Denuncian la concesión de permisos penitenciarios «a dedo» para delincuentes sexuales no rehabilitados
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«La Dirección General de Servicios Penitenciarios de Cataluña concede permisos penitenciarios de manera sistemática y unilateral a internos que no están rehabilitados ni cumplen los requisitos de reinserción. Los casos más graves son los de internos que cumplen condena por delitos sexuales», advierte CSIF en un comunicado.
Asimismo, el sindicato de funcionarios apunta que dar estos permisos a presos correspondería a las «Juntas de Tratamiento», los órganos encargados de estudiar la situación de cada interno. Las juntas, compuestas por profesionales como educadores, psicólogos, asistentes sociales, juristas y docentes, trabajan en contacto directo con los internos afectados y realizan el estudio individualizado de la situación penal, social y personal de cada preso.
Según explican los responsables de CSIF son estas juntas las encargadas de valorar si los internos son aptos o no para beneficiarse de un permiso o un tercer grado pero, según denuncian, se ven obligadas a ceder ante los responsables de muchos centros, que actúan con «manga ancha». «Facilitan el acceso al tercer grado y premisos penitenciarios incluso para los condenados por delitos especialmente graves para luego salir en las estadísticas como referente y defender el modelo penitenciario catalán como el mejor», alerta el sindicato.
Finalmente, CSIF ha denunciado que las cúpulas directivas de los centros penitenciarios presionan a los miembros de las juntas para que autoricen permisos con los que no están de acuerdo. «Todo por salir en la foto como modelo penitenciario por tener el porcentaje más alto de reinserción a nivel nacional cuando no es así», concluyen.
Servicios penitenciarios niega irregularidades
Fuentes de servicios penitenciarios consultadas por ABC han negado que se hayan producido «cambios» en los procedimientos y protocolos que se siguen para conceder los permisos en las cárceles catalanas. Asimismo, señalan que, tal y como recoge la normativa actual, estos se conceden si se cumplen los requisitos estipulados legalmente. Actualmente, los centros solo pueden autorizar permisos muy cortos, de como mucho 48 horas. Para salidas de más duración se debe obtener el visto bueno de un juez de vigilancia penitenciaria.