Chillúevar, un pueblo en «shock» tras la denuncia de violación de un niño de 9 años en su colegio
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, perpetrada por un grupo de cuatro menores de etnia gitana en el colegio público donde estudian los cinco. La mujer se llama María (nombre figurado) y está indignada. Le parece sorprendente que en un centro educativo de pequeño tamaño ocurra un suceso de tal magnitud sin que saltaran las alarmas. María se pregunta dónde estaban los profesores cuando, supuestamente, se produjo la agresión sexual. También cuestiona que nadie observara el cambio de actitud que tuvo que producirse en la víctima.
En el San Juan de la Cruz en Úbeda
Los padres, en cambio, sí se dieron cuenta de que algo le ocurría. De ahí que, cuando supieron cuál era la causa, se desplazaran con él al hospital San Juan de la Cruz, de Úbeda, donde los facultativos que le atendieron comprobaron que presentaba heridas compatibles con una presunta agresión sexual. Aunque la familia asegura que hubo penetración anal, el parte médico de lesiones refleja sólo un eritema (enrojecimiento de la piel), si bien es cierto que los hechos tuvieron lugar el 10 de enero y la visita al médico se produjo el 1 de febrero.
La visita al hospital activó el protocolo pertinente, que nace en salud y se ramifica hacia la Fiscalía de Menores y hacia la Junta de Andalucía. La primera tiene en principio poco que hacer, porque la edad, entre 12 y 14 años, blinda a los supuestos responsables: son inimputables. La segunda ya ha actuado administrativamente al expulsar de manera cautelar a los alumnos a quienes la inspección educativa investiga por los hechos. Ha pesado en este sentido el hecho de que, según sopesa la investigación, no es la primera vez, al parecer, que sufre presuntamente agresiones sexuales por parte de los escolares expulsados.
L
os chicos expulsados estudian primero y segundo de educación secundaria obligatoria
Las clases se han impartido sin ellos (también sin su presunta víctima) en el centro educativo, situado en una esquina del pueblo, donde los chicos expulsados estudian primero y segundo de educación secundaria obligatoria. A media tarde, la cancela está abierta. No hay niños en el patio. Ni en las aulas. El personal docente y el administrativo abandona el colegio con rostro serio. Él último empleado que sale cierra la verja. Aparentemente, no queda nadie. La única vida en el interior es vegetal. Procede de una extensa arboleda.
—¿La presunta agresión se produjo en el pinar del colegio?
—No, parece ser que fue en los servicios.
Quien contesta es Rafael, un vecino treintañero asombrado por el suceso, que antes de entrar en su domicilio muestra su preocupación: «Si en un colegio son capaces de hacer una cosa así es de imaginar que fuera de él, sin vigilancia, harán peores cosas». A Rafael (nombre figurado) no le cabe en la cabeza que en un centro educativo que tiene sólo un centenar y medio de alumnos se haya producido la presunta violación del niño, a quien define como menudo, callado y buena gente. Utiliza los mismos adjetivos para retratar al padre. El progenitor del menor trabaja en lo que sale. Él mismo, dice, le ha proporcionado jornales. Tras loar a la familia, humilde y estructurada, retorna al asunto principal: «No sé cómo ha podido ocurrir eso con tanto profesor».
Son casi las cuatro.
—¿Dónde se come bien?
En la cafetería, muy céntrica, se dan cita en torno a una decena de parroquianos. La mitad de ellos abandona presurosamente el establecimiento. La otra enmudece hasta que un cliente rompe el fuego. Alude con tristeza al número de medios de comunicación que han situado a Chilluévar en el mapa por unos hechos que no termina de creerse. Comparte su escepticismo una joven, que asegura conocer bien a los supuestos violadores. «Son chicos muy educados, jamás han dado un escándalo. Y el padre también es muy buena gente. No me lo creo». Dos hombres que toman café se inclinan también por la presunción de inocencia, aunque el hecho de que la propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se diga horrorizada por el suceso, les hace dudar: saben que ella cuenta con información privilegiada.
También dispone de buenas fuentes el delegado del Gobierno en la comunidad autónoma, Antonio Sanz, quien asimismo considera verosímil la denuncia. Sanz, cuyo relato se deriva del atestado de la Guardia Civil, ha avanzado la posibilidad de que la supuesta violación se produjera en el propio centro educativo a la hora del recreo. Los detalles ha preferido omitirlos hasta tanto no disponga del informe de los agentes, que han recabado testimonios sobre el terreno y se entrevistado con los padres del menor supuestamente agredido, a los que tanto la administración central como la autonómica ha ofrecido su apoyo.