El titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona investiga otra querella contra la Policía Nacional por las cargas en la escuela Els Horts de la Rambla Prim de Barcelona para impedir el referéndum ilegal del 1-O, donde un votante asegura que recibió un golpe de porra en la cabeza.
En un auto, el juez que investiga las cargas del 1-O en Barcelona acuerda admitir a trámite la querella, por los delitos de lesiones y contra la integridad moral, y ha requerido a la Policía Nacional que le aporte las comunicaciones entre el centro de mando establecido el día del referéndum y los agentes que dirigían el dispositivo en el CEIP Els Horts de Barcelona.
El juez está a la espera de las diligencias que ha ordenado para identificar a los policías que participaron en el dispositivo del 1-O contra el referéndum, antes de citar a declarar como investigados a los agentes que actuaron en el centro educativo de Els Horts, como pide la querella.
Según ha informado la entidad Irídia, que representa a varios heridos en las cargas del 1-O, la querella admitida hoy a trámite se suma a otras denuncias que el magistrado investiga por las cargas en las escuelas Mediterrània y Pau Claris de Barcelona.
La querella fue interpuesta por un hombre que acudió a votar, junto a su esposa y su hijo, a la escuela Els Horts de la Rambla Prim de Barcelona y que afirma que un policía nacional le golpeó en la cabeza con la porra, cuando se encontraba "sentado en el suelo en actitud pacífica".
La denuncia atribuye además a los agentes un delito contra la integridad moral, porque, según los querellantes, buscaban "humillar" a las personas que estaban haciendo cola para votar en la escuela, golpeándoles indiscriminadamente "en zonas prohibidas", en una actuación "perfectamente coordinada y concertada".
El magistrado acuerda admitir a trámite la querella, al considerar que los hechos narrados podrían constituir los delitos contra la integridad moral y lesiones, aunque sin acordar de momento ninguna declaración, pese a que los denunciantes piden que testifique el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, que coordinó el dispositivo policial contra el 1-O.
Asimismo, el juez ha desestimado la petición de los querellantes de que, en el marco de la investigación, se reclame al Síndic de Greuges el informe que confeccionó sobre las cargas del 1-O y las respuestas que el Ministerio de Interior dio a su requerimiento de información sobre el dispositivo para impedir el referéndum.
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En un auto, el juez que investiga las cargas del 1-O en Barcelona acuerda admitir a trámite la querella, por los delitos de lesiones y contra la integridad moral, y ha requerido a la Policía Nacional que le aporte las comunicaciones entre el centro de mando establecido el día del referéndum y los agentes que dirigían el dispositivo en el CEIP Els Horts de Barcelona.
El juez está a la espera de las diligencias que ha ordenado para identificar a los policías que participaron en el dispositivo del 1-O contra el referéndum, antes de citar a declarar como investigados a los agentes que actuaron en el centro educativo de Els Horts, como pide la querella.
Según ha informado la entidad Irídia, que representa a varios heridos en las cargas del 1-O, la querella admitida hoy a trámite se suma a otras denuncias que el magistrado investiga por las cargas en las escuelas Mediterrània y Pau Claris de Barcelona.
La querella fue interpuesta por un hombre que acudió a votar, junto a su esposa y su hijo, a la escuela Els Horts de la Rambla Prim de Barcelona y que afirma que un policía nacional le golpeó en la cabeza con la porra, cuando se encontraba "sentado en el suelo en actitud pacífica".
La denuncia atribuye además a los agentes un delito contra la integridad moral, porque, según los querellantes, buscaban "humillar" a las personas que estaban haciendo cola para votar en la escuela, golpeándoles indiscriminadamente "en zonas prohibidas", en una actuación "perfectamente coordinada y concertada".
El magistrado acuerda admitir a trámite la querella, al considerar que los hechos narrados podrían constituir los delitos contra la integridad moral y lesiones, aunque sin acordar de momento ninguna declaración, pese a que los denunciantes piden que testifique el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, que coordinó el dispositivo policial contra el 1-O.
Asimismo, el juez ha desestimado la petición de los querellantes de que, en el marco de la investigación, se reclame al Síndic de Greuges el informe que confeccionó sobre las cargas del 1-O y las respuestas que el Ministerio de Interior dio a su requerimiento de información sobre el dispositivo para impedir el referéndum.