No es ninguna novedad que el independentismo se ha hecho un hueco en la Comunidad Valenciana a través de entidades como Acció Cultural del País Valencià (ACPV), socia de los separatistas catalanes de Òmnium Cultural, o Escola Valenciana, partidaria de un modelo de inmersión lingüística similar al de Cataluña. Ambas engordadas con dinero público. En la Comunidad Valenciana, como en Baleares, gobierna el PSOE con la respiración asistida que le presta la izquierda radical, un apoyo que se produjo a cambio de reservarse las consejerías claves para poner en marcha un proyecto de ingeniería educativa y cultural que fuera, poco a poco, configurando el alma de una nueva identidad nacional. Para ello, nada más sencillo que el arrinconamiento progresivo del idioma castellano. Al fin y al cabo, ya lo dijo la senadora Dolors Pérez, candidata de És el moment, fuerza política surgida de la fusión de Podemos y Compromís: «Los valencianos somos catalanes».
Esta es la realidad, por mucho que Mónica Oltra se empeñe en negarla. «Solo usamos la expresión Países Catalanes entre amigos», reconoció en su día. El nuevo modelo lingüístico que la Consejería de Educación trató de implantar en los colegios de esa Comunidad «orientaba» a los padres de los alumnos a elegir el valenciano. Si lo hacían, recibirían un premio de cinco horas de inglés a la semana. Quienes optaran por el castellano habrían de contentarse con dos. Por fortuna, la norma fue suspendida por los tribunales. La ofensiva contra el español ha llegado también a los ayuntamientos, punta de lanza de un plan que avanza de forma inexorable y que en ocasiones cuenta con el apoyo de algunos consistorios del PP, tontos útiles de un proceso en el que cumplen a pies juntillas el papel de colaboradores necesarios, bien por un insólito complejo genético, bien porque les pone mucho eso de convertirse en émulos del «progresismo».
Doce ayuntamientos, con Castellón a la cabeza, recomiendan a las familias que acaban de tener un hijo que se les hable en valenciano, «aunque vuestra pareja tenga otra lengua materna», y se las insta a que «valencianicen» sus apellidos y aprovechen el momento «para adecuar las posibles grafías castellanizadas de vuestros apellidos». Eso sí, les regalan un babero que es una cucada.
Obsesionados con la situación que se vive en Cataluña, no somos conscientes de que el movimiento para cercar al español avanza Mediterráneo abajo, alentado por esa izquierda radical a la que el socialismo le baila el agua sin recato. Ya no sé qué es peor, si un político sectario, un socio de un político sectario o un político idiota.
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No es ninguna novedad que el independentismo se ha hecho un hueco en la Comunidad Valenciana a través de entidades como Acció Cultural del País Valencià (ACPV), socia de los separatistas catalanes de Òmnium Cultural, o Escola Valenciana, partidaria de un modelo de inmersión lingüística similar al de Cataluña. Ambas engordadas con dinero público. En la Comunidad Valenciana, como en Baleares, gobierna el PSOE con la respiración asistida que le presta la izquierda radical, un apoyo que se produjo a cambio de reservarse las consejerías claves para poner en marcha un proyecto de ingeniería educativa y cultural que fuera, poco a poco, configurando el alma de una nueva identidad nacional. Para ello, nada más sencillo que el arrinconamiento progresivo del idioma castellano. Al fin y al cabo, ya lo dijo la senadora Dolors Pérez, candidata de És el moment, fuerza política surgida de la fusión de Podemos y Compromís: «Los valencianos somos catalanes».
Esta es la realidad, por mucho que Mónica Oltra se empeñe en negarla. «Solo usamos la expresión Países Catalanes entre amigos», reconoció en su día. El nuevo modelo lingüístico que la Consejería de Educación trató de implantar en los colegios de esa Comunidad «orientaba» a los padres de los alumnos a elegir el valenciano. Si lo hacían, recibirían un premio de cinco horas de inglés a la semana. Quienes optaran por el castellano habrían de contentarse con dos. Por fortuna, la norma fue suspendida por los tribunales. La ofensiva contra el español ha llegado también a los ayuntamientos, punta de lanza de un plan que avanza de forma inexorable y que en ocasiones cuenta con el apoyo de algunos consistorios del PP, tontos útiles de un proceso en el que cumplen a pies juntillas el papel de colaboradores necesarios, bien por un insólito complejo genético, bien porque les pone mucho eso de convertirse en émulos del «progresismo».
Doce ayuntamientos, con Castellón a la cabeza, recomiendan a las familias que acaban de tener un hijo que se les hable en valenciano, «aunque vuestra pareja tenga otra lengua materna», y se las insta a que «valencianicen» sus apellidos y aprovechen el momento «para adecuar las posibles grafías castellanizadas de vuestros apellidos». Eso sí, les regalan un babero que es una cucada.
Obsesionados con la situación que se vive en Cataluña, no somos conscientes de que el movimiento para cercar al español avanza Mediterráneo abajo, alentado por esa izquierda radical a la que el socialismo le baila el agua sin recato. Ya no sé qué es peor, si un político sectario, un socio de un político sectario o un político idiota.