Subasta electoral tras el crimen de Diana Quer: el PP y Ciudadanos agitan el endurecimiento de penas
En un país donde es más probable -lo certifica la estadística oficial- recibir un premio millonario en la lotería que ser víctima de un asesinato, el Partido Popular ha logrado que el endurecimiento del Código Penal monopolice el debate político en la semana en la que el presidente, Mariano Rajoy, ha animado a los ciudadanos a ahorrar para pagar las pensiones y la educación.
El Gobierno ha propuesto ampliar los supuestos de aplicación de la prisión permanente revisable, un eufemismo para no llamar cadena perpetua a la pena implantada en 2015 en el Código Penal con los únicos votos del PP que está recurrida en el Constitucional y que todos los partidos tratan de derogar en el Congreso. Todos, salvo Ciudadanos -que decidió abstenerse cuando el PNV registró la proposición de ley y que ha respondido a la iniciativa del PP planteando otra que exige retrasar y endurecer los permisos penitenciarios de los reclusos.
Esas tres palabras "prisión permanente revisable" acaparan la atención mediática pese a que la polémica norma no tendrá efectos reales hasta al menos 2042, cuando pasados 25 años un tribunal revise la primera condena dictada en España en 2017 contra el parricida de Moaña, un hombre que mató a sus dos hijas pequeñas con una radial en Pontevedra-. Si se constituye una mayoría distinta en el Parlamento, esa máxima condena no llegará a aplicarse nunca.
El asunto del endurecimiento de las penas se ha abierto paso a golpe de telediarios pese a que España es uno de los países más seguros del mundo, tal y como se encarga de recordar el Ministerio del Interior. En una comparecencia en 2016, cuando ya se había aprobado la prisión permanente revisable, Juan Ignacio Zoido subrayó que España tiene la segunda tasa de asesinatos más baja de la Unión Europea solo por detrás de Austria: 0,63 homicidios por cada 100.000 habitantes. Las cifras completas están en este powerpoint del Ministerio del Interior. Según los informes de la Organización de Naciones Unidas, solo Austria y los Países Bajos son más seguros en el continente.
Para entender cómo se llegado hasta aquí es necesario pararse ante dos acontecimientos informativos sin relación aparente que acapararon todos los focos en el comienzo de 2018. Políticamente el año empezó igual que acabó el anterior, la noticia seguía en Catalunya con una doble lectura: las dificultades del bloque independentista para formar Gobierno, visto el empeño del candidato Carles Puigdemont en ser investido presidente desde su exilio belga, y el desmoronamiento del Partido Popular, convertido en última fuerza con una fuga de votos hacia Ciudadanos que según algunas encuestas estaba provocando un efecto contagio en el resto de España.
El País publicó una a mediados de enero en que situaba al partido de Albert Rivera como primera fuerza en intención de voto y eso hizo sonar todas las alarmas en el Partido Popular, hasta el punto de que Mariano Rajoy tuvo que improvisar una comparecencia para tranquilizar a los suyos y anunciar que desde ya el partido se ponía a preparar las elecciones autonómicas y municipales de 2019.
Durante aquellas semanas, las secuelas de las catalanas y el procés compartieron espacio en prensa radio y televisión con el asesinato de Diana Quer, cuyo cuerpo apareció el día de Nochevieja -año y medio después de que se denunciase su desaparición- en una nave del municipio coruñés de Rianxo tras la confesión del único detenido, un delincuente de poca monta de la zona al que la policía apodó El Chicle. El caso disparó las audiencias televisivas y en Internet hasta monopolizar las escaletas de los magazines y las portadas de algunos diarios digitales (y otros de papel).
El 80% de los ciudadanos, a favor en las encuestas
Los estrategas del Partido Popular vieron en esa alarma social que desató la sobreexposición del caso Diana Quer en determinados medios una oportunidad para cambiar el paso de la agenda política y huir del monotema catalán. Detrás de la decisión hay encuestas -hechas durante aquellas semanas en las que las televisiones bombardeaban con imágenes del asesinato de la joven madrileña- que revelan, como demuestra esta de ABC, que el 80% de la ciudadanía avala en este momento la prisión permanente revisable. Lo de los sondeos se encargó de recordarlo el propio Rafael Catalá, ministro de Justicia, este viernes tras la reunión del gabinete: los votantes de Ciudadanos apoyan esa pena en un porcentaje similar al resto de españoles.
La estrategia busca arrinconar al partido de Albert Rivera en un asunto en el que se encuentra especialmente incómodo sobre todo por el acuerdo que Ciudadanos firmó para la investidura (fallida) de Pedro Sánchez y que reclamaba en uno de sus puntos la "derogación urgente" de la prisión permanente revisable. Desde entonces, Ciudadanos ha matizado mucho su discurso, da a entender que aquello fue una imposición de los socialistas, y se ha negado a apoyar la proposición del Congreso que avanza en su derogación. En la enmienda a la totalidad que presentó contra la iniciativa del PNV, el portavoz José Manuel Villegas afirmó: "En tanto se dicta la sentencia del Constitucional hay que endurecer el acceso al tercer grado para que delincuentes peligrosos para la sociedad no puedan salir a la calle y campar a sus anchas”.
Pese a que la propuesta de Ciudadanos va en esa misma dirección -hasta el punto de que son muchos los juristas que dudan de que tenga encaje en una Constitución que defiende la cárcel como una medida de reinserción- el PP sigue martilleando estos días con el tema de la prisión permanente revisable. El fin de semana pasado el partido llegó a programar un acto monotemático en Andalucía al que invitó al padre de Diana Quer, quien desde que se conoció la muerte de su hija recoge firmas para evitar la derogación de la cadena perpetua, y a familiares de otras víctimas de crímenes que conmocionaron a la opinión pública como Marta del Castillo. El argumentario se ha llevado incluso a los ayuntamientos: si alguien tiene dudas de cual es la estrategia puede repasar la intervención de uno de los concejales del PP en Boadilla del Monte.
Como era previsible, el tema monopolizó ayer la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Catalá tomó la palabra para negar que se tratase de una medida electoralista al mismo tiempo que apelaba a las encuestas y lanzaba dardos a Rivera: "En Francia está en vigor, si algunos tienen como referente a Macron..."
El cambio introducido en el Código Penal en marzo de 2015 con los únicos votos del Partido Popular establece que en delitos excepcionalmente graves (asesinatos y violaciones de menores, magnicidios, crímenes de lesa humanidad) se puede meter a los autores en la cárcel de forma permanente y que esa decisión solo se revisará cuando lleven un cuarto de siglo entre rejas.
El Gobierno propone ahora extender esa medida a otro tipo de delitos: fundamentalmente secuestros que terminen en asesinatos, casos en que no se encuentre el cadáver de la víctima y el uso de elementos químicos para causar daño, incluidos los incendios mortales. El proyecto se tramitará en el Congreso donde tiene pocos visos de ser aprobado, a tenor de lo que han defendido el resto de partidos que siguen trabajando para tumbar la reforma de 2015.
Jueces y fiscales, en contra
Tampoco las organizaciones de Jueces respalda esa decisión. Ni siquiera la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, la más conservadora, ni la Francisco de Vitoria han salido en auxilio del Gobierno. Jueces para la Democracia ha hecho una valoración muy crítica y ha acusado directamente al Ejecutivo de Mariano Rajoy "de instrumentalizar el dolor de las víctimas". El minoritario Foro Judicial Independiente ha recordado que endurecer el código penal no disminuye la criminalidad, tal y como evidencia la tasa de homicidios en los países que tienen pena de muerte. La misma acogida ha recibido el proyecto en las asociaciones de fiscales.
El Grupo de Estudios de Política Criminal, una asociación nacida hace treinta años y que engloba a 150 expertos en derecho penal, ha empezado a mover un manifiesto muy crítico con los planes del Gobierno. Ese colectivo de juristas -en el que hay desde magistrados presidentes de Audiencias provinciales, antiguos miembros del Tribunal Supremo, Fiscales y catedráticos de universidades- defiende que no solo se ha instaurado la cadena perpetua sino que, en contra de lo que defiende el Gobierno, no existen países en nuestro entorno que además de la prisión permanente tengan un régimen de cumplimiento de penas tan duro.
José Luis Ramírez Ortiz es magistrado en la Audiencia Provincial de Barcelona y miembro de la junta directiva del Grupo de Estudios de Política Criminal. Su diagnóstico es demoledor: "Se han sustituido las políticas para prevenir la criminalidad por respuestas rápidas cada vez que hay un acontecimiento que causa impacto en la sociedad".
"En 2015 se introdujo la cadena perpetua, se le pueden llamar cómo se quiera, pero es lo que es, y ahora se intenta ampliar a otros supuestos sin evaluar cuántas condenas ha habido ni la causalidad. Los supuestos que anuncia ahora el Gobierno son absurdos, no tienen pies ni cabeza. Acusar de cadena perpetua a alguien que no revela donde está la víctima del crimen es vulnerar su presunción de inocencia. Se trata de un tema técnico que nadie se ha parado a analizar. Y la propuesta de Ciudadanos va en la misma línea y es contradictoria con las sentencias de Estrasburgo. Proponen endurecer los requisitos para acceder a permisos y a la revisión de penas. El Tribunal de Derechos Humanos ha establecido para avalar la prisión permanente que esta debe ser compatible con esas revisiones. Si se endurecen ya no es válido. Y lo que veo es que se está condicionando a la opinión pública por la forma en que se plantea este debate. Se ve en los estudios de opiníon: cuando se pregunta a la gente cuántos delitos han sufrido ellos o su entorno no suelen dar una respuesta sobredimensionada, pero si se le pregunta por una percepción subjetiva de la criminalidad, las respuestas ya no son las mismas. Tal vez sin quererlo, los medios de comunicación han sobrerrepresentado la criminalidad. Con los datos en la mano, no puede decirse que en España haya un problema de delincuencia grave".
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Miguel Pasquau no pertenece al grupo pero comparte algunos de sus argumentos. De entrada, ve difícil que el Constitucional anule la prisión permanente revisable que con algunos matices ha sido validada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero asegura que la medida no resuelve nada y ni mucho menos ayuda a combatir la criminalidad: "Caben fórmulas de prisión permanente no contrarias a la Constitución, para mí lo que puede ser inconstitucional es el sistema de revisión de las penas porque tal y como está no garantiza un control judicial efectivo sobre la rehabilitación del preso. Se deja a una decisión que tomará a los 25 años un tribunal no integrado por los mismos miembros que juzgaron el caso y que no están familiarizadas con el derecho penitenciario. Y no se plantea la revisión como norma general, así que en caso de duda, seguirá en prisión. La regla debería ser al revés: que se extinga la pena a los 25 años salvo que informes coincidan en la alta probabilidad de reincidencia. Si es una mera posibilidad, la sociedad debe asumir ese riesgo", defiende el magistrado Pascuau que ha abordado este asunto en su blog.
Cuando alude a la contraoferta de Ciudadanos, este magistrado, que ha escrito artículos analizando las distintas posiciones políticas, es todavía más duro: "su propuesta es aún menos consistente que el modelo mismo de prisión permanente revisable. El PP esgrime como preocupación la reincidencia una vez cumplida la pena. El modelo de Ciudadanos es independiente de ese pronóstico de rehabilitación porque consiste en postergar hasta 15 años los permisos penitenciarios, con independencia del riesgo. Es una medida puramente represora. Aunque el juez tenga claro que no hay riesgo de reincidir no le puedo dar el permiso hasta los 15 años o el tercer grado hasta los 20. Eso sí se acerca a la inconstitucionalidad, se concibe la pena como represión y no como rehabilitación. Los permisos y el tercer grado son instrumentos imprescinbiles para la reinserción, los equipos psicosocilaes de la presión se queda sin un arma imprescindible. Y desde el punto de vista de la prevención, ¿alquien se puede creer que va a dejar de delinquir o de cometer un delito de terrorismo, uno porque el permiso sea a los 10 años o a los 15?. Todo eso me hace concluir, y a lo mejor me equivoco, que se trata de una enmienda puramente cosmética y una reacción al PP".
Sin ningún apoyo entre los operadores de la Justicia, el Gobierno y el Partido Popular amenazan con seguir adelante con el proyecto. Según argumentó ayer catalán, no hay nada de populismo punitivo en su propuesta, pese a haber sentado a la familias de Diana Quer y de otras víctimas de crímenes televisados en la primera fila del mitin que organizó el PP en Andalucía el pasado domingo. Según, el ministro que en su día fue reprobado por el Congreso, el Gobierno está atendiendo a una demanda social.
El fenómeno de la mujer blanca desaparecida, una teoría sociológica que ha estudiado cómo los medios norteamericanos prestan más atención a las desapariciones de las mujeres blancas, atractivas y de clase media, no solo ha hecho que el caso Diana Quer monopolizase la parrilla televisiva, también ha provocado que un nuevo anteproyecto de ley vaya camino del Congreso. La última batalla de PP y Ciudadanos por la hegemonía del espacio político de ultraderecho se juega en ese campo embarrado.