La Guardia Civil reparará más de treinta radares antinarcos y emigración ilegal que están averiados
Entre las competencias de la Guardia Civil se encuentra “la custodia de vías de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos y aeropuertos, y centros e instalaciones que por su interés lo requieran”.
Para cumplir esa misión de custodiar las costas españolas, el Instituto Armado cuenta con el SIVE, el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior. Se trata de una compleja red de radares, cámaras infrarrojas, sensores acústicos y otros aparatos de vigilancia instalados en puntos en tierra, en barcos, en aeronaves e incluso en satélites.
Su función es vigilar sobre todo la inmigración ilegal y el tráfico de drogas, pero también tiene funciones de defensa, gestión del tráfico marítimo, rescate de naúfragos...
El Confidencial Digital ha podido saber que este año 2018 se va a arreglar un buen número de los radares que conforman este Sistema Integrado de Vigilancia Exterior. La Guardia Civil va a invertir algo más de un millón y medio de euros en un servicio de reparación de sistemas de radar del SIVE en distintos puntos en los que se han detectado fallos.
Son alrededor de treinta los radares y elementos del SIVE que necesitan reparaciones. Se encuentran repartidos por la costa, desde el Atlántico andaluz hasta el Mediterráneo: en los despliegues de Cádiz, Algeciras, Málaga, Almería, Alicante, Valencia y Castellón, además de las Islas Baleares y la ciudad autónoma de Ceuta.
Los radares señalados por la Guardia Civil “presentan daños de diversa índole” que se deben a dos razones: el tiempo de uso de los mismos y las condiciones ambientales en las que desempeñan su función. Por ejemplo, en algunos de estos radares se han detectado grietas por los que se introduce el agua de la lluvia y eso perjudica a los materiales.
Estas averías están mermando la capacidad del SIVE, y por ello la Guardia Civil necesita acometer las reparaciones “con la mayor celeridad” y recuperar la operatividad de todas estas antenas que permiten mantener controlado lo que sucede en la franja de aguas territoriales españolas que va de Cádiz a Castellón, en las Islas Baleares y en Ceuta, donde hay elementos averiados.