en todos los ámbitos y cargos de decisión política».
Un punto del documento distingue a lo que los grupos aspiran para la actual legislatura: la CUP avisa de que el documento no es un pacto de gobierno global sino solo para investir al presidente, ya que no coinciden con ERC y JxCat sobre «gran parte de las políticas a desarrollar en la presente legislatura».
JxCat considera en este documento que los principios de la nueva legislatura deben ser restaurar, restituir y rectificar, en alusión a la intervención de la autonomía catalana que se aplicó con el artículo 155 de la Constitución.
Pero, a diferencia de la CUP y JxCat, no hay ningún posicionamiento individual de ERC, ya que en el apartado en el que tocaría que los republicanos ofrecieran su punto de vista se refleja: «A la espera de la última aportación».