Empleo quiere subir más las pensiones liberando gastos de la Seguridad Social
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La idea que maneja el Ejecutivo es contar con esas recomendaciones antes del verano para posteriormente negociar con empresarios y sindicatos las nuevas modificaciones. Si consigue el apoyo de los agentes sociales, el Gobierno tendrá más fácil lograr también los apoyos parlamentarios suficientes de modo que las primeras medidas puedan aprobarse antes de que acabe el año para que en 2019 pudieran comenzar a aplicarse.
A diferencia de las reformas llevadas a cabo en 2011 y 2013, cuando se abordaron cambios paramétricos del sistema, la idea ahora es aligerar de gastos la Seguridad Social, lo que permitiría subir en el futuro más de un 0,25% las pensiones, tal y como reclaman todos los grupos parlamentarios.
Como ya informó este periódico 2018 ha sido el quinto año en el que la nómina de los jubilados ha subido el mínimo que marca la Ley para momentos de crisis del sistema como ocurre actualmente, lo que ha provocado que el pasado año perdieran poder adquisitivo. Esta es una de las principales críticas que en el Pacto de Toledo se realizan al Ejecutivo y al actual sistema de revalorización de pensiones que aprobó el Gobierno de Rajoy en su primera legislatura. Todos los grupos se han mostrado partidarios de buscar fórmulas alternativas al Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), pero no han llegado a ningún acuerdo.
Índice de revalorización
El Índice es un complejo indicador que tiene en cuenta factores como la cuantía de la pensión media por el efecto sustitución, el número de pensiones, los ingresos y los gastos en pensiones, que se encaminan hacia los 9.000 millones mensuales. Y aunque las cotizaciones vuelven a crecer por primera vez desde que estalló la crisis más que los gastos (un 5% frente al 3%) el déficit de las pensiones cerró el pasado año en 18.800 millones.
El departamento que dirige Fátima Báñez confía en apuntalar la sostenibilidad de las pensiones actuando fundamentalmente por el lado del gasto. En este sentido, pretende centrar la nueva reforma en ahondar en la separación de fuentes de financiación del sistema, tal y como demandan las actuales recomendaciones del Pacto de Toledo. Se trataría de trasladar algunas partidas que ahora financia la Seguridad Social a la cuenta de los Presupuestos Generales del Estado, de forma que las prestaciones de naturaleza estrictamente contributiva quedarán en el sistema y las no contributivas pasarán a depender de los impuestos. Sería el caso, por ejemplo, de las pensiones de viudedad y orfandad, decisión que ahorraría al sistema unos 25.000 millones anuales.
El Ejecutivo insiste en que este traslado no significa que estas dos prestaciones perdieran su naturaleza jurídica, como ha venido insistiendo el PSOE, uno de los grupos más reacios. En todo caso, tampoco se haría todo de una sola vez, sino de manera progresiva a lo largo de varios años.
Otra de las medidas de reducción del gasto que estudia el Ejecutivo es convertir las reducciones de cotizaciones y tarifas planas en bonificaciones, que ahora suponen una minoración de los ingresos. Pasar a ser financiadas con el Presupuesto supondría recortar fondos por valor de 1.900 millones. También entrarían en este trasvase de fondos las prestaciones que se pagan por maternidad y paternidad. Esta partida ahorraría 300 millones al año.
Para aumentar los ingresos, desde el Ejecutivo se rechaza la propuesta de PSOE y Podemos de crear un impuesto específico a la banca para financiar las pensiones. Recuerda que la buena marcha de la economía permitirá obtener mayores ingresos por cotizaciones y confía también en los recursos que se obtendrán de la lucha contra el fraude.
Bases de cotización
En el seno del Pacto de Toledo hay también cierto consenso en la necesidad de destopar la base máxima de cotización, lo que permitiría también aumentar la recaudación de la Seguridad Social. Lo que aún deben decidir es si ese destope iría acompañado de un aumento de la pensión máxima, opción que algunos grupos descartan porque, a su juicio, supondría anular el efecto recaudatorio. En ningún caso se trataría de elevar los tipos de cotización.
El Gobierno también apuesta por cambiar el método de cálculo de las pensiones para los trabajadores con largas carreras de cotización que sean expulsados del mercado de trabajo en la antesala de la jubilación. La idea del Ejecutivo es que tengan la opción de poder calcular su pensión tomando toda la vida laboral y descartando unos pocos años en los que hayan cotizado menos. Según fuentes consultadas por ABC esos trabajadores tendrían que
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aber cotizado como mínimo el número de años
que se exige para percibir el cien por cien de la pensión (38 años y seis meses a partir de 2027). Desde 2013 comenzó a aumentar gradualmente de 15 a 25 años el periodo de cómputo legal para calcular la pensión, con lo que este año se hará con los últimos 21 años cotizados y en 2022 se llegará a los 25 años.
La crisis en el PSOE, primero, con el cambio de secretario general, y la crisis catalana después, han ralentizado las tareas de la Comisión del Pacto de Toledo. Ahora parecen estar en su recta final.