Las tres soluciones a la investidura que desechó Torrent
Y es que la investidura de Puigdemont es, a día de hoy, imposible si no se presenta antes ante el juez Llarena. Descartada por el momento la opción de entregarse a la Justicia, el ex president ha tratado de convencer a unos y otros de ser investido de forma telemática.
Esta posibilidad no ha sido aceptada ni por los servicios jurídicos del Parlament ni por el Constitucional, que lo ha prohibido cautelarmente hasta que no resuelva la impugnación de Puigdemont que ha presentado el Gobierno.
La cascada de sucesos posteriores ha conducido al limbo actual: el presidente Roger Torrent suspendió el pleno de investidura y pidió a los letrados de la Cámara un informe sobre el plazo para convocar de nuevo la sesión. Y mientras tanto, ERC y JxCat continúan con los rifirrafes sobre quién es el candidato alternativo.
Informe aplazado
Sin embargo, diez días después del encargo de Torrent, los letrados aún no han hecho público el informe. Se dará a conocer este viernes, previsiblemente, después de varios anuncios de su inminente publicación.
De hecho, fuentes cercanas a los servicios jurídicos afirmaron a este confidencial que tenían definidas las líneas básicas: determinar que el plazo para la investidura no comienza hasta que se produce la primera votación en la Cámara.
Sin embargo, discrepancias internas de los letrados y la disconformidad de Torrent con el primer informe han obligado a aplazar el dictamen.
El contenido del documento
Según ha podido saber El Confidencial Digital de las mismas fuentes, el primer informe fue elaborado por un letrado que, tras señalar que el plazo no había empezado a correr, añadía tres sugerencias de actuación a Torrent.
La primera opción era buscar un candidato alternativo a Puigdemont, vistas las dificultades de investirle a día de hoy. La intención del ex president es permanecer en Bruselas, donde se fugó, ya que ha hecho gestiones para empadronarse e incluso ha buscado una vivienda.
En esta disyuntiva navegan sectores de ERC y JxCat, hasta el punto de que Puigdemont se ha sentido traicionado por quien fuera su segunda de abordo en el PDeCAT, Elsa Artadi. La diputada maniobra para hacerse con la presidencia de la Generalitat a espaldas de su mentor.
La segunda posibilidad era retrasar la investidura hasta que el TC se pronunciara sobre la impugnación de Puigdemont, dada su condición de prófugo de la Justicia.
El Alto Tribunal tiene hasta cinco meses de plazo para responder, lo que significa que Cataluña continuaría gobernada por Moncloa en virtud del artículo 155 de la Constitución al menos hasta junio.
El ‘tamayazo’
Por último, la tercera opción del letrado a Torrent era acudir al Consejo de Estado para pedirle un dictamen sobre la cuestión.
En este sentido, el letrado se amparaba en el precedente de las elecciones autonómicas de Madrid en 2003, cuando el PP de Esperanza Aguirre ganó en escaños pero sin sumar mayoría.
Gracias a dos diputados tránsfugas del PSOE, el socialista Rafael Simancas no obtuvo los votos necesarios para ser investido presidente. Fue el conocido 'tamayazo' en la Asamblea de Madrid. Hasta que no se celebraron nuevas elecciones en octubre, no se desbloqueó la situación.
Pues bien. En medio de la complicada situación de la política madrileña de entonces, el presidente en funciones, Alberto Ruiz-Gallardón, elevó en junio una consulta al Consejo de Estado sobre cuándo empezaba a correr el plazo para la investidura. Por entonces, ningún candidato se quería presentar.
Tras nueve días de deliberación, el Consejo de Estado emitió el dictamen, con tres consignas. La primera, que “no es admisible que la imposibilidad de proponer un candidato produzca una paralización institucional”.
La segunda, que “la realidad de que no existen términos hábiles para que la votación se produzca, precisamente por la falta de un candidato, es de efecto equivalente a una votación fallida”. Es decir, que aunque no hubo pleno de investidura, el plazo debería empezar a correr.
Por tanto, concluyó que la Asamblea debía “apurar durante dos meses toda posibilidad de que sea designado un presidente y celebrar nuevas elecciones si el nombramiento no ha tenido lugar cuando este tiempo haya transcurrido”.
Discrepancias internas
Éste era el contenido del informe de los letrados. Una vez redactado, el ponente, Antoni Bayona, lo presentó al resto. Comenzaron las discrepancias. Se entendía la cuestión inicial: que sin una votación previa, no podía correr el plazo.
Pero no había acuerdo sobre las recomendaciones a Torrent. El secretario general del Parlament, Xavier Muro, y otros letrados, entendieron que podían constreñir al presidente de la Cámara y obligarle a adoptar una u otra.
Torrent quería algo más concreto
Torrent llegó a conocer el contenido del informe y lo rechazó, porque deseaba un documento más concreto, que señalara claramente qué plazo tenía para convocar el pleno.
Ante la imposibilidad de señalar una fecha, a petición de Torrent, Bayona fue apartado de la redacción del informe. Éste fue encomendado a Muro y a otro letrado, que han retrasado la publicación de un nuevo documento hasta este viernes.