Marta Rovira, a un paso de la rebelión
Marta Rovira, secretaria general de ERC y número 2 de Oriol Junqueras, tuvo una función «decisoria en la concepción y en la ejecución de un proceso soberanista que fue el centro de la actividad política durante la legislatura». Este es el relevante papel que le atribuye el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena dentro de todo el «procés» encaminado a proclamar la independencia de Cataluña, según se refleja en el auto.
En esa resolución, el instructor constata que habría tenido una «responsabilidad política del mayor nivel» en esos objetivos, no sólo en el seno de su partido, ERC y de su labor como portavoz del grupo parlamentario Junts pel Sí, sino que se ha constatado que hay otros elementos incriminatorios «más allá de su actividad parlamentaria».
El instructor concede una especial relevancia a la agenda incautada en el domicilio de Josep María Jové, en la que aparecen una serie de reuniones del «comité ejecutivo» encargado de poner en práctica las distintas etapas previstas para alcanzar el objetivo de la independencia; comité al que habría pertenecido Rovira y a cuyas reuniones habría asistido y donde se refleja, señala el instructor, que las mismas estaban al margen de su actividad parlamentaria. «Unas reuniones en cuyo seno se debatía la mejor estrategia que debía seguirse para lograr la independencia, adoptándose precisamente las decisiones que resultaron posteriormente estimuladas».
Pero las «evidencias más marcadas» respecto a Rovira no son esas anotaciones, sino las conversaciones telefónicas en las que se aprecia que participaba, «con una clara capacidad decisoria» en la organización y provisión de los centros de votación en los que pretendía celebrarse el referéndum ilegal «que había de conducir a la declaración de independencia» de Cataluña. De hecho, según fuentes jurídicas, Rovira podría ser una de la lista de investigados a los que el instructor podría procesar por rebelión y no sólo por sedición.
El juez entiende que el riesgo de fuga «se aprecia muy mitigado» por su arraigo personal, familiar y laboral y «por el que ha sido su comportamiento en los últimos meses, que no ofrece atisbo de posible ocultación».