Macron endurece las leyes contra la inmigración ilegal
El ministro del Interior francés, Gérard Collomb, presentó ayer en el Consejo de Ministros su controvertida Ley sobre Inmigración Controlada y Derecho de Asilo Efectivo con la que esperan mejorar la acogida a los inmigrantes, pero también expulsar más fácilmente a los que estén en situación irregular. El acta del consejo resumía así los tres grandes objetivos del texto: reducir el plazo de instrucción de las peticiones de asilo, reforzar la lucha contra la inmigración irregular y mejorar la acogida de «extranjeros escogidos por sus competencias y talentos».
Un polémico proyecto de ley que ha provocado tensiones entre el Gobierno y las asociaciones que atienden a las personas llegadas a Francia en busca de trabajo o asilo. Tampoco el Consejo de Estado parece favorable a esta iniciativa. Según «Le Monde», la más alta institución judicial considera innecesaria esta nueva ley. Le parece precipitada, porque no hace ni dos años que está en vigor la última norma, y poco elaborada, porque no refleja una gran estrategia pública sobre los retos a los que se enfrenta la Administración para ser más eficaz.
Según Collomb, el flujo de nuevas peticiones de asilo (100.000 en 2017) hace necesaria esta reforma, que busca acelerar los plazos de tratamiento de las peticiones de asilo y mejorar las condiciones de acogida de los demandantes, mientras que se refuerzan las medidas para hacer más efectivas las decisiones de alejamiento o devuelta al país de origen. El Gobierno prevé reducir a seis meses el periodo de instrucción de una petición de demanda de asilo, en lugar de que el proceso se extienda a lo largo de los once meses permitidos en la actualidad. Pero, a la vez, reduce también el tiempo que tienen los inmigrantes para presentar esa demanda desde que llegan a territorio francés. De los 120 días actuales, se pasa a 90. Si su demanda es rechazada, sólo dispondrá de quince días para presentar recurso, en lugar de un mes.
Las asociaciones de ayuda a los demandantes de asilo han entregado esta semana un informe al primer ministro, Édouard Philippe, en el que abogan por una acción más social. Sugieren, por ejemplo, duplicar las horas de aprendizaje del francés y reducir el tiempo de espera para que los inmigrantes puedan incorporarse el mercado del trabajo. Al mismo tiempo, denuncian los ataques a los derechos de los que piden asilo y a sus condiciones de trabajo. Por ello, ayer organizaron varias manifestaciones para protestar contra la nueva ley. Creen que habrá inmigrantes a los que no podrán acceder, y piden que el dinero empleado en expulsar a los irregulares se utilice para acogerlos dignamente.
La medida que provoca más rechazo es el tiempo máximo de detención. Que pasa de 45 a 90 días, que pueden extenderse a 135. Para Jean-Claude Mas, secretario general de la Cimade (la principal asociación de acompañamiento de personas extranjeras), se trata de una medida de «castigo y maltrato» hacia esa persona que espera una respuesta sobre su petición de asilo. Mas considera que el Gobierno debería asumir que la ley es un dispositivo represivo porque gira en torno a una lógica de «control, elección y expulsión».
A estas acusaciones, Collomb responde que se trata de una ley «equilibrada», en línea «con el derecho europeo», que hay que coordinar el tipo de procedimiento con los países vecinos porque si no el demandante irá allí «donde sea más fácil» para obtener el asilo. Para el ministro del Interior francés, «hay que acoger, pero hay que acoger bien» a los que quieren construir su futuro en Francia para que «la ilusión que han alimentado no se transforme en una pesadilla, y su sueño francés permanezca el día de mañana y se convierta en una realidad». En caso contrario, existe el riesgo de acoger a personas que «terminarán su vida marginalizados en barrios difíciles», aseguró Collomb.
La ley será presentada a la Asamblea en abril. El Gobierno se enfrentará a sus primeras dificultades en el seno de la mayoría. Algunos diputados de La República en Marcha esperan al menos introducir algunas modificaciones para que el texto sea menos represivo. Justo al revés de lo que piden los conservadores, que dicen estar «muy inquietos ante el laxismo del Gobierno frente al reto migratorio».