De violadores en serie a ocultar el cadáver: los nuevos delitos de la prisión permanente revisable
El Gobierno ha aprobado este viernes un anteproyecto de ley para modificar la prisión permanente revisable. La norma, en vigor desde 2015 (año en que se reformó el Código Penal), se ha situado en el centro del debate político tras la iniciativa del PNV, que busca derogarla el Congreso. Tras el hallazgo del cuerpo de Diana Quer y el posicionamiento de PSOE y Podemos, una iniciativa popular busca ahora mantenerla. En medio de este debate, el Partido Popular amplía, de 8 a 13, los supuestos para aplicarla.
La prisión permanente revisable es la pena privativa de libertad que, en España y en legislaciones de otros países europeos, más se acerca a la cadena perpetua. Dos años después de su creación, se aplicó por primera vez en el caso de David Oubel, el parricida de Moraña acusado de drogar y asesinar a sus dos hijas con una radial.
La propuesta del Partido Popular pasa por introducir cinco nuevos delitos en la prisión permanente revisable: si no se colabora para recuperar el cadáver o si ha habido secuestro antes del asesinato, en aquellas violaciones a menores tras torturas o privación de libertad y en los casos de violadores en serie. También se contempla su aplicación para los casos de piromanía que causen muertes, liberación de energía nuclear o si existen daños a aquellas infraestructuras que prestan servicios esenciales a la sociedad.
Los 8 supuestos actuales
Actualmente, el Código Penal en su artículo 183 recoge los ocho supuestos en los que se puede aplicar la prisión permanente revisable. La primera exigencia para recurrir a esta pena es la «excepcional gravedad» del delito cometido. Entre ellos, que la víctima sea menor de 16 años o sea vulnerable por su edad, o por sufrir algún tipo de enfermedad o discapacidad. Un asesinato que ocurre de forma inmediata a un delito contra la libertad sexual que el autor cometa sobre la víctima o que el autor pertenezca a una organización criminal. El asesinato múltiple es otro de los delitos que recoge.
Esta pena también se puede aplicar en los delitos de terrorismo, contra jefes de Estado extranjeros y en el asesinato del Rey o su heredero. También en casos de crímenes de lesa humanidad (siempre que se reconozca el homicidio).
Una vez cumplida parte de la pena, la prisión permanente revisable contempla que un tribunal valore si el reo está en condiciones de obtener la libertad o si debe permanecer en prisión. En estos casos, la ley obliga a establecer un nuevo plazo para estudiar de nuevo la situación del condenado. Así, un condenado podrá pedir una revisión de su pena a los 15 años de su entrada en prisión, salvo cuando se trate de delitos relacionados con terrorismo, que será a los 20.
En la Unión Europea
La condena que recoge el Código Penal español no es una excepción en la Unión Europea. Francia, Alemania o Italia son algunos de los países que cuentan con su propia pena de «aplicación excepcional».
En Francia existe la «perpetuidad irreducible». Una pena creada en 1994, bajo el mandato del socialista François Mitterand. Su aplicación es para aquellos condenados por asesinato a una víctima menor de 15 años que además sufriera «violación, torturas o actos de barbarie». Desde 2011 también se aplica en los casos de homicidio de una autoridad pública y, desde los ataques terroristas de 2016, a los casos de terrorismo.
En Italia, el Código Penal sí recoge la cadena perpetua. Es la máxima pena del país, que en 1994 sustituyó a la pena de muerte. Eso sí, la legislación recoge que, una vez cumplidos al menos 20 años en la cárcel, se pueden aplicar beneficios penitenciarios. A los 26, se puede optar a la libertad condicional. Otra opción es la de los arrepentidos, que prevé que las personas que pertenecen a una organización criminal, por ejemplo la mafia, pueden revelar secretos a cambio de protección y reducción de la pena.
En Reino Unido, en la mayoría de los casos el reo puede optar al tercer grado tras el período que estipule un juez. Existen delitos muy graves para los que la ley estipula que el magistrado puede dictar una condena perpetua que impida que el condenado acceda a la libertad condicional.