El soberanismo asume que Puigdemont no gobernará
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Una vez resuelto que éste no va a recuperar su condición de presidente de la Generalitat, ni tampoco va a poder armar un ejecutivo alternativo en Bruselas como pretende, la discusión entre JpC y ERC se centra en quién asume la presidencia, y cómo se le da a Puigdemont un reconocimiento que necesariamente va a tener que ser simbólico pese a sus pretensiones de seguir mandando desde el «exilio».
Artadi, Sánchez, Turull
Ayer a primera hora de la mañana se filtraba el nombre de la portavoz de JpC, Elsa Artadi (Barcelona, 1976), como hipotética figura de consenso, dándose por hecho un acuerdo que ERC se apresuró a desmentir. Fuentes del partido precisaron a ABC que todavía no hay acuerdo, ni en el fondo ni en la forma, es decir, ni en la manera de articular una salida para Puigdemont, ni el nombre de su relevo. De hecho, el nombre de Artadi no es precisamente el que más consensos genera, y su figura es cuestionada tanto en ERC como en el seno del PDECat, partido del que se dio de baja antes de las elecciones del 21-D para pasar a integrarse en el núcleo de confianza de Junts per Catalunya y entorno de Puigdemont.
En este sentido, el nombre de Artadi casi surge por eliminación, en tanto que las otras dos figuras que también se han puesto sobre la mesa y que más consensos generan Jordi Turull y, de manera particular, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, –como ya informó ABC– tienen un horizonte penal más que complicado y una muy probable inhabilitación dentro de pocos meses.
Artadi, sin mochila judicial por ahora, sería la apuesta de Puigdemont, una manera clara del expresidente de seguir tutelando el Govern desde fuera, y el precio que haría pagar a ERC y a su partido por dar el paso al lado que todos le reclaman. Por el momento, la negociación sigue abierta, y la estrategia de JpC, como en las últimas semanas, sigue siendo la de señalar a Puigdemont como única alternativa. Así lo dijo ayer la misma Artadi en los pasillos de la cámara catalana: «Puigdemont es nuestro candidato pero, sobre todo, es el candidato del Parlament».
Nombres al margen, el otro asunto aún sin aclarar es el del reconocimiento que debe darse a Puigdemont, en una suerte de cuadratura del círculo que para el soberanismo pasa por «legitimar» su figura como «president» sin desairarlo, pero sin que ello implique consecuencias penales para los diputados y a la vez permita que se forme un gobierno efectivo en Cataluña, las dos líneas rojas que ERC ha pintado a JpC sobre la mesa de negociación.
En este sentido, el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, confirmaba ayer en declaraciones a TV3 que ambos grupos negocian una propuesta de resolución para ser debatida y votada en el pleno del Parlament con la idea de reconocer a Puigdemont. Ambos partidos asumen que dicha resolución puede ser impugnada pero sin que ello tenga consecuencias penales. En este sentido, existe el precedente de la resolución con la que se inició la pasada legisatura, cuando el Parlament declaró el «inicio del proceso de creación de un Estado catalán independiente en forma de república». El TC tumbó la resolución. «Estamos mirando el texto con mucho cariño e intentaremos encontrar el equilibro para poder llevarla al pleno y aprobarla cuanto antes mejor», explicó Sabrià. Tras la resolución, la cámara catalana procedería a votar una investidura ya sí con candidato alternativo.
Gabriel en Venezuela
Esta fórmula permitiría a Puigdemont salvar la cara, y evitaría entrar en un terreno mucho más resbaladizo como es el de la reforma de la ley de la Presidencia, como pretendía JpC, para permitir una investidura telemática de Puigdemont. La respuesta de ERC a esta pretensión ha sido clara: no es viable. Tal y como recordó Sabrià, los recursos que la oposición presentaría ante el Consejo de Garantías Estatutarias alargarían los plazos. Sin que lo hiciese explícito, Esquerra rechaza llevar de nuevo el Parlament al escenario del 6 y 7 de septiembre.
Por otra parte, la CUP evitó ayer desvelar dónde se encuentra la exdiputada del Parlament Anna Gabriel, que este mes está citada a declarar como investigada ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, después de que ABC publicase ayer que se ha desplazado a Venezuela, donde barajaría pedir asilo.