Los médicos de Baleares rechazan el decreto que penalizará a quienes no aprendan catalán
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Los dos únicos trámites que ahora quedarán pendientes antes de la entrada en vigor del decreto serán su envío al Consejo Consultivo para que emita el preceptivo dictamen —no vinculante— y su aprobación por parte del Gobierno balear. De ese modo, podrán convocarse finalmente para este verano las oposiciones previstas por el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol.
Según establece el texto aprobado inicialmente hoy, para poder presentarse a oposiciones en la sanidad pública balear finalmente no será necesario tener ninguna titulación específica previa de catalán. Esto supone un cambio significativo con respecto a la postura mantenida en estos últimos meses por el Govern, que consideraba innegociable el requisito del catalán para poder tener la opción de presentarse a oposiciones. La preceptiva titulación lingüística se podrá conseguir ahora en un plazo máximo de dos años a partir del momento en que un profesional haya conseguido una plaza en las oposiciones a las que se haya presentado.
En el primer borrador del decreto estaba previsto que los médicos y enfermeros deberían acreditar un nivel B2 —avanzado— de catalán, pero finalmente será suficiente con tener un nivel B1 —básico— de dicho idioma. Si transcurridos los dos años citados ese nuevo funcionario sanitario no pudiera acreditar el nivel B1, no podrá participar entonces en procesos de movilidad ni acceder al complemento de carrera profesional. Esta penalización no afectará al personal eventual ni tampoco al que hubiera conseguido una plaza en oposiciones anteriores.
Pros y contras
En la presente legislatura gobierna en Baleares la socialista Francina Armengol, gracias al apoyo directo del PSOE y de MÉS por Mallorca, así como al aval parlamentario de Podemos y de MÉS por Menorca. Las divergencias en materia lingüística entre el PSOE y MÉS, así como un creciente rechazo social al contenido del primer borrador, habían estado demorando «sine die» la aprobación de la futura nueva norma.
Finalmente, en la reunión de esta mañana de la Mesa Sectorial de Sanidad han votado a favor del nuevo borrador el Sindicato de Enfermería (Satse), SAE, UGT y Comisiones Obreras. En cambio, Simebal y el CSIF han votado en contra. Cabe recordar que el primer borrador también había sido aprobado en su momento, en concreto en noviembre, pero en aquella ocasión Satse votó en contra y además anunció, junto con Simebal, que impugnaría el decreto en caso de que entrase en vigor sin ningún cambio con respecto a su redacción originaria. Tres meses después, Satse ha valorado ahora los cambios introducidos en el segundo borrador, motivo por el que hoy ha cambiado su voto. Por su parte, Simebal sigue defendiendo que el catalán debería ser sólo un mérito y no un requisito para trabajar en la sanidad pública, de ahí que hoy haya votado nuevamente en contra.
La polémica por esta cuestión ha continuado, en cualquier caso, hasta esta misma semana. Así, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, calificó ayer como «dantesco» el mencionado decreto. Tras dicha crítica, la consejera de Salud balear, la socialista Patricia Gómez, ha anunciado este viernes que enviará una carta a la ministra informándole sobre el contenido de dicha norma, del que Montserrat tendría, según Gómez, un «cierto desconocimiento».
Por su parte, el director general del Servicio de Salud, Juli Fuster, ha expresado este viernes su alegría por el resultado de la votación en la Mesa Sectorial de Sanidad. «Hemos llegado a buen puerto», ha dicho. Aun así, tanto Simebal como los dos principales partidos de la oposición, PP y Cs, siguen rechazando la nueva norma. En ese contexto, la portavoz del PP en el Parlamento regional, Marga Prohens, pidió el pasado martes a Armengol que el Govern no apruebe el mencionado decreto. Prohens acusó a la presidenta de crear problemas «donde no los había». Por su parte, el portavoz de Cs, Xavier Pericay, señaló el miércoles que la modificación del primer borrador del decreto era un paso «hacia el sentido común», pero en cualquier caso «insuficiente». El PP y Cs quieren, como Simebal, que el catalán sea sólo un mérito y no un requisito.
Seguirán las movilizaciones
El primer borrador del decreto había generado mucha controversia. Así lo reconoció el pasado martes Armengol en el Parlamento regional, cuando afirmó que aquel texto no tuvo «el consenso suficiente». De hecho, en diciembre del pasado año Satse de Baleares había lamentado la marcha de decenas de enfermeras de Ibiza por la preocupación a nivel laboral que les había suscitado aquel primer borrador.
Fue también en diciembre cuando unas 2.000 personas participaron en Mahón, capital de Menorca, en la manifestación convocada por la plataforma civil ciudadana Mos Movem (En Marcha) bajo el lema «Los idiomas no salvan vidas. Por una sanidad sin fronteras lingüísticas». Para el próximo 18 de febrero está convocada otra movilización por parte de Mos Movem en esa misma línea, que en este caso se celebrará en Palma.
Por su parte, la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER) de Baleares y la Asociación de Diabéticos de las Islas Baleares (ADIBA) emitieron el martes de la pasada semana un comunicado conjunto para manifestar que sus socios, que padecen enfermedades crónicas, estaban «muy preocupados y muy alarmados ante la imposición de la acreditación lingüística como requisito en la sanidad». Posteriormente, el pasado viernes, el presidente del movimiento ciudadano Valores en Baleares, Juan José Tenorio, registró en el Parlamento regional una proposición no de ley en la que se pide que los partidos políticos insten al Govern a que «impulse la paralización del decreto del catalán».