El Tribunal Supremo ha fijado para el próximo 20 de abril para la celebración de la vista del contencioso que enfrenta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con el Ministerio de Fomento respecto la legislación sobre las empresas de vehículo de alquiler con conductor (VTC), como son Uber y Cabify.
El Alto Tribunal tiene previsto emitir su fallo sobre esta «batalla» en «fechas posteriores» a dicha vista, según ha informado la patronal del taxi Fedetaxi. Esta organización respalda al Departamento que dirige Íñigo de la Serna en este contencioso, junto con otras asociaciones del gremio, como son la Asociación Gremial del Taxi de Madrid, además de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital. Todos ellos deberán comparecer en calidad de defensa el 17 de abril.
La otra parte del proceso judicial la conforman el «superregulador» del mercado, las compañías Uber, Cabify y la patronal del sector Unauto.
El contencioso tiene su origen en abril de 2016, cuando la CNMC decidió recurrir ante la Audiencia Nacional la regulación que el Ministerio de Fomento aprobó en noviembre del año anterior, que fijaba un ratio para ordenar la relación de este sector y el del taxi, de forma que sólo se puede dar una licencia de VTC por cada treinta que se den a los taxistas.
El órgano que preside José María Marín Quemada ha considerado que esta regulación es contraria a la competencia y perjudica a los usuarios finales. De hecho, la CNMC también se ha pronunciado recientemente en contra de las nuevas medidas que Fomento aprobó a finales de 2017 para facilitar la convivencia de entre las VTC y taxi tras las movilizaciones y paros que este último sector secundó a lo largo del pasado año.
Entre estas iniciativas está la prohibición impuesta a los VTC a vender licencias en los dos años siguientes a su consecución y la obligación de inscribir en un registro público todos sus servicios. La comisión ha tildado de «injustificadas» estas mediadas, al estimar que restringen la competencia y, por ello, «repercute negativamente en los consumidores y usuarios».
Se da la circunstancia de que en la actualidad el número de licencias de VTC sobrepasa el ratio establecido con el taxi, dado el vacío legal registrado desde que el último Gobierno socialista liberalizó el sector y hasta el que actual Ejecutivo volvió a regularlo.
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El Alto Tribunal tiene previsto emitir su fallo sobre esta «batalla» en «fechas posteriores» a dicha vista, según ha informado la patronal del taxi Fedetaxi. Esta organización respalda al Departamento que dirige Íñigo de la Serna en este contencioso, junto con otras asociaciones del gremio, como son la Asociación Gremial del Taxi de Madrid, además de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital. Todos ellos deberán comparecer en calidad de defensa el 17 de abril.
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El contencioso tiene su origen en abril de 2016, cuando la CNMC decidió recurrir ante la Audiencia Nacional la regulación que el Ministerio de Fomento aprobó en noviembre del año anterior, que fijaba un ratio para ordenar la relación de este sector y el del taxi, de forma que sólo se puede dar una licencia de VTC por cada treinta que se den a los taxistas.
El órgano que preside José María Marín Quemada ha considerado que esta regulación es contraria a la competencia y perjudica a los usuarios finales. De hecho, la CNMC también se ha pronunciado recientemente en contra de las nuevas medidas que Fomento aprobó a finales de 2017 para facilitar la convivencia de entre las VTC y taxi tras las movilizaciones y paros que este último sector secundó a lo largo del pasado año.
Entre estas iniciativas está la prohibición impuesta a los VTC a vender licencias en los dos años siguientes a su consecución y la obligación de inscribir en un registro público todos sus servicios. La comisión ha tildado de «injustificadas» estas mediadas, al estimar que restringen la competencia y, por ello, «repercute negativamente en los consumidores y usuarios».
Se da la circunstancia de que en la actualidad el número de licencias de VTC sobrepasa el ratio establecido con el taxi, dado el vacío legal registrado desde que el último Gobierno socialista liberalizó el sector y hasta el que actual Ejecutivo volvió a regularlo.