El Gobierno inicia el rescate de más de 500 kilómetros de nueve autopistas

Con 53 kilómetros de longitud, la R-4 fue configurada para aliviar los recurrentes atascos producidos en las inmediaciones de Madrid. La vía, que nace en Pinto y desemboca en Toledo, fue abierta al tráfico hace casi catorce años. Unos 17.000 vehículos la transitaron ese día. El año pasado, la media no llegó a 5.700. El desplome del tráfico es clave para entender el rescate de la autopista, que fue acometido ayer por la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa), dependiente del Ministerio de Fomento. A ello se unieron otras circunstancias, como la alta suma que tuvo que afrontar la concesionaria de la infraestructura para expropiar el terreno en el que se ubica la vía. O los sobrecostes de la obra. Como consecuencia, Autopistas Madrid Sur, la sociedad que gestionaba la vía -participada a su vez por Ferrovial, Sacyr y Liberbank- solicitó en octubre de 2012 el concurso voluntario de acreedores. Su deuda superaba entonces los 575 millones de euros. Tras un procedimiento complejo, que incluyó un rescate fallido de la sociedad en 2014, el juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid ordenó su liquidación de la sociedad en junio del año pasado. Una vez completada la gestión de la infraestructura, que cuenta con una plantilla de 90 trabajadores, ha regresado al Estado. Ayer, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, celebró, tras presentar en Arco las dos nuevas sedes permanentes de Fundación Enaire, la manera en que se había realizado este rescate. «La gente está utilizando la autopista sin darse cuenta de la que gestiona el Estado y no una concesionaria española como hasta ahora», destacó. El ejemplo de la R-4 se repite, de forma relativamente similar, en otras ocho autopistas de peaje: tres radiales madrileñas (R-2, R-3 y R-5), el eje del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, la AP-41 entre Madrid y Toledo, la AP-36 entre Ocaña y La Roda, la Circunvalación de Alicante y el tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera. Todas ellas volverán a ser gestionadas por el Estado momentáneamente después de presentar respectivos concursos de acreedores y ser liquidadas. Las ocho serán rescatadas en los próximos meses, si bien los plazos varían en función de la vía. Entre febrero y marzo el Estado se hará con la mayoría de ellas, menos la circunvalación y el tramo de la AP-7 (que serán integradas el 1 de abril, según los planes de liquidación aprobados por el juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ) y la AP-41, cuyo proceso de liquidación está más retrasado que el del resto de vías. El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes estos rescates, al autorizar la ruptura de los contratos referentes a la explotación de estas carreteras, que con más de 500 kilómetros representan el 20% de la extensión de la red de carreteras de pago. Una vez estas pasen a ser gestionadas por Fomento, comenzará la cuenta atrás para determinar la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA) que tendrá que hacer frente el Gobierno por asumir su gestión. La RPA es una cláusula muy habitual en los contratos referentes a infraestructuras de titularidad pública, como estas autopistas. Establece que el Estado tiene la obligación de indemnizar a las concesionarias en el caso de quiebra o rescate del activo en cuestión. Como en este caso. Según los cálculos de Fomento, la RPA total en este caso será de más de 2.000 millones de euros. Una cuantía notablemente inferior a la señalada por los fondos de que adquirieron la mayor parte de la deuda que soportaban las autopistas (unos 4.000 millones), por el Tribunal de Cuentas (3.500 millones) o por Seopan, la patronal de grandes empresas y concesionarias (5.000 millones). Posturas alejadas Las diferencias en estas previsiones hacen prever que el caso de las autopistas de peaje en quiebra acabará en los tribunales. «Litigaremos durante miles de millones de años si es necesario para obtener lo que consideramos que nos corresponde», indicó en diciembre en una entrevista al «Financial Times» Manuel Martínez-Fidalgo, director de Houlihan Lokey, firma representante de King Street, Taconic, Strategic Value Partners y Attestor Capital. Son algunas de las corporaciones que adquirieron a los bancos en los últimos años deuda por valor de unos 3.600 millones de las autopistas en quiebra. El propio ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, reconoció hace escasas semanas que ambas partes están lejos de alcanzar un acuerdo. «Yo creo que hubo tiempo para eso y ahora mismo estamos fuera de plazo», señaló el ministro. Según sus palabras, en el caso de que los fondos presentaran una oferta «sumamente atractiva», el Ejecutivo lo estudiará. «Pero mucho me temo que eso no se va a producir», concluyó. El cálculo definitivo de la RPA, por tanto, podría demorarse en el tiempo. No así el regreso a manos privadas de las vías, ya que la intención del Ejecutivo es que estas se reliciten antes de que finalice el año. Para ello, el Gobierno prevé redactar los concursos públicos durante el segundo trimestre del año. Las autopistas de peaje rescatadas se dividirán en dos lotes y serán adjudicadas por un importe de entre 700 y 1.000 millones de euros. Según el propio ministro de la Serna, el Gobierno ya ha constatado el «interés» de participar en este concurso por parte de distintos grupos. La fijación de estos plazos no es casual. El Gobierno pretende realizar todo el proceso (rescate y relicitación) en el mismo ejercicio, para limitar así el impacto que tendrá la RPA en el déficit público. Y es que si bien esta cuantía no está ni mucho menos cerrada, el Gobierno ya ha realizado una previsión de su impacto en sus cuentas. De hecho, el Ejecutivo incluyó en el Plan Presupuestario remitido a Bruselas a mediados de octubre que la evolución del gasto en inversiones estaría afectada por «la cobertura por importe de más de 2.000 millones de euros para atender la responsabilidad patrimonial» derivada de la resolución de los contratos de estas infraestructuras.