Cisnes negros en el estanque laboral
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En el mercado global, la economía se disocia de la política. Las multinacionales de nuestro tiempo, verdaderos protagonistas de la globalización, se mueven en un espacio habitado solo por la economía, no por la política. Los juristas denuncian el repliegue de la soberanía de los Estados, pues no es el Estado el que controla el mercado, sino los mercados los que coartan las decisiones de los Estados. Basta pensar, por ejemplo, en el poder inmenso que tienen las agencias de calificación.
Para los trabajadores, la globalización tiene ventajas e inconvenientes, aunque hoy por hoy estos superan a aquellas. La OIT y las confederaciones sindicales multinacionales luchan por la instauración de un derecho del trabajo global, pero con escasa fortuna. Mientras la nueva lex mercatoria gobierna el mercado global, solo se han dado algunos pasos todavía tímidos, para elaborar un derecho universal del trabajo. Una globalización sostenible debe ir acompañada de una globalización de los derechos sociales, no solo de los que protegen al "homo economicus", sino también de los que salvaguardan la dignidad de los trabajadores.
Y esa es la gran cuestión que subyace en la globalización; la lucha entre lo económico y lo social. Se lucha por el mercado a través del precio de las mercancías relegando los derechos sociales de los que las producen. Y de ahí proviene la pregunta clave: si el Derecho del Trabajo es víctima o culpable cara a los postulados económicos y el empleo. ¿Son las exigencias socio-laborales las culpables de la falta de empleo o las exigencias económicas conllevan una escasez de empleo o, al menos, un empleo indigno y precario, siendo por tanto víctima más que culpable? De momento los efectos sociales de la globalización no son muy positivos. Los consumidores buscan buen precio sin preguntarse cómo se consigue esa cualidad de los productos.
Y, debido fundamentalmente a la globalización, podemos decir que hay unos cisnes negros en las aguas laborales que habrá que tener en cuenta para evitar graves disfunciones sociales. Tales son el trabajo precario, los salarios insuficientes y la sostenibilidad de las pensiones.
En este año que se cumple su centenario, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se ha propuesto luchar por lo que denomina el "trabajo decente". Trabajo decente es un trabajo digno, con estabilidad, salarios suficientes y respeto a la dignidad de los trabajadores. En esa línea se ha aprobado en Gotemburgo, el 17 de noviembre pasado, el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que, como dice Juncker, para que no acabe en un "poema", precisa de un realista plan de acción. Veremos si se pone en práctica.
En un informe de 2015, la OIT denuncia el crecimiento exponencial del trabajo atípico (circunstancial, a tiempo parcial y precario y falsos autónomos) y destaca que esas formas de trabajo repercuten en casi todos los aspectos de las condiciones de trabajo para perjuicio de los trabajadores y por ello expone posibles soluciones al problema. Es verdad que en los tiempos que vivimos se está produciendo un fenómeno imparable; en concreto, que en lugar de "un empleo para toda la vida", se va a "toda la vida con empleo", aunque sea en lugares, empresas y trabajos distintos. Pero esa dura realidad tiene que atemperarse con parámetros sociales, pues de lo contrario tendremos un ejército laboral de nómadas inseguros e insatisfechos que no pueden montar su vida con normalidad y que origina una sociedad también insegura y fragmentada.
En cuanto a los salarios, hay una preocupación mundial por el tema, ante la caída generalizada de sus cuantías desde 2008 a nuestros días. La crisis ha golpeado muy directamente el nivel salarial de los trabajadores en su cuantía y en su comparativa entre los distintos grupos profesionales. Según un estudio de la Confederación Europea de Sindicatos en siete países europeos, entre 2009 y 2016, los salarios han bajado, lo cual es muy relevante.
En España, el salario medio está, según Eurostat, en 21.300 euros al año frente a 29.800 en la zona euro. Pero además tenemos una gran disparidad, puesto que el salario medio (según ADECCO) en la industria es de 26.793 euros al año y en servicios es de 18.698. También es relevante señalar la brecha entre mujeres y hombres, que llega hasta un 25% a favor de los segundos. Por otra parte es muy llamativo que aparezca con bastante nitidez una nueva categoría que es la de los trabajadores "pobres"; una tendencia al alza en la UE y especialmente en España, Rumanía y Grecia. Un 13,1% de trabajadores en España viven en hogares que no alcanzan el 60% de los ingresos medios globales del país y en los trabajadores a tiempo parcial el nivel se eleva al 24,3%. Lo que resulta indudable es que el nivel salarial en España precisa de una actualización que tendrá efectos positivos en el consumo y por tanto en el empleo. Desde luego que la subida de salarios tiene que estar unida a una mejora de la productividad y a la situación de la empresa, pero hay que rechazar una búsqueda de resultados basada en bajas retribuciones.
Muy sintéticamente debo señalar que la causa profunda de la temporalidad o precariedad en el empleo y los bajos salarios es, por un lado, el modelo productivo muy centrado en los servicios y en trabajos cíclicos o de temporada (el 75% de los ocupados lo está en el sector servicios) y por otro en la escasa formación de los trabajadores. De los 19 millones de ocupados sólo ocho tenían estudios superiores o de formación profesional. Esos son los dos grandes motores del cambio. Modelo eficiente y formación. Debemos avanzar en la economía del conocimiento, pues así como en la convencional reparto una manzana, pierdo lo que he dado, en el conocimiento al dar no pierdo nada, sino que gana el que da (y comparte) y el que recibe.
Y nos queda, por último, una referencia a las pensiones. El sistema público de las pensiones. Todas sus cifras producen vértigo, especialmente a los políticos que buscan los millones de votos de los pensionistas, que no tienen otro partido político preferido que su propia pensión. El aumento de la esperanza de vida y la disminución de la tasa de natalidad (en España mueren al año más personas que las que nacen) lleva a que en 2030 los mayores de 65 años supondrán el 30% de la población, frente al 18% actual, y en el 2050 los mayores de 65 años serán el 40% de la población. Y la evolución de los afiliados/pensionistas se va deteriorando con rapidez, ya que en 2007 era de 2,71 por cada pensionista y en 2016 era de 2,29.
El futuro de las pensiones es muy negro si no se adoptan medidas que equilibren los ingresos y gatos y que hagan sostenible al sistema. Hay que fomentar, vía fiscal, los planes de pensiones, pues las cotizaciones no van a ser suficientes. En definitiva, es inevitable un acuerdo de Estado sobre la financiación y cuantía de las pensiones públicas, buscando fórmulas de financiación más allá de las puras cotizaciones.
Para terminar, podemos afirmar que para espantar esos "cisnes negros", tenemos que reforzar un modelo social basado en un intangible trípode laboral casado en el equilibrio de los intereses generales, los intereses empresariales y los intereses de los trabajadores. Cuando las dosis de equilibrio no se respetan vienen los conflictos sociales o el deterioro económico y, al final, el fracaso del sistema que, en régimen de libertad y con justicia social, es el que puede hacernos más felices.
Juan Antonio Sagardoy Bengoechea es académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación